Créditos: Prensa Comunitaria
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Luz Emilia Ulario Zavala, autoridad indígena de Santa Lucía Utatlán (2022 y 2023) y Stephen McFarland, embajador retirado de Estados Unidos en Guatemala participaron en el podcast de Prensa Comunitaria “¿A dónde vamos a parar? Sobre el poder local y los apoyos internacionales en el gobierno de Arévalo, donde se analizaron las sanciones que se impusieron en contra de personas que forman parte del “Pacto de Corruptos”, que intentaron anular las elecciones y la movilización indígena que defendió la democracia.

Por Regina Pérez

Este 14 de enero, Bernardo Arévalo asume como presidente de Guatemala y abre una oportunidad para un cambio en Guatemala. El camino a la toma de posesión no fue fácil y en ese trayecto el papel de la comunidad internacional y los pueblos indígenas fue fundamental.

McFarland destacó las contribuciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) así como de Estados Unidos para apoyar al gobierno electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ante los ataques de grupos para evitar que asumieran el poder.

“Cuando se ve cada vez más que hay un intento de tumbar los resultados de la elección, Estados Unidos, la OEA y la UE no solamente sacan declaraciones, no solo envían personas de alto nivel, sino primero Estados Unidos y luego la UE comienzan a sacar sanciones” indicó.

El objetivo de estas sanciones fue proteger el proceso democrático y dar la oportunidad de recuperar el Estado de derecho, explicó.

La alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Luz Emilia Ulario Zavala (2022-2023), comentó que las autoridades ancestrales buscaron un punto de quiebre, ya que jurídicamente no encontraban respuesta de parte de ninguna instancia. Para ello buscaron el apoyo internacional y las autoridades indígenas se reunieron entre ellas con el fin de ejercer presión.

No estábamos pidiendo nada extraordinario, únicamente defender la democracia y creo que la comunidad internacional entendió bien nuestro mensaje, señaló.

Ulario explicó que el levantamiento que hicieron siete pueblos tenía únicamente dos objetivos. Uno de ellos era defender la poca democracia que quedaba en el país, porque observaban que se encaminaba hacia una dictadura.

“Fue un movimiento espontáneo, pacífico, creo que eso tiene un valor agregado” señaló.

Para McFarland, el punto de quiebre ocurrió en octubre. “Por más que Giammattei haya prometido arriesgar su vida para defender la toma de posesión de Arévalo, el gobierno y el Pacto de Corruptos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para anular las elecciones” dijo.

Lo segundo que ocurrió y fue histórico fueron las protestas donde el liderazgo crítico lo ejercieron los pueblos indígenas. “Eso tuvo bastante impacto en la comunidad internacional porque la presión internacional, si no hay gente en un país que realmente esté reclamando sus derechos, entonces no tiene mucho efecto” consideró.

Ahí fue creciendo la presión internacional, si uno quiere ver los arquitectos de este proceso, fueron los que lideraron las protestas, indicó.

Según Ulario Zavala, el efecto fuerte fue cuando se tomaron las carreteras. “Aunque querían criminalizarnos, el Estado nunca nos ha escuchado por la vía legal, por la vía pacífica. Ese tiempo que se tardó en las carreteras para nosotros fue impresionante porque inclusive les decíamos a las personas que vamos a liberar y decían que no. Esa convicción que tenía la gente de defender la democracia a toda costa”, explicó.

La criminalización hacia las autoridades indígenas, una amenaza

Luego del papel trascendental que jugaron las autoridades indígenas existe temor de que sean criminalizadas por el Ministerio Público (MP).

Luz Emilia Ulario indicó que la criminalización no es algo nuevo para ellos ya que el Estado lo ha hecho con defensores de derechos humanos. Consideramos que con este movimiento la Fiscalía no debe proceder, porque no fue sectorial, fue nacional y es una inconformidad de todo el país, fuimos voz de los pueblos, agregó.

De acuerdo con McFarland, una respuesta a esto sería buscar la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. Me imagino que el gobierno de Arévalo va a tratar de ver cómo podría producirse una situación en la que ella decida presentar su renuncia, dijo.

Es muy importante que el nuevo gobierno agarre bien el camino desde un inicio, que empiece a ser efectivo, creo que es muy importante seguir instando a los empresarios que rompan con la fiscal, y el gobierno a su discreción puede pedir apoyo a la comunidad internacional. El pacto va a tratar de dividir al gobierno de la sociedad civil y del apoyo internacional, analizó.

El podcast finalizó con una reflexión de Ulario Zavala sobre el papel que juegan las autoridades indígenas en sus municipios, sobre todo en el área de la justicia, al resolver casos como de violencia contra la mujer, un servicio que realizan de manera ad honorem y que es poco conocido por el resto de la población.

En tanto el embajador McFarland se refirió a la toma de posesión que se realizará el 14 de enero, un día que afirmó, será de alegría para la mayoría de guatemaltecos.  “Llegar a este día no era inevitable, se hubiera podido descarrillar y no se hizo por la reacción de los ciudadanos que debe ser ejemplo para lo que hay hacer y ahí el gran ejemplo lo han dado los líderes de los pueblos originarios” puntualizó.

Vea el podcast completo acá:

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