El delito de Violencia Sexual en el caso CREOMPAZ

Por Stef Arreaga

14 de diciembre de2018

La jueza Claudette Domínguez del juzgado de mayor riesgo A, no quiso imputarle a los militares acusados en el proceso penal por las desapariciones en la zona militar 21 de Cobán, el delito de violencia sexual contra las mujeres indígenas ocurridas en los 80 dentro de la zona militar. Las víctimas a través de sus abogados querellantes elevaron a la Corte esta resolución y este viernes 14 de diciembre se realizará una vista pública para argumentar por qué se debe revertir la decisión de la jueza e incluir el delito de violencia sexual.

Delitos similares cometieron los oficiales del Ejército, soldados, PAC y los comisionados militares en Sepur Zarco, y en la zona militar de Quetzaltenango en contra de Emma Molina Theissen. Ambos hechos ya fueron condenados por los tribunales nacionales.

¿Qué pasó en la zona militar 21 de Cobán (CREOMPAZ)?

Quizá no toda la gente sepa qué es el caso CREOMPAZ, en un párrafo intentaremos dar la esencia de las múltiples detenciones y desapariciones de indígenas q’eqchíes, achíes, pocomchíes, y quichés, que marcó la historia de represión en Guatemala, la zona militar 21 fue convertida en los 80 por el Ejército en uno de los cementerios clandestinos más grandes de América Latina.

Parece una escena de las películas que buscan retratar el horror de los nazis: en camiones llevaban a los judíos a los campos de concentración y luego los mataban masivamente. Adolfo Hitler fue uno de los más grandes genocidas de la historia, pero aquí en Guatemala hay muchas escenas similares, una de esos capítulos del horror ocurrió en dentro de la zona militar № 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” ubicada en Cobán, Alta Verapaz, ahora llamada CREOMPAZ que significa Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas.

En este complejo durante la guerra, funcionó como un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones sexuales de mujeres. Todos sabían que se llevaban a la gente a la zona militar en camiones y no salían nunca más de ahí. En el 2012 la Fundación de Antropología Forense de Guatemala(Fafg) encontró varias fosas clandestinas dentro de la zona militar, lo aterrador fue encontrar 565 osamentas en fosas comunes, pero aún faltan fosas por excavar, por lo que no se sabe a ciencia cierta la cantidad de víctimas a manos del Ejército de Guatemala sólo en ese lugar. Por cierto, uno de los comandantes de esta zona militar, en el tiempo que más desapariciones forzadas hubo, fue el coronel Méndez-Ruiz “El muerto”, papá de Ricardo Méndez-Ruiz de la Fundación contra el Terrorismo.

Si el horror no es poco, la finca en la que se instaló la zona militar 21, fue despojada a cientos de familias q’eqchíes, propietarios de la tierra, esa también es la historia de Chicoyogüito y de los ancianos que sobrevivieron al despojo en los años 60. Jamás se les devolvió la tierra.

36 años de impunidad para las víctimas hasta la firma dela paz, luego suman otros 22 años más. Las víctimas siguen esperando justicia.

El proceso penal contra los altos mandos del Ejército

14 oficiales del Estado Mayor del Ejército están presos, uno de estos es el general Benedicto Lucas García. Se les han imputado varios delitos a ocho de ellos, aquí viene el enredo del caso, que después de semejantes pruebas, no debería de tener tantos obstáculos: la protagonista es la jueza de mayor Riesgo A, Claudette Domínguez.

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Y es que el proceso judicial del Caso de la Zona Militar#21 (CREOMPAZ) no va como se espera para hacer justicia a las víctimas de estas masacres. Este 12 de diciembre se realizó una vista pública en la Sala Primera de Femicidio para argumentar las responsabilidades del Estado de Guatemala respecto a los delitos de violencia sexual y delitos contra mujeres. Pero, ¿por qué irse a otra sala con un tribunal si ya hay una jueza conociendo este caso?, la respuesta es sencilla: por alguna razón esta jueza en la audiencia de apertura a juicio, omitió en el pronunciamiento, el tema de la violencia sexual, a pesar de las declaraciones de las y los testigos de este caso. Ella dice que estos delitos están subsumidos (o sea, que son parte de) en los delitos contra los deberes de humanidad y según los abogados, esta es una manera de invisibilizar la violencia sexual, que es a su vez, una manifestación de condonación del Estado a la violencia, y por lo mismo otra manifestación de violencia de género institucional.

Los abogados en un comunicado mencionaron que:

el reconocimiento de los delitos de violencia sexual, en este proceso penal de Justicia Transicional, coadyuvará a recuperar la voz de las mujeres, especialmente su derecho humano al acceso ajusticia por la violencia sexual, restitución de sus derechos quebrantados por la comisión de la violencia sexual y la garantía de la no repetición. La inobservancia de la violencia sexual re-victimiza a las mujeres y constituye un desconocimiento a su humanidad.

Así que con todos estos elementos, preguntamos a los abogados si no habían considerado recusarla, a lo que mencionaron que si lo han considerado y que esperarán a lo que suceda con la decisión del tribunal, para hacer este trámite. En el caso que se le recuse, un tribunal conoce esta solicitud y determina si hay elementos suficientes para que ella continúe o no como jueza en esta etapa del proceso penal.