Por: Francisco Rodas
En la relatoría donde se apunta que, “La Canciller Sandra Jovel Polanco preguntó al Secretario General de la Naciones Unidas si por estas violaciones al debido proceso ¿la ONU compensará a las víctimas?” es, quizá, la parte más sobresaliente de las seis páginas que contiene el documento.
Es significativa porque en su machacona apelación a que se respete el debido proceso, no se tomó en cuenta que la solicitud de resarcimiento sólo podría darse hasta el final del juicio, donde eventualmente a los acusados se les declararía inocentes. En otras palabras, la alteración al debido proceso la estaría provocando el gobierno con su postura de absolución anticipada, de adelantarse al proceso judicial, y de solicitar algo que, en todo caso, le correspondería al Estado reparar.
Es descarada porque revela también que no se trataría sólo del encono contra el comisionado Velásquez sino, por añadidura, contra un sistema judicial que estaría operando erróneamente. Hay que tomar en cuenta que si los juicios no se llevan bien, no sería el comisionado Velásquez a quien se le tuviera que pedir cuentas sino a las cortes, que son las que tienen en sus manos los casos. En otras palabras, el papel injerencista que se le señala al comisionado Velásquez resulta contradictorio que lo haga un gobierno que con sus actuaciones sería quien ha intentado, para decir lo menos, influir en el curso de la investigación del MP y del proceso judicial.
El relato también verificaría una vulgar extorsión, tratando de hacer presión basándose en una amenaza improcedente, al solicitar que alguien pague los elotes que no se comió.
El gobierno con sus achaques, apuntala sus visitas a la ONU bajo un pentagrama cuya nota principal es la defensa de la soberanía. No sabemos la estupefacción que provocan nuestros funcionarios encargados de la política exterior en el seno de esta organización, pero lo seguro es que esa mueca no es convincente porque no hay invasión a la vista, y porque además saben que se trata de un asunto interno donde la lucha contra la corrupción y la impunidad ha llevado a intentos de desestabilización que no hace falta que nos invadan.
En su afán de redimir a los procesados por actos de corrupción, Jimmy no ha escatimado recurso alguno para lograrlo. Ha nombrado funcionarios clave cuya obediencia vale más que su pericia, ha pactado con todo tipo de demonios que ahora le temen al mismo infierno que crearon, está por desmantelar las trincheras donde la justicia ha estado a buen resguardo. Pero lo más patético ha sido su abyecta humillación hacia un funcionario menor en la figura de un alcalde, cuya única semejanza ha sido declarar como non grato al comisionado Velásquez.