Por Rony Morales
La comunidad Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio de Iztapa, Escuintla, está amenazada de ser desalojada por el interés de terratenientes locales y empresas azucareras.
En una asamblea comunitaria pobladores de la aldea Nueva Jerusalén recordaron el pasado 29 de diciembre de 2019, que hace 25 años las tres caballerías de tierra en donde se encuentra asentada la comunidad era un pantano y no se podía entrar, eran fincas vírgenes con muchos recursos naturales. Según los pobladores, el ingenio azucarero Magdalena fue dragando y desviando los ríos del área para la siembra de la caña de azúcar.
En su relato Pedro Pérez Hernández, de 67 años, comentó que en 1969 se parceló la finca Wiscoyol en 10 caballerías, el resto era pantano. Los primeros propietarios abandonaron las tierras y nunca arreglaron las escrituras, ahora existen varias personas que las reclaman, a pesar de ello, las tierras que no eran cultivables fueron ocupadas por las familias de la comunidad Nueva Jerusalén y tiene 7 años de ser posesionarios, ellos tiene documentos que prueban que las tierras son nacionales.
En 2013, 75 familias con ayuda de sus palas y piochas fueron limpiando y arreglando el lugar donde vivirían, empezaron a trabajar la tierra, dividieron las parcelas para que cada quien cultivara tres manzanas de terreno.
Durante los siete años que llevan en la finca, los comuneros han sufrido de amenazas, ordenes de captura, intimidación, criminalización, persecución hasta que fueron desalojados el 9 de mayo de 2018 por orden de juez. Durante el mismo año, han enfrentado otros intentos de desalojo, denuncias penales, amenazas, cárcel y criminalización, detrás de estos hechos están las personas que tienen intereses sobre la tierra, según Fabio Bermúdez líder de la comunidad.
La falta de un lugar donde vivir, sembrar y de criar a la familia, fue el motivo para que después de seis meses, Zulma Griselda Romero madre soltera, con un hijo de 5 año regresara a la propiedad donde el 9 de mayo del 2018 fue desalojada. Ella presenció como el empresario junto a trabajadores, le prendieron fuego a su vivienda, la arrebataron 12 cuerdas de milpa que tenía sembrada y se llevaron sus animales de patio, entre ellos patos, gallinas, cerdos y una vaca, hechos que dejaron huella en ella y en su hijo.
El problema de las familias inició cuando el coronel retirado del ejército Raúl Martínez de León, aduciendo ser el dueño de la propiedad y tener un contrato donde le arrendaba las tierras al ingenio Magdalena. Principalmente porque que pueden ser cultivadas para la caña de azúcar, relató Bermúdez
“Las familias fueron tratadas como invasores y recibieron amenazas de volver a desalojarlos por el empresario Igliberto Villegas Castillo quien trabajaba para el coronel de León y con apoyo del alcalde Mario Rolando Mejía Alfaro,”, contó Sotero Pablo Pérez, vecino de la comunidad.
Alcida Amabilia González, de 38 años, madre de una hija y un hijo y vecina de la comunidad contó que el día del desalojo destruyeron las casas con una motosierra, después del desalojo las familias estuvieron viviendo en la calle que se encuentra a la orilla de la finca, durante seis meses. Perdieron las viviendas, le prendieron fuego y no pudieron sacar sus pertenencias. Fue después de ese tiempo que se organizaron para tomar la finca construyendo viviendas y sembrando las tierras. “A pesar de los daños emocionales fuertes ella dice que sigue en pie de lucha”, subrayó González.
Durante la celebración de la asamblea comunal los pobladores argumentaron que el señor Igliberto Villegas Castillo no es propietario de la tierra. Él es un terrateniente local, que el 9 de mayo del 2018, llegó a la comunidad dirigiendo al grupo de trabajadores del excoronel Martínez. La jueza María Antonieta Mazariegos Flores, del juzgado de Primera Instancia Civil y Economico Coactivo del departamento de Escuintla, tiene conocimiento que la tierra no tiene certeza jurídica y que hay una mesa de diálogo en la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA).
Sobre estos hechos la jueza Mazariegos Flores dio un plazo de 40 días, de noviembre de 2019 a enero de 2020 para que desocupen la finca, antes de hacer efectiva una orden de desalojo. Sin embargo, como comunidad llevan un juicio donde son acusados de usurpación agravada por Villegas Castillo. En la actualidad los abogados Jorge Luis Morales y Castulo Gomez han presentado un recurso de amparo en los tribunales de Escuintla para evitar el desalojo programado para el mes de enero de 2020.
La población considera que tiene derecho a la tierra ya que según un grupo de ingenieros que midió la tierra, trabajaron mapas catastrales e investigaron el antecedente históricos del lugar, junto a los abogados que buscaron documentos en el Registro de la Propiedad de Guatemala (RPG) pudieron constatar que son tierras nacionales que estaban a cargo del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Desde hace 6 años ellos habitán el terreno y por esta lucha ha sido encarcelado Fabio Eliseo Bermudes, culpándolo de usurpación agravada.
El 19 de agosto 2019, Igliberto Villegas Castillo, quien antes trabajaba para el coronel Martínez, apareció diciendo tener la propiedad de la tierra, además llegó con un grupo de personas que eran sus trabajadores ajenos a la comunidad, agrediendo y amenazando a las familias. Cuando los líderes comunitarios de Nueva Jerusalén acudieron al juzgado de Paz y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Escuintla, para denunciar las agresiones, no lograron una respuesta.
Entre sus peticiones, las 75 familias solicitan al PDH Jordán Rodas que se interese en esta problemática porque según han denunciado los directivos de la comunidad están siendo víctimas de amenazas de muerte por parte de los empresarios.
Crisis en los cultivos comunitarios por el uso del glifosato en plantaciones de caña
Según Cleotilde Castro Enríquez, de 58 años, agricultor y vecino de la comunidad es apta para sembrar maíz, frijol, plátano, sandía, papaya y una variedad de hortalizas. Según Castro Enríquez, logran dos cosechas al año. Además, estas parcelas son aprovechadas por algunos pobladores para la crianza de ganado, que permite la venta de crema, queso y carne para su comercialización.
A pesar de ello, la comunidad se ha visto afectada por la fumigación que el ingenio Magdalena realiza en sus plantaciones. Utilizan un herbicida llamado Glifosato Alemán, que perjudica los cultivos, por ejemplo, “la plantación temporal de plátano se ha contaminado y la cosecha del mango se pierde, en general la fruta tierna se contamina por la fumigación de las avionetas. Además, los afluentes de agua se han secado”, mencionó Castro Enríquez
Según Ronnie Palacios, coordinador de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria (REDSAG) el glifosato es un herbicida que elimina no solo las llamadas malas hierbas, sino también plantas o reducen las producciones de cultivos como el maíz, de las que dependen especies de insectos para su alimentación, estas especies polinizan diversos alimentos de los cuales depende la biodiversidad guatemalteca, por ello la protección de los insectos, sobre todo de las abejas, se ha convertido en una preocupación para muchos apicultores en la costa sur.
