Por Rony Morales
5 de septiembre 2019
El 14 de enero de 2019 fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Samuel Choc Ac cuando realizaba el trámite para recuperar su documento único de identificación (DPI) en Chisec, Alta Verapaz.
Choc Ac, maya q’eqchi’, originario de la comunidad las Mercedes 1, fue denunciado por la empresa productora de aceite de palma, Tecniservicios Agroindustriales S.A., a través de su representante legal Luis Fernando Oliva Oliva, y acusado por el delito de usurpación agravada el 29 de octubre de 2018.
Según consta en la denuncia, Choc Ac junto a otras familias se acentaron en terrenos que son reclamados como propiedad de la empresa productora de palma de aceite.
Después de siete meses de prisión en el preventivo de varones de Cobán, el pasado 6 de agosto el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos en Contra del Medio Ambiente, dirigido por la jueza Úrsula Teyul, le dictó una medida sustitutiva de Q8 mil, recuperando de esta manera su libertad.
Samuel Choc denució haber sido criminalizado y encarcelado por no querer ceder su terreno y por promover junto a la comunidad la defensa de la tierra. “Mis papás, abuelos y familias de la comunidad han vivido por varias generaciones en ese lugar. Somos una familia de agricultores, comerciantes y pescadores en los ríos Chiribiscal, Quimala, San Román y Río Negro, que en estos días están siendo contaminados por los desechos de la siembra de palma. Han ocasionado serios daños, muchos peces han muerto y a muchas personas les han brotado enfermedades en la piel, la pestilencia de los desechos ha aumentado y ha provocado el incremento de moscas”, añadió Choc.
En varias ocasiones los trabajadores de la empresa han amenazado a los comunitarios y les han destrozado las milpas sembradas, han agredido a mujeres como forma de presión para que vendan su terreno para la siembra de la palma de aceite.
El delito de usurpación agravada es una de las formas que utilizan las empresas de palma de aceite para criminalizar a la población campesina que vive en la franja transversal del norte (FTN).
La comunidad exige el retiro de la empresa de palma y los responsabilizan de la contaminación de los ríos y de promover conflictos sociales. Las comunidades rechazan que las autoridades estén defendiendo los intereses empresariales y no atiendan los desechos que produce el monocultivo de la palma africana. Demandan que los responsables de la muerte de los peces sean procesados y no quede este daño irreparable en la impunidad.