Por Simón Antonio Ramón
En Guatemala, las personas que defienden derechos de otras están expuestas en ocaciones a las violencias por las que pasaron en algún momento las víctimas. Este es el caso del abogado Esteban Emanuel Celada Flores, que en dos años sufrió 39 atentados, desde seguimientos, amenazas, allanamientos y hace dos años su hermano menor fue asesinado.
La última agresión denunciada ocurrió entre el 18 y 20 de abril de 2020. Durante estos días estuvo en un viaje de trabajo en varias comunidades del Valle del Polochic para informar sobre la pandemia provocada por la covid-19; y al mismo tiempo atender una diligencia en el caso de Alejandra Icó, quien fue asesinada por su esposo. Estas fechas coincidieron con una audiencia en el caso de las niñas y adolescentes sobrevivientes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde él representa a varias de ellas a través de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM).
Para Celada la fuente de las agresiones podrían ser varias. “En varios espacios he denunciado la agenda regresiva en el Congreso, la protección a la familia, eso puede ser una fuente de violencia en mi contra”, apuntó. El abogado dice no arrepentirse del trabajo realizado, lo que hace, agregó, “es mantener medidas de protección”.
Los inicios
Celada Flores nació en 1985. En el colegio evangélico La Patria, de la zona 2, de la ciudad de Guatemala, estudió preprimaria, primaria y el nivel medio, se graduó de Bachiller en Computación con Orientación Científica.
En la Universidad Mariano Gálvez obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y el título de Abogado y Notario. Tiene una maestría en Criminología por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Su personalidad le permitió participar en actividades extraescolares. Formó parte de las juntas escolares de las secciones de grado, también fue miembro de la banda escolar. Fue diputado por un día e integró el Grupo Folklórico Oxil Tonatiuj/La flor del sol. Esa experiencia, dice, “me permitió acercarme a conocer la vida de los pueblos indígenas”. Aclara que el uso del término folklórico no lo considera adecuado para referirse a la forma de vida de los pueblos originarios.
El dilema de estudiar derecho
Al graduarse de bachiller se encontró ante el dilema de estudiar en la Universidad las carreras de Ciencias de la Comunicación o Derecho. “Me llamaban la atención estas dos esferas, y mis papás, confieso, tuvieron mucha influencia para que fuera abogado. Mi mamá me dijo que un abogado siempre va ser necesario, y tiene razón”, comentó.
Celada relata que el deseo de estudiar derecho lo trae desde la niñez, porque su papá y su mamá se relacionaron con abogados. “Él –su padre- estudió la carrera, solo le faltó hacer su privado, no lo pudo hacer porque estaba fuerte la represión. Mi mamá trabajó como secretaria con Marta Altoaguirre”.
Los estudios de educación superior los realizó en la Universidad Mariano Gálvez, en la jornada nocturna. Por la situación económica de su familia prontó comenzó a trabajar. A pesar de la buena relación con sus compañeras y compañeros y docentes universitarios y ante la falta de una vinculación política buscó comunidad con algunos estudiantes de la universidad pública. “Hice un bonito grupo, no estudié en la USAC por la distancia de mi casa”.
Celada relató que tuvo la oportunidad de recibir clases con profesores que han dejado huella en la historia del país. “La mayoría de mis catedráticos fueron de la Usac, como la licenciada Thelma Aldana que nos enseño la perspectiva de cuestionar y con pensamiento crítico”.
Tras graduarse de la licenciatura estudió una maestría en Criminología en la USAC y la Universidad de la Habana, Cuba. Participó en diplomados de sociología y el delito de lavado de dinero y otros activos en la Universidad de Salamanca; también en derecho ambiental en coordinación entre el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) y la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial (OJ).
Para ejercer la abogacía no hace falta la zalamería
Celada Flores contó que en su vida estudiantil y profesional hay muchas personas que lo han marcado. Insiste que una de esas personas fue la exfiscal general y exjefa del Ministerio Público (MP), Thelma Esperanza Aldana.
Para el abogado, el ejercicio profesional no depende de las exageraciones o de los halagos. “Detesto la zalamería como “distinguido abogado, es muy falso y superficial”, respondió al preguntarle sobre sus referentes o libros que han marcado su historia. “Creo que son más libros, leí la historia de un abogado del siglo XIX. Iba a ser médico pero fue abogado y él estaba satisfecho por aportar”.
Además, comentó que la relación de su papá y su mamá con el gremio de abogados por muchos años le permitió conocer como son las relaciones entre ellos.
A pesar que estaba seguro de ser abogado civilista y de familia, los ejercicios de clínica procesal penal que recibió en la Universidad, lo pusieron en otro dilema entre la rama penalista, además era uno de los cursos donde tenía altas calificaciones.
Un sistema de justicia que otorga ascensos a cambio de favores
Al consultarle al abogado Celada sobre su experiencia dentro del sistema de justicia lo califica como “hostil y difícil”. Sostiene que las personas ascienden dependiendo de su capital económico y político, porque en el sistema está plagado de corrupción e impunidad.
De 2008 a 2014 trabajó en el sistema judicial pero no ser parte de la corrupción le perjudicó. “Creo que es hostil porque salí del Organismo Judicial al no prestarme al nepotismo. Tenía dos opciones, me hacía del sistema o salía”, comentó. “El día que entregué mi cargo, salí directo al IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) por problemas con la vesícula, por situaciones emocionales”, recordó.
Formó parte de la Red de Derivación como representación del Organismo Judicial (OJ). Esta instancia para la atención a personas víctimas de delitos, es coordinada por la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público (OAV), e integrada por diversas instituciones del sistema de justicia, seguridad, salud, educación y sociedad civil, tiene la responsabilidad de brindar orientación y atención psicológica, legal, médica, social, laboral y albergues a las personas víctimas de delitos con el fin de restablecer su situación y condición y además puedan recuperarse de la situación vivida.
“Se me hace la invitación para la coordinación de la red y realizamos una carta de intención colectiva con un caso de la organización Alas de Mariposa y también de la organización Mujeres Transformando el Mundo, el caso de Sepur Zarco. Comencé a aportar en el tema de la violencia sexual de las mujeres”, relató.
La experiencia en la sociedad civil
Luego de su experiencia en el sistema de justicia Celada abrió su oficina profesional. De esta experiencia recuerda una de sus primeras experiencias, “acompañe el primer caso que llegó a la Fiscalía contra las Extorciones, una experiencia que me permitío acercarme a conocer el daño que sufren las víctimas y su familia, la práctica de defender derechos humanos, de la que posteriormente pasé a formar parte”.
Haber trabajado en el sistema de justicia le facilitó incorporarse a los litigios en temas de derechos humanos. “En lugar de ser un obstáculo fue una oportunidad. En la institucionalidad todo es imagen. Más que entrega, es imagen”, sostiene.
En este tiempo de abogado independiente también comenzó a conocer casos de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB); mujeres, violencia sexual, niñez y pueblos originarios, en diferentes niveles y dimensiones. Poco a poco fue estableciendo coordinaciones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y Mujeres Transformando el Mundo.
Los casos del pasado para entender el presente
Celada tuvo la oportunidad de litigar en casos de justicia transicional. Procesos judiciales en el que se han juzgan algunas de las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometida durante la guerra interna por el Ejército guatemalteco y miembros de la guerrilla. “La justicia transicional reafirmó mi entender político y de la justicia en general”, responde al referirse sobre el tema. “La experiencia complementa todo. Yo no puedo entender el presente sin entender el pasado”, subrayó.
Ha tenido participación en el proceso judicial del caso Molina Theissen, en mayo de 2018. Por esa causa, el Tribunal de Mayor Riesgo C sentenció a los militares Benedicto Lucas, Hugo Zaldaña y Manuel Callejas y Callejas a 58 años de prisión, mientras que Francisco Gordillo 33 años por los delitos de violación sexual con agravación de la pena, delitos contra deberes de la humanidad y de desaparición forzada.
Con este caso, argumenta, logró darse cuenta que los distintos tipos de violencia se ejercieron tanto en lo rural como lo urbano, en lo étnico y por género. Como el caso Molina Theissen, en el que se juzgaron los delitos de desaparición forzada y violación sexual. “La violencia no fue igual”, sostiene Celada, al diferenciar las múltiples violencias que se libran en las guerras sobre el cuerpo de las mujeres.
Otro de los casos en los que ha tenido participación corresponde a la desaparición forzada de 565 pobladores, ocurrida entre 1981 y 1988, de la comunidad de Chocoyogüito de Cobán, Alta Verapaz, hechos en que se acusa a altos mandos militares que estuvieron en la Zona Militar número 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” donde se encuentra ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), entidad de las Naciones Unidas.
“Los pueblos indígenas fueron estigmatizados, masacrados y desaparecidos, aquí en este caso, el tema es la tierra”, dice al contextualizar. Con el caso de Creompaz, conoció la dimensión de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales a las que fueron sometidas los pobladores de la comunidad de Chicoyogüito. Para Celada, “la impunidad del pasado persiste. Las comunidades no han salido del todo de la violencia del pasado”.
Participación política
Celada Flores relató que ha tenido participación en partidos políticos. Se vinculó al movimiento DAR, que se estaba formando como partido político y se desintegró de un momento a otro. También se ha vinculado en la política gremial, en el movimiento Juristas por Guatemala, con el que participó como candidato de Comisionado de las Comisiones Postulación de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en el que buscó participar en las Comisiones de postulación para magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) en este mismo colegio profesional.
El Estado frente al espejo es violento
El Estado guatemalteco ha ratificado compromisos internacionales para la garantía de los derechos humanos, y eso implica la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, pero en algunos casos se ha alejado de este compromiso.
El abogado Celada Flores, relató que tras atender la diligencia en el Valle del Polochic, visitó la casa donde creció, como lo hace todas las semanas. Pero en esta ocación se encontró con que la habían allanado. “La puerta había sido forzada, las paredes y el piso estaban manchadas con heces fecales”, aseguró.
A partir de las constantes denuncias de allanamientos y seguimientos, Celada informó que en más de una ocasión han llegado personas desconocidas a preguntar por él, por lo que cuando visita la casa de su infancia es siempre acompañado por un amigo o un familiar.
A pesar de los 39 hechos denunciados, la respuesta del MP ha sido casi nula. “De la fiscalía han ido cambiando los fiscales que investigan el asesinato de mi hermano, de los demás hechos que he denunciado pues ninguna”, denunció.
El abogado Esteban Emanuel Celada Flores con 34 años trabajo en casos de violaciones de derechos humanos conserva la esperanza de que las violencias e injusticias a las que hoy es sometida la sociedad guatemalteca desaparezcan.
