Plataforma Canadá, integrada por guatemaltecas y guatemaltecos en el exilio víctimas de terrorismo de Estado durante el Conflicto Armado Interno – CAI, a la comunidad internacional hacernos saber lo siguiente:
1. Que vernos con mucha preocupación el actuar de los magistrados/as suplentes de la Corte Suprema de Justicia -CSJ -y los miembros de la junta permanente del Congreso, integradas por personas señaladas en reiteradas ocasiones por medios de comunicación locales, fiscalías contra la impunidad del Ministerio Público -MP -y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG – de pertenecer y dirigir estructuras criminales que pretenden controlar las elecciones de jueces y magistrados.
2. Es evidente que dichas estructuras criminales pretenden socavar aún más el estado de derecho, por medio de ataques a jueces/zas y magistrados/as imparciales que han resuelto apegados/as al derecho. Estos/as son piezas claves para mantener el orden constitucional tratando de romper las mafias desde el gobierno de Jimmy Morales, manteniendo la continuidad en el actual gobierno de Alejandro Giammattei.
3. La estrategia para perpetuarse en la impunidad ha sido evidente desde octubre del 2019, cuando la Corte de Constitucionalidad -CC anuló el proceso de elección de jueces y magistrados al tener conocimiento de reuniones en las que el ligado a proceso por corrupción Gustavo Alejos, sostuvo para pactar pagos para reelecciones y nuevos nombramientos para integrar la nueva CSJ y salas de apelaciones.
4. Considerarnos que los avances alcanzados en los últimos diez años por organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la comunidad internacional, han evidenciado un sistema de justicia corrupto que favorece a un pequeño grupo de la sociedad. Desde el CAI los miembros de este grupo, han estado representados por el sector empresarial organizado en el CACIF y ex oficiales del ejército aglutinados en AVEMILGUA, quienes dirigieron la estrategia genocida durante la guerra.
5. Es triste, pero sobre todo indignante, que las autoridades del gobierno guatemalteco, siendo garantes de la vida, corno reza en nuestra constitución, pretendan sorprender a la población guatemalteca en medio de la crisis del COVID-19 rompiendo el orden constitucional. Sobre todo, cuando ha quedado evidenciada la incapacidad del gobierno de Alejandro Giammattei para garantizar el derecho de salud de la población. Este último es cómplice al guardar silencio de las artimañas realizadas por los integrantes suplentes de la CSJ y la junta directiva del Congreso.
Por lo tanto, hacernos el llamado:
- A la Fiscal General que certifique lo conducente, capturando y poniendo a disposición de juez competente a los 3 integrantes de la comisión pesquisidora por incumplir un fallo de la máxima corte en Guatemala.
- A la comunidad internacional a que esté atenta a los acontecimientos en Guatemala, ya que el peligro de que se efectúe un golpe de Estado técnico por la “alianza criminal” liderada por Felipe y Gustavo Alejos es latente.
- A las Naciones Unidas a que intervenga en dicha situación ya que es evidente que se está rompiendo el orden constitucional en Guatemala.
