Los cuatro magistrados del TSE que estaban fuera del país, tras haber perdido la inmunidad y una orden de captura solicitada por el MP de Consuelo Porras, se presentaron al Juzgado Duodécimo Penal que realizará una audiencia de primera declaración por las supuestas irregularidades en la compra del sistema informático TREP.
Por Alexander Valdéz
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, se pusieron a disposición del Juzgado Duodécimo Pluripersonal Penal para aclarar su situación en el caso por el que la Fiscalía de Delitos Administrativos pidió su captura el pasado 11 de enero.
Las cuatro autoridades electorales se encontraban en el exilio, luego de las amenazas de “criminalización” que iniciaron desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía de Delitos Electorales y la Fiscalía de Delitos Administrativos, que incluso, realizaron allanamientos en la sede del TSE e hicieron diferentes solicitudes de información. Acciones que iniciaron tras avalar los resultados electorales que originaron la victoria de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
El abogado defensor César Calderón, hace una semana confirmó a Prensa Comunitaria la intención de los magistrados de presentarse a la Torre de Tribunales para aclarar en audiencia de primera declaración los señalamientos que hizo el Ministerio Público (MP).
Cuando se anunciaron las órdenes de aprehensión, el MP mantenía en secreto los delitos y el nombre del juzgado que autorizó la solicitud para detener a los magistrados, la justificación fue que el caso estaba bajo reserva.
#CasoTREP🚨 Magistrados se presentan a Torre de Tribunales
Los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral que estaban fuera del país, se ponen a disposición del Juzgado Duodécimo por caso TREP. pic.twitter.com/hVJLF5Cv9c
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) March 14, 2024
Los hechos investigados
Cuando se presentó el antejuicio, el MP los señaló de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplimiento de deberes porque la supervisión del funcionamiento del TREP fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
Además, son señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
La actual presidenta del TSE Blanca Alfaro y los otros magistrados suplentes fueron los únicos que se libraron del antejuicio, la Corte de Constitucionalidad (CC) les otorgó un amparo que frenó la acción del MP.
📢 #ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/2mHMWXLzwG— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 27, 2023
Por este hecho, el 25 de noviembre de 2023, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras detectar supuestas irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.
Según informó la CGC, la denuncia se presentó luego de un proceso de auditoría, donde se consideró pertinente que los hechos se resolvieran mediante una investigación a fondo de parte del Ministerio Público. El TREP tuvo un costo de Q148 millones.
