Después de varios meses de análisis de información, Prensa Comunitaria publicará una investigación, dividida en ocho reportajes, sobre el enriquecimiento que los diputados y sus familiares registraron durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla, una administración caracterizada por la opacidad y la corrupción.
Por Prensa Comunitaria
La investigación realizada por Prensa Comunitaria no ha sido una tarea sencilla. Se necesitaron diversos recursos y herramientas para confeccionar las piezas periodísticas que identifican algunas de las modalidades de cómo un congresista aumenta de forma opaca su patrimonio ejerciendo sus funciones.
Por supuesto, esto no hubiese sido posible sin el respaldo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR), cuya iniciativa brindó un acompañamiento integral en el desarrollo de esta investigación, que analizó datos sobre 86 diputadas y diputados guatemaltecos durante la IX legislación.
La elección de la muestra de legisladores respondió a dos condiciones: que hayan pertenecido a la alianza oficialista que copó el Congreso de la República de Guatemala en los últimos cuatro años y que estuvieran en los cinco bloques mayoritarios.
De esa manera, se evaluaron datos patrimoniales, empresariales y familiares de parlamentarios de los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), el partido que llevó a la presidencia a Giammattei; Unión del Cambio Nacional (UCN), Valor y Bienestar Nacional (Bien).
Posteriormente, se sistematizó la información de cada uno de los funcionarios, se cruzaron datos de las bases de información del Registro Nacional de las Personas (Renap), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Registro Mercantil y Guatecompras.
Por lo anterior, se descartaron de los reportajes aquellos parlamentarios que, estando en esos bloques, formaron la oposición. Eso no exime que probablemente tales congresistas, adversos a Giammattei, no se hayan enriquecido.
Sin embargo, en esta ocasión los esfuerzos se enfocaron en evaluar la información de aquellos que se unieron a la fuerza política dominante, principalmente por los múltiples señalamientos que sobre ellos recaen.
Por ejemplo, aprobaron la ampliación presupuestaria de Q.3 millardos -unos USD$389,105,058.36- que se le otorgó a la ministerio de Comunicaciones, una institución que se dedicó a entregar más dinero a las constructoras al aceptar la sobrevaloración de proyectos.
Esa misma alianza legislativa fue la que respaldó la Ley Temporal de Desarrollo Integral para darle Q36,000 -USD$4,669.26- a militares retirados, a cambio de que ellos se dedicaran a trabajar en proyectos ecológicos.
Los congresistas “socios” de Giammattei, además, apoyaron la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que rechazaba la diversidad sexual y criminalizaba el aborto. Por una fuerte presión social, el decreto no entró en vigencia.
Para citar un último caso, la comunión entre estos diputados facilitó la persecución de cuatro de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ahora enfrentan un proceso penal después de que el Legislativo los despojó de su inmunidad el 1 de diciembre de 2023.
Hasta ahora ninguno de los funcionarios del Congreso se ha enfrentado a la justicia. Eso sí, como lo demuestra esta investigación, muchos tienen los bolsillos llenos y, ante un Ministerio Público (MP) ineficiente, que también tiene la conciencia tranquila.
Las propiedades
La investigación presenta tres reportajes sobre las propiedades que los legisladores consiguieron entre 2020 y 2024. Los legisladores mencionados fueron consultados sobre cómo financiaron la adquisición.
Si bien ninguno respondió, es necesario preguntarse si pueden ejecutar una compra de este tipo, primordialmente cuando esta adquisición es pagada al contado. La respuesta inmediata es que excepcionalmente sí pueden hacerlo.
En otros casos, los parlamentarios ya tenían un historial político o tenían negocios con el Estado. Pese a tener ese tipo de ingresos y antecedentes, prefirieron no responder a las consultas que se les realizaron.
Claramente tienen una capacidad económica que está alejada de la realidad de la mayoría de personas del país, que sobreviven con un salario mínimo de Q3, 384.59 (unos USD$438.98 al mes) que no cubre las necesidades básicas que, en muchas ocasiones, les motiva a migrar del país.
Las empresas
En el apartado de empresas, Prensa Comunitaria preparó tres reportajes que hablan sobre los hermanos, hijos y otros familiares de los diputados que se beneficiaron de dinero público vía la suscripción de contratos con el Estado.
El tipo de bienes o servicios proveídos es amplio y la cantidad de dinero, también. Llama la atención que la mayoría de las compañías tuvo como principal enfoque de negocios a las municipalidades.
Desde luego, también efectuaron tratos con la administración central, que es donde están concentrados los recursos públicos, pero su forma de operar aclara que los fondos de las comunas, aunque limitados, capturan el interés de los parientes de los legisladores.
Para esta serie se identificó y comprobó cada uno de los vínculos familiares por medio del Registro Nacional de las Personas. Además, se estableció el nexo entre el pariente y la empresa en cuestión vía el Registro Mercantil.
Las plazas
Por último, la investigación desarrolla dos piezas periodísticas sobre los contratos laborales existentes, ya sean temporales o permanentes, que los hijos y hermanos de los congresistas suscribieron o mantuvieron en el gobierno pasado, incluso algunos se extienden al nuevo gobierno.
Inicialmente se planteó indagar sobre las parejas, padres y madres de los funcionarios. Esto último se descartó, primero, por la baja cantidad de información sobre las personas; segundo, por el tiempo que se requiere para estudiar cada uno de los casos.
En la confección de las publicaciones que sí lograron elaborarse hubo desafíos. Por ejemplo, algunas instituciones no respondieron a las consultas de información pública realizadas y otras pusieron obstáculos para entregar la información.
Pese a eso, los reportajes muestran cómo varios de los hijos y hermanos de los funcionarios obtuvieron y obtienen recursos públicos. Es una práctica no sancionada por las leyes, aunque históricamente los congresistas se han aprovechado de sus puestos para favorecer a sus parientes y serán las nuevas autoridades gubernamentales las que deben comprometerse a que esto ya no siga ocurriendo.
