La administración de Joe Biden tiene previsto completar la nueva lista de sancionados, encabezada por Miguel Martínez, para finales de la próxima semana.
Por Héctor Silva Ávalos
Washington ha golpeado con fuerza el corazón de la presidencia de Alejandro Giammattei y está por extender ese golpe a otros miembros de la alianza política y empresarial que ha acompañado al presidente en sus afanes por perseguir a críticos y opositores y, desde el triunfo de Bernardo Arévalo en las urnas, de impedir la transición democrática.
Fuentes políticas y legislativas han confirmado a Prensa Comunitaria en la capital estadounidense que el nuevo paquete de sanciones a funcionarios, políticos y empresarios guatemaltecos no termina con la sanción Magnitsky a Miguel Martínez, el asesor más cercano de Giammattei, anunciada el pasado viernes 1 de diciembre. Ese, dice un funcionario legislativo consultado en Washington, es solo el principio.
“El Departamento de Estado continuará revisando información adicional y creíble y alegatos de corrupción o actividad antidemocrática, y utilizará todas las herramientas aplicables, de forma apropiada, para asegurar que los funcionarios corruptos y antidemocráticos no encuentren refugio en los Estados Unidos”, dijo a Prensa Comunitaria un portavoz de la diplomacia estadounidense horas antes de que se hicieron públicas las sanciones a Miguel Martínez.
A la pregunta sobre los nombres de futuros sancionados, las autoridades de Estados Unidos consultadas se abstuvieron de hacer adelantos. Fuentes consultadas por Prensa Comunitaria en Washington, sin embargo, hablan de miembros de la Fundación contra el Terrorismo, jueces y fiscales del Ministerio Público (MP) que han participado en la criminalización del binomio presidencial electo en agosto pasado y de otros miembros del partido Movimiento Semilla, así como en el acoso a autoridades indígenas y a periodistas.
Hasta la sanción aplicada a Martínez, la administración de Joe Biden había utilizado herramientas sancionatorias que, en la práctica, solo implicaban el retiro de visados y la posibilidad distante de investigaciones penales a los nombrados. Es el caso de la inclusión en la llamada Lista Engel, el mecanismo legal que da al Departamento de Estado atribución de nombrar a funcionarios corruptos y antidemocráticos en Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyo principal castigo es la imposibilidad de entrar en territorio estadounidense.
Con la aplicación de la Ley Magnitsky a Martínez, Washington rompió, en el caso guatemalteco, dos barreras que se había abstenido a cruzar en tiempos recientes: llegar a la intimidad misma del presidente Alejandro Giammattei y abrir la posibilidad de una investigación financiera más amplia al principal colaborador del mandatario.
La Ley Magnitsky fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2012, luego del asesinato del financiero ruso Serguei Magnitsky, torturado y asesinado en una prisión de Rusia tras denunciar una trama de corrupción. Desde su aprobación, ha servido para sancionar a varias decenas de funcionarios rusos, pero también a oficiales latinoamericanos, entre ellos al menos dos dominicanos, un cubano, cuatro nicaragüenses vinculados al régimen de Daniel Ortega, tres altos funcionarios de Nayib Bukele en El Salvador y, hoy, a Miguel Martínez de Guatemala.
A diferencia de la Lista Engel, que es elaborada en el Departamento de Estado y no es vinculante con procesos penales o de investigación criminal, las sanciones Magnitsky son confeccionadas en el Departamento del Tesoro por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) previa investigación exhaustiva de los alegatos de posible actividad criminal de los involucrados.
La Magnitsky, además, suele ir acompañada de revisiones detalladas de las actividades financieras de los sancionados, incluidos sus socios comerciales, políticos y de las personas naturales y jurídicas que han trabado tratos con ellos. En el caso de Miguel Martínez esa lista incluiría a todas las personas a las que él dio dinero cuando estuvo a cargo del Centro de Gobierno de la presidencia de Giammattei.
Una escalada en Washington
Washington lleva ya meses largo respirándole en la nuca a Giammattei. Ya en junio pasado, el Departamento de Estado había incluido en la Lista Engel a Melvin Quijivix Vega y Omar Barrios Osorio. A ambos, cercanos a Miguel Martínez, Estados Unidos los acusó de estar involucrados en actos de corrupción.
“Es como tener círculos concéntricos. Primero fue a funcionarios de menor nivel que tenían tratos con Miguelito (sic) (Miguel Martínez)… hoy es al mismo Miguelito. ¿Quién es el siguiente?”, se preguntó un exfuncionario estadounidense familiarizado con la aplicación de sanciones y con la situación actual en Guatemala, quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de forma pública.
La administración de Biden, de hecho, empezó a sancionar a funcionarios guatemaltecos y empresarios que forman la actual alianza política que gobierna el país desde que terminó la pandemia de COVID-19. El primer motor de las sanciones fue la continuada expulsión de operadores de justicia que investigaron y procesaron a miembros de esa alianza por casos de corrupción y crimen organizado y a periodistas que los denunciaron.
Los procesos de investigación interna previos a la inclusión de nombres específicos en la Lista Engel o a la apertura de expedientes que culminen en sanciones Magnitsky, explica un funcionario del Ejecutivo estadounidense, incluye la recolección de insumos provenientes de los países de origen de los potenciales sancionados, sobre todo de datos brindados por los servicios diplomáticos desplegados en las embajadas estadounidenses.
En noviembre de 2022, la OFAC también se había acercado a Giammattei al sancionar a dos ejecutivos rusos de la empresa minera Solway, basada en Suiza y financiado por capitales provenientes de Rusia, y a la empresa misma, dueña de la mina de níquel en El Estor, Izabal. Aquella sanción fue interpretada en Washington como un mensaje al presidente guatemalteco, a quien la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) investigó por sospechas de que había recibido un soborno millonario para permitir la expansión de la actividad minera de los rusos. Aquello, dijo en su momento a Prensa Comunitaria un funcionario de Biden, debía entenderse como “un mensaje para Giammattei”.
El nuevo ciclo de sanciones inició tras las elecciones cuya segunda vuelta se llevó a cabo el 20 de agosto y dejó a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos, respectivamente. Washington reaccionó con sanciones a fiscales del MP que dirige Consuelo Porras y otros funcionarios implicados en la persecución postelectoral a los ganadores y a las autoridades que avalaron el resultado de las elecciones.
Luego de que el Ministerio Público, basado en una denuncia espuria, intervino las urnas para intentar obstaculizar el proceso de transición presidencial, altos funcionarios como Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, advirtieron que se venían más sanciones. Eso es lo que empezó el 1 diciembre, según las fuentes consultadas, la ola diplomática definitiva de Washington previa al 14 de enero de 2024, cuando Arévalo debe asumir como nuevo presidente de Guatemala, para el periodo 2024-2028.
Esta nueva ola, según las fuentes consultadas, estará centrada en sanciones Magnitsky y en investigaciones financieras que eventualmente puedan servir de base a acusaciones penales en los Estados Unidos. También ha habido, advierten los funcionarios consultados, más retiros de visas a empresarios identificados como financistas o ejecutores directos de la persecución política. “Definitivamente verás una escalada… es un último empuje…”, aseguró uno de los exfuncionarios que conoce de los procesos sancionatorios actuales.
