Por: Rony Morales
La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), celebró su Asamblea ordinaria en el municipio de Santa Cruz, Alta Verapaz, donde trabajó un exhaustivo análisis de los principales problemas agrarios. Esto permitió constatar una vez más el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas.
UVOC nace en la década de los 90’s, en el municipio de Purulhá, desde la experiencia de la Cooperativa Renacimiento y de la Asociación de Artesanos Mayas. Luego de la historia de represión en Guatemala y tener que atravesar diversos obstáculos, UVOC consigue su conformación luego de la firma de la paz en el año de 1996 para fortalecer las luchas agrarias de muchas comunidades.
Dentro de esta asamblea, analizaron como temas importantes de la problemática agraria han sido dejados de lado: los derechos laborales en el campo son violados sistemáticamente; el acceso a la tierra ha sido dejado a “las fuerzas del mercado “; los servicios de extensión agrícola han sido abandonados por el gobierno o trasladados a la iniciativa privada. Pero especialmente, la institucionalidad agraria definida en los Acuerdos de Paz no ha sido dotada ni de los recursos ni los de mecanismos de funcionamiento acordes con sus objetivos, la firma ha sido muy limitada, especialmente por la ausencia de voluntad política en aquellas instancias gubernamentales con poder de decisión.
Entre las principales deficiencias que observaron en las instancias responsables para la resolución de la problemática agraria se encuentran las siguientes; burocracia, parcialidad en las resoluciones, demora en atender los casos y procedimientos de actuación demasiado lento. La presidencia de la Republica, de quien depende esta instancia, no se ha comprometido de ninguna manera en la resolución de conflictos. Las actividades que realizan estas instituciones, se limitan a hacer presencia y establecer la situación de los conflictos, sin proponer ninguna solución o dar seguimiento a los casos hasta que se resuelvan, es decir solamente es una institución simbólica.
Para las familias q’eqchi’ que apoyan a los defensores de la madre tierra procede mantener la lucha la presión y la denuncia mediática, dando a conocer la podredumbre del sistema judicial, no quedarse callados y defender el agua y territorio de Alta Verapaz.
El pueblo q’eqchi’, poqomchi´, achi´y mestizo de UVOC manifiesta que ante los atropellos que se han sufrido por la imposición desmedida del Estado, en contubernio con las élites empresariales del país para el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, levantará la voz y el orgullo del pueblo. Hoy más que nunca defender la cultura y los derechos inalienables a la información y consulta para ejercer la libre determinación, es indispensable.
Acciones que debe implementar la institucionalidad del Estado
Que las acciones de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) vayan más allá del simple estudio y dictamen de los casos; debe ser una instancia con facultades de encontrar soluciones a los conflictos. Debe contar con mecanismos coercitivos para la recuperación de tierras adjudicadas irregularmente o apropiadas de forma ilegal.
La SAA debe ser reestructurada, incorporar mecanismos de fiscalización de su funcionamiento, tanto por el presidente de la Republica como a través de una comisión Multisectorial Fiscalizadora.
Previamente debe avanzarse en la realización del catastro a nivel nacional, para que se avance en la determinación de la propiedad de la tierra. Este proceso debe reconocer el derecho ancestral de las comunidades sobre la tierra.
Fondo de Tierras
El Fondo de Tierras es desconocido por la mayoría de campesinos, únicamente quienes han presentado una solicitud conocen cuál es su función, pero no su funcionamiento.
La infinidad de requisitos a cumplir hacen que el proceso sea lento y no responda adecuadamente a las condiciones de pobreza de la población. La situación del empleo y los salarios de los campesinos debe ser analizado detenidamente para determinar la forma de pago de la tierra. Además, el elevado precio que tienen las propiedades, sin que existan mecanismos de control de la especulación, únicamente favorece a los propietarios y limita las posibilidades de los campesinos de cubrir el costo fijado por FONTIERRA.
La organización campesina propone:
Para que se tenga un efecto en la modificación de la estructura agraria y posteriormente pueda funcionar un mercado transparente de tierras en Guatemala, es necesario aplicar medidas complementarias a las puramente financiera, tales como: cumplir de forma inmediata con la regularización de los demás de 100,000 expedientes en manos del Ministerio de Agricultura, con una base jurídica clara; llevar a cabo el proceso de catastro; crear un impuesto territorial para las tierras ociosas y mecanismos que regulen el precio de la tierra.
Que se cumpla a cabalidad con la implementación de la ley del fondo de tierras, dotándolo de recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para el cumplimiento de sus objetivos, no únicamente de acceso a la tierra, sino sobre todo de inversión productiva.
Que se revise a profundidad el funcionamiento de FONTIERRAS, para evitar la burocracia en los tramites; debe agilizarse la respuesta a las solicitudes de las comunidades.
Que se modifiquen los métodos de calificación para los sujetos de crédito, haciendo más objetivo el estudio socioeconómico y técnico.
Finalmente, manifestamos nuestra disposición a participar activamente en la discusión y generación de propuestas sobre la situación en el agro guatemalteco. Pero además, nos mantendremos vigilantes de que todos los sectores involucrados en este proceso cumplan con sus compromisos y obligaciones.
No más corrupción, no más desalojos, no más criminalización contra indígenas y campesinos
