Créditos: Prensa Comunitaria
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La Alcaldía Indígena del Pueblo Ixil de Nebaj presentó amparo contra resolución del juez Jimi Bremer que permitió al juez Víctor Cruz, inhibirse para que su juzgado no conociera la denuncia contra los actores detrás del golpe de Estado.

Por Paolina Albani

La medianoche del 12 de enero, las autoridades indígenas de Nebaj, Quiché, presentaron un amparo contra la resolución del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez “B” del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia, que permitió al juez Víctor Cruz, inhibirse de conocer la denuncia presentada por las mismas autoridades, en contra de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; las fiscales, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales Lazo; el juez penal, Fredy Orellana; y los representantes de los partidos políticos Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, Une, Cabal y Azul.

Quienes están señalados cuentan con inmunidad por los cargos que asumirán próximamente en el gobierno, o bien, por ser operadores de justicia.

Las autoridades Ixil, de Nebaj, consideraron el amparo necesario pues, la inhibitoria de Cruz “viola derechos humanos, como el debido proceso, el principio de imperatividad, debida fundamentación, supremacía constitucional y especialidad de la norma, tutela judicial efectiva, y el derecho a velar por el cumplimiento de la Constitución”.

Esto, pues, en pocas palabras, han asegurado que causa agravios, personales y directos a nivel individual y colectivos de los pueblos Tz’utujil, de San Marcos la Laguna; Kaqchikel, de Sololá; Mam, de Comitancillo, San Marcos; K’iche’, de Totonicapán y Q’anjob’al, de Santa Eulalia, Huehuetenango.

El juez Cruz se inhibió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 6 de diciembre de 2023 y casi 40 días después, la Alcaldía Indígena presentó el amparo ante el Juzgado de Paz de Turno en la Torre de Tribunales, en contra de resolución.

Foto de Prensa Comunitaria

El juez Bremer justificó la resolución de la inhibitoria en el artículo 16, de la Ley en Materia de Antejuicio, que refiere que “cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio según lo estipulado por la ley, se inhibirá”.

Cruz es uno de los actores judiciales que fue incluido en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, de Estados Unidos en 2022, por haber entorpecido las investigaciones por hechos de corrupción, al demorar los procesos penales.

Actualmente, Cruz es el juez a cargo del caso “Toma Usac: Botín Político”, en el que el MP intenta criminalizar a estudiantes, docentes y un decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y a integrantes del partido Movimiento Semilla, por lo delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

Repudian persecución de vicepresidenta electa

Más tarde, las autoridades del B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a (Alcaldía Indígena Ancestral Maya Ixil de Nebaj) difundieron un comunicado en el que expresaron su repudio contra las acciones del MP que intentan perseguir a la vicepresidenta electa, Karin Larissa Herrera Aguilar, aduciendo que las intenciones de las denuncias en su contra tienen el objetivo de impedir que asuma el cargo, el próximo 14 de enero.

En el comunicado también rechazaron la criminalización del exministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, quien se negó a reprimir las manifestaciones y movilizaciones de los pueblos indígenas, en octubre de 2023, cuando iniciaba la movilización, que aún sigue activa frente a la sede del MP, en la capital. Barrientos fue detenido el 11 de enero pasado.

Las autoridades ancestrales de Nebaj se solidarizaron con Herrera y expresaron su pesar por los “vejámenes” cometidos contra el exministro.

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