Por: Rony Morales
El pasado jueves 30 de agosto, en audiencia de primera declaración, el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos en contra del medio ambiente de Alta Verapaz, dirigido por la juez Ursula Teyul, conoció sin lugar las acusaciones del Ministerio Público (MP) y de la empresa de palma africana Industrias Chiquibul S.A., contra Lucas Maquin, Alejandro Paau, Carlos Maquin, Eleazar Chub y Jaime Choc, comunitarios q´eqchi´s de la aldea Las Mercedes 1, del municipio de Chisec, acusados de delitos de usurpación agravada, por poseer supuestamente terrenos de la empresa desde hace dos años.
Las empresas de palma africana ven a los comunitarios como los enemigos inmediatos frente a los intereses de explotación de la tierra mediante el cultivo de palma aceitera en Alta Verapaz. La criminalización y judicialización por medio de la figura penal de “usurpación agravada” es resultado de las acusaciones que hacen las empresas. Se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes se oponen a estos proyectos nocivos para la vida, ampliamente denunciados por comunidades, organizaciones sociales, analistas y opinólogos que evidencian el fondo del fenómeno, lo que se mueve detrás y quienes los impulsan. [1]
Las más de las veces la criminalización se hace en contra de dirigentes sociales. El mensaje: que nadie se atreva a seguir organizándose, a pensar, opinar y defender lo propio y lo comunal.
La rápida expansión de las plantaciones de palma ha implicado para las comunidades q´eqchi´es asentadas en la franja transversal del Norte (FTN), —Pataxte, Sayaxche, El Estor, Izabal, etc.— transformaciones profundas en la realidad socio-económica, demográfica, política y cultural del municipio. Desde los años 80, varias familias huyeron de la guerra y de los actos violentos cometidos por el ejército.
Estas estrategias persiguen: defender los intereses económicos de las elites, finqueros, empresarios e imitadores ilícitos; profundizar el proyecto militar de control y miedo para controlar el territorio por medio del saqueo y el despojo; finalmente controlar, neutralizar y desarticular la lucha de resistencia comunitaria por la defensa del territorio, el descontento social, la disputa de ideas, el trabajo periodístico e intelectual, la justicia, la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.
Los comunitarios están preocupados por las condiciones de empobrecimiento y los daños ocasionados dentro de la comunidad. Las grandes empresas de palma africana, Industrias Chiquibul, Empresa Tecni Servicio y Palmas del Ixcán, son responsables de desvíos de ríos, instalación de quíneles y de grandes inundaciones que se han dado en esta parte del territorio.
“Exigimos que cese la criminalización y persecución en contra de nuestra comunidad, y que las instancias judiciales realicen su trabajo transparentemente y que las pruebas sean realmente utilizadas para demostrar nuestra inocencia ante esta persecución y criminalización”, manifiestan pobladores de la comunidad.
Quedan sin efecto las siguientes órdenes de captura emitidas el 12 de diciembre 2017 para otros comunitarios de la comunidad las Mercedes 1 en Chisec.
- Miguel Angel Choc Choc
- Cornelio Xol Caal
- Manuel Choc Choc
- Juan Carlos Caal Coc
- Emanuel Hernandez Tiul Xal
- César Augusto Chub Icó
- Salvador Xol Be’
- Marvin Leonel Caal Có
Existen amenazas de ordenes de captura y desalojos violentos contra las comunidades del valle del Polochic y la franja transversal del norte -FTN-. Desalojos a favor de los monocultivos de la derecha empresarial que ostenta el poder en Guatemala. Los desalojos son una política criminal en contra de las comunidades rurales, y en la actualidad es una práctica constante. Desalojan a miles de familias campesinas e indígenas que sólo buscan ejercer su derecho a disponer de un espacio de tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario.
[1] /comunitariapress.wordpress.com/page/2/?s=samococh