Por: Simón Antonio
Ayer 11 de enero, el diputado Leocadio Juracán y el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), presentaron dos acciones constitucionales de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la sala competente, con el objetivo de dejar sin vigencia 48 licencias de exploración minera y 42 licencias de explotación minera.
Entre las empresas que han sido beneficiadas por 48 licencias de exploración se encuentran Entre Mares, S.A., con ocho licencias en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Huehuetenango y Quetzaltenango; Nichoromet, S.A., con tres licencias en los departamentos de Quiché y Baja Verapaz: Montana Explotadora de Guatemala, con ocho licencias en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango.
Mientras que dentro las empresas favorecidas por 42 licencias de explotación se encuentran, Minera Fénix, otorgada a favor de CGN, Sociedad Anónima, en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal; Minera Bijolom II otorgada a Geominas, S.A., en el departamento de Quiché.
Desde el año 2005 a la fecha se han otorgado noventa licencias de explotación y explotación minera por parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, sin consultar a los pueblos indígena, xinkas y mestizos sobre estos megaproyectos en sus comunidades, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
