23 de febrero 2019
La fiscal general Consuelo Porras presentó el nuevo plan estratégico del Ministerio Público. Asegura que existe una investigación contra la primera dama y que su posicionamiento sobre el tema Cicig no concuerda con el actuar de sus fiscales ante la Corte de Constitucionalidad.
EL viernes fue un día agitado en el Ministerio Público, Consuelo Porras presentó ante los fiscales y personal administrativo el modelo de gestión fiscal que se utilizará hasta el 2023. En el plan, compuesto por 76 páginas, se indica que el Ministerio Público actualmente tiene más debilidades que fortalezas y admiten que de las denuncias que se presentan actualmente sólo se logran atender el 4.27%.
Ver Plan Completo:
https://www.mp.gob.gt/noticias/plan-estrategico-del-ministerio-publico/
Durante el acto se supo que ahora el fiscal que investigue una denuncia, será el mismo que deba presentar la acusación y litigar el caso. Junto a esta iniciativa, hay otras, como la que fortalecerá a las fiscalías liquidadoras para que se cierren los casos con delitos que ya hayan prescrito.
Investigan a la esposa de Jimmy Morales
La familia Morales está sumergida en problemas con la ley. El presidente, su hijo, su hermano y ahora su esposa Patricia de Morales. Según una investigación de El Periódico, durante el 2014-2015, ella recibió cuatro cheques de un buen amigo de la familia, Othmar Sánchez (dueño del restaurante Fulanos y Menganos). Este aporte para la campaña no fue reportado ante el Tribunal Supremo Electoral.
La fiscal Porras fue consultada sobre el tema el pasado viernes y aseguró que la fiscalía contra la corrupción ya tiene un expediente abierto para conocer la verdad detrás de estos cheques.
¿Qué hacemos con la Cicig?
El pasado jueves, en la CC, en una vista pública para definir si los magistrados otorgarán un amparo definitivo para que la Cicig continúe hasta el fin de su mandato, la fiscal Mónica Mazariegos tomó la palabra luego de escuchar los argumentos de los amparistas que se oponen a la expulsión arbitraria de la Cicig. La representante del MP pidió al pleno de magistrados que se rechace el amparo, puesto que —según ella— ya no existe materia por resolver. Esto difiere con las declaraciones de la fiscal general, quien sigue investigando las posibles desobediencias de funcionarios públicos que pudieran haber accionado en contra de la Cicig.
Porras defendió los criterios del Ministerio Público de posibles ambigüedades y dijo que se ha respetado el amparo provisional dictado en enero por la CC. Sin embargo, el actuar de sus delegados en la vista pública ha generado polémica por la postura técnica o institucional del ente fiscal.