Por 37 días , la periodista Maya K’iche ‘Anastasia Mejía estuvo detenida en una prisión de mujeres en las afueras de Quetzaltenango, una pequeña ciudad en el oeste de Guatemala. La Policía Nacional detuvo a Mejía el 22 de septiembre y la acusó de sedición, atentado agravado, incendio provocado y robo agravado. Ahora enfrenta tres meses de arresto domiciliario, luego de que organizaciones locales recaudaran fondos para pagar su fianza. Mejía es director de los medios locales Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV.
El caso de Mejía es sintomático de la convulsa relación del estado guatemalteco con la prensa. Es la última de una serie de periodistas indígenas criminalizados por su trabajo. Muchos periodistas han sido arrestados, amenazados y asesinados. Los funcionarios públicos critican abiertamente a los periodistas y los consideran “culpables por asociación” por informar sobre los movimientos de protesta.
Un mes antes de su arresto, Mejía estaba trabajando en la localidad de Joyabaj. El hombre de 49 años informaba sobre las protestas contra el alcalde y su gestión de la crisis de Covid-19. Los vendedores de Joyabaj se habían reunido en oposición a la reubicación propuesta por el alcalde Florencio Carrascosa del mercado de la ciudad, que se cerró para disuadir la propagación del coronavirus. Los manifestantes afirmaron que la reubicación no evitaría pérdidas y no beneficiaría a las empresas que dependían del mercado.
El alcalde también había sido criticado por presunto favoritismo en la distribución de paquetes de apoyo del gobierno para aliviar el impacto de la pandemia en la comunidad. Las tensiones aumentaron rápidamente y la multitud de manifestantes irrumpió en el ayuntamiento de Joyabaj, arrojando muebles y documentos a la calle y prendiéndolos en llamas. .
Mientras tanto, Mejía se mantuvo al margen e informó sobre los hechos a medida que se desarrollaban. En el transcurso de varias horas, transmitió en vivo las protestas en la página de Facebook de Xol Abaj TV. Esta acción la llevó a su encarcelamiento injustificado.
Culpable por asociación
Lo que veremos a menudo es que los reporteros rurales o indígenas que están cubriendo protestas, confrontaciones o conflictos serán agrupados con cualquier acción que esté sucediendo allí, y luego enfrentarán acusaciones ridículas ”, dice Natalie Southwick, Central y Coordinadora del Programa Sudamérica del Comité de Protección a Periodistas.
Southwick dice que el enfoque del gobierno guatemalteco de considerar a los periodistas culpables por asociación es una puerta para abusar de su poder y socavar las leyes nacionales. “Las leyes de difamación son una forma común de utilizar el sistema legal para perseguir a los periodistas. Esta es una táctica que no es exclusiva de Guatemala, pero se usa allí más de lo que vemos en otros países ”, dice Southwick.
La ley guatemalteca estipula que cualquier arrestado debe recibir una audiencia inicial sobre su caso dentro de las 24 horas posteriores a su arresto. La primera audiencia de Mejía fue el 8 de octubre, 16 días después de su detención.
El alcalde de Joyabaj y Mejía comparten una historia tensa, que muchos creen que es el motor de la persecución de Carrascosa al periodista. En 2015, Mejía fue elegido concejal en el ayuntamiento, que Carrascosa preside como alcalde desde 2008. La pareja comparte diferencias personales y políticas, con Carrascosa alegando que Mejía intentó destituirlo , mientras que Mejía llegó a demandar a Carrascosa por sospechas de corrupción.
Se informa que Carrascosa acumuló 24 denuncias oficiales en su contra mientras se desempeñaba como alcalde de Joyabaj, incluidos casos de violencia contra la mujer, financiación ilícita, malversación de fondos y fraude.
La audiencia diferida permitió al municipio de Joyabaj prolongar el tiempo de detención de Mejía. Surgieron una serie de obstáculos en el camino de Mejía hacia la justicia, desde el Covid-19 hasta la falta de acreditación legal de la defensa de Carrascosa.
Mejía debía testificar vía video desde el centro de detención de Quetzaltenango, aunque el tribunal no pudo establecer conexión con el centro y la audiencia se pospuso hasta el 28 de octubre, 36 días después de su arresto.
El resultado de la audiencia de Mejía se hace eco de la relación conflictiva entre el gobierno de Guatemala, las comunidades indígenas y la prensa.
La audiencia judicial del 28 de octubre confirmó los cargos contra Mejía y ordenó una investigación sobre el periodista. El juez puso a Mejía bajo arresto domiciliario y le impuso una fianza de 20.000 quetzales guatemaltecos ($ 2.567), además de negarle el derecho a ejercer el periodismo hasta la siguiente audiencia. La segunda audiencia está programada para casi tres meses a partir de ahora, el 11 de enero de 2021.
Además, Mejía se vio obligada a pasar la noche en la cárcel de hombres de Santa Cruz del Quiché, luego de que, según informes, el transporte de la penitenciaría estatal la dejara a ella y a otros detenidos . Un día después de la audiencia, organizaciones locales recaudaron fondos para pagar su fianza, y Mejía fue liberada del centro de detención y puesta bajo arresto domiciliario durante los próximos meses.
Ataques estatales a la prensa
Desde 1992, 25 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados en Guatemala, siendo la muerte más reciente registrada en febrero de este año, cuando Bryan Guerra, reportero del canal de noticias por cable TLCOM, fue asesinado a tiros en la ciudad de Chiquimula. En 2019, la organización humanitaria Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala registró 104 ataques contra periodistas. En lo que va de 2020, la Asociación de Periodistas de Guatemala ha registrado más de 110 ataques contra miembros de la prensa.
“La libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodistas, es un derecho del pueblo. Si silencian a la prensa, silencian a la gente ”, dice Miguel Ángel Albizures, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala.
El desdén del gobierno hacia la prensa no es de ninguna manera un hecho nuevo en Guatemala. El último presidente guatemalteco, Jimmy Morales, fue abiertamente hostil hacia la prensa y con frecuencia atacó a publicaciones y periodistas críticos con su administración, además de intimidar a los periodistas y prohibirles asistir a conferencias de prensa.
Su sucesor, Alejandro Giammatei, asumió el cargo en enero de este año. Muchos periodistas guatemaltecos esperaban que iniciara una nueva era de libertad de prensa. Sin embargo, Giammatei no ha cumplido drásticamente la marca y muchos periodistas guatemaltecos creen que tiene un control más estricto sobre la prensa que Morales antes que él.
“La gente siempre ha tenido la esperanza [de una prensa más libre], pero se desmorona con el inicio de cada nuevo gobierno”, dice Albizures. “Llevamos mucho tiempo esperando un cambio y la gente estaba cansada de la actitud de Morales hacia la prensa”.
Poco después de ganar las elecciones, Giammatei calificó al noticiero Nómada de “especialistas en desprestigio” , además de proponer una plataforma de comunicados de prensa centralizados, que habría permitido al gobierno filtrar y gestionar el flujo de información. Nómada ya ha doblado , citando la inestabilidad financiera, aunque su fundador también se enfrenta a acusaciones de mala conducta sexual .
Giammatei también ha estado atento a los periodistas que investigan su administración. En septiembre, el periodista Sonny Figueroa fue arrestado en relación con sus informes sobre corrupción gubernamental. Previamente, Giammatei también había exigido al periodista de investigación Marvin Del Cid que revelara quién le decía que investigara su administración .
“Desde que asumió el cargo, Giammatei ha atacado directamente a la prensa, especialmente a aquellos medios que no se alinean con la agenda del gobierno”, dice Nelton Rivera, periodista de investigación de Prensa Comunitaria.
“Al gobierno le incomoda y molesta que exista un derecho que permite a los ciudadanos conocer, averiguar y descubrir información, lo que a su vez les permite tomar sus propias decisiones”, dice Rivera.
El país centroamericano ocupa el puesto 116 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, lo que refleja la incapacidad del gobierno para proteger a sus periodistas y brindarles bases seguras, libres y transparentes sobre las cuales desarrollar su labor.
Los periodistas indígenas enfrentan discriminación
La identidad indígena de ejía agrega una capa de complexión a su caso. La periodista es Maya K’iche ‘, un grupo indígena de 1,7 millones en Guatemala, o el 11 por ciento de la población nacional.
“El Estado de Guatemala se basó en tres pilares que permanecen prácticamente intactos: discriminación, racismo y exclusión”, dice Albizures. “El hecho de que sea indígena tiene un papel importante que jugar, es una actitud eminentemente racista que ha resultado en su encarcelamiento”.
Las comunidades indígenas de Guatemala enfrentan discriminación regular y los medios de comunicación indígenas independientes a menudo son víctimas de ataques selectivos. Entre 2016 y 2018, al menos dos estaciones de radio indígenas fueron allanadas y cerradas debido a problemas de licencias.
La radio tiene un papel particularmente importante entre las comunidades indígenas guatemaltecas, ya que sirve para preservar las lenguas y la cultura indígenas, y dedica tiempo a los problemas que afectan a sus comunidades. Estas redadas a menudo resultan en arrestos y posteriores cargos criminales. En 2018, dos reporteras comunitarias fueron arrestadas luego de una redada en cuatro estaciones de radio indígenas .
Los periodistas indígenas a menudo luchan por obtener el reconocimiento y la credibilidad de los principales medios, lo que a su vez reduce la atención y la protección que reciben de sus pares de la industria y los organismos estatales.
En 2016, el estado guatemalteco intentó implementar una ley de medios comunitarios para brindar acceso legal y protección a los medios de difusión y salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a producir periodismo libre. La ley propuesta se estancó antes de que el Congreso Nacional pudiera votar sobre la medida.
Trabajar dentro de una comunidad pequeña también significa que los reporteros están más expuestos y son más fáciles de identificar. A principios de abril, al periodista indígena Carlos Choc le robaron su casa y le robaron equipo en lo que se cree que es un intento de intimidación.
“En general, hay menos recursos para estas regiones [indígenas], y cuando hay reporteros que documentan activamente lo que está sucediendo, eso pone un objetivo adicional en su espalda”, dice Southwick.
Como resultado, los reporteros indígenas y comunitarios a menudo recurren a la autocensura para evitar conflictos o ataques, y también se abstienen de denunciar casos de intimidación para evitar la atención.
“Existe la percepción de que las personas que informan para estos medios comunitarios son inherentemente activistas, en lugar de reconocer que son periodistas”, dice Southwick. “Ya se enfrentan a las barreras habituales a las que se enfrentaría cualquier periodista, además de eso, como miembros de comunidades que enfrentan discriminación, sus trabajos a menudo se minimizan o rechazan”.
Desafortunadamente, es poco probable que el caso de Mejía sea el último de este tipo en Guatemala. Es la culminación de una sistemática basada en la impunidad, la intimidación y la discriminación. Incluso si el estado guatemalteco le otorga a Mejía su libertad, ella y sus colegas continuarán enfrentando una batalla cuesta arriba en la lucha por una prensa libre.
“El caso de Mejía ejemplifica la impunidad de los jueces, trabajadores municipales, el propio alcalde y los fiscales, quienes hacen acusaciones de las que saben que no tienen pruebas”, dice Rivera. “Es una forma de aplicar un castigo no solo a la persona por ejercer su rol de periodista, sino también a la sociedad en su conjunto”.
