Por David Toro
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en una visita a Guatemala del 17 al 23 de febrero encontró pasos hacia el pasado: violaciones a derechos humanos, un proceso penal de Hogar Seguro estancado y un evidente incumplimiento a la recomendación de retirar las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.
En medio de un panorama donde el nuevo Gobierno realiza sus primeras acciones de la mano del Ejército con estados de prevención y un Congreso, que sin titubear, aprobó una ley para otorgar control al Ejecutivo para cancelar organizaciones sociales, la OMCT realizó una misión de observación en Guatemala para conocer los niveles de implementación de las recomendaciones que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), entregó al Estado de guatemalteco en 2018.
La misión fue realizada por Teresa Fernández asesora de derechos humanos de la OMCT, la socióloga brasileña Thais Lemos, experta internacional en tortura, Oswaldo Samayoa abogado guatemalteco y Alfredo Ortega, experto nacional.
Los cuatro expertos tuvieron reuniones con la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH), Ministerio Público (MP), el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Pese a las solicitudes de reunión no obtuvieron respuesta del Sistema Penitenciario (SP), comisión de derechos humanos del Congreso y Organismo Judicial (OJ).
La realidad es distinta a la información que entrega el Gobierno
En diciembre de 2019 el Gobierno del expresidente Jimmy Morales, envió un informe al CAT sobre supuestos avances respecto a temas de: acceso a la justicia y reparación digna de las víctimas del incendio del 8 de marzo del 2017 en el Hogar Virgen de la Asunción, retiro de las fuerzas de seguridad (Ejército) de tareas de seguridad ciudadana y avances en procesos de justicia de crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
En el informe gubernamental, un documento de 15 páginas, los funcionarios se entregaron informes de ejecuciones presupuestarias y un resumen informativo de la actualidad de los casos, aseguraron que se estaba reduciendo la presencia militar en las calles, pero la realidad observada por la misión de la OMCT arrojó resultados diferentes.
La tortura como un problema sistemático
Al concluir la visita en Guatemala, este lunes 20 de febrero, la OMCT en sus conclusiones preliminares indica que es preocupante que, a pesar de que el Estado asegura que se han hecho esfuerzos por disminuir la participación del Ejército en tareas de seguridad ciudadana, el Gobierno de Alejandro Giammattei haya iniciado implementando estados de prevención. “El papel que juegan las fuerzas de seguridad es preocupante, nos han reportado desalojos contra comunidades indígenas y esto aumenta las posibilidades de tortura y violaciones graves a derechos humanos”, aseguró Thais Lemos.
Sobre el Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde ya han pasado casi tres años desde el incendio que le costó la vida a 41 niñas y lesiones graves a otras 15, “los avances son mínimos, no vemos nuevos medios de prueba. Además no hay reparación integral para las sobrevivientes y sus familias, es preocupante que el Estado no conceptualice la tragedia como un producto de actos sistemáticos de tortura”, indicó Lemos.
Acerca del acceso a la justicia en casos que juzgan crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, la OMCT piensa que es preocupante que las reformas a la ley de reconciliación nacional sigan en el aíre y que persista una insistencia estatal por aprobar leyes que vulneren derechos.
Estas observaciones de la OMCT serán incluidas al proceso de ciclo de revisión que se realiza cada cuatro años y los resultados finales de la visita, que serán publicados a mediano plazo, podrán ser empleados por instancias que consideren necesario interponer demandas contra el Estado de Guatemala por el incumplimiento de las medidas necesarias para prevenir la tortura.