Créditos: Prensa Comunitaria
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La CC conoció dos amparos relacionados con el TSE. El primero buscaba que el Congreso eligiera a nuevos magistrados suplentes del TSE. Mientras que, el segundo pretendía suspender el trámite del antejuicio que sirvió para retirar la inmunidad a cuatro magistrados. 

Por Prensa Comunitaria 

En pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dos acciones legales por asuntos relacionados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Una de estas iba dirigida a frenar el proceso de antejuicio contra cuatro magistrados titulares y la segunda, buscaba que se ordenara al Congreso de la República elegir a nuevos magistrados.

La CC conoció la acción planteada por la abogada Karen Fisher, quien solicitó que se ordenara al Congreso elegir a nuevos togados en el TSE para cubrir los espacios que dejaron Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, quienes estuvieron ausentes tras pedir un permiso para ausentarse de sus labores.

La abogada, en el amparo cuestiona las licencias laborales que el TSE otorgó a cuatro de sus magistrados titulares para que se ausentaran de sus labores. Señala que el riesgo es inminente en la prestación del servicio público esencial de la administración de justicia electoral.

También de que no se cumplan de manera adecuada las funciones que la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos atribuyen al TSE, por la desintegración generada por la ausencia de cuatro de los magistrados, como la falta de designación de dos de los magistrados suplentes que tendrían de integrar este Tribunal.

Fisher, es una de las denunciantes en el antejuicio que provocó que los cuatro magistrados fueran desaforados. Además, durante una reunión de la Comisión Pesquisidora del antejuicio, admitió su intención de dejar sin efecto los resultados de las elecciones, al indicar que hubo un supuesto “fraude”.

El segundo amparo 

La otra acción legal analizada por los magistrados fue la promovida por un grupo de ciudadanos contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CS) que decidió tramitar el antejuicio contra los cuatro magistrados.

A criterio de la CC, el amparo debía suspenderse por carecer de legitimidad activa. Eso quiere decir que, según los togados, al no ser los afectados con la decisión de la CSJ, no están en facultad para accionar.  El que el amparo se haya suspendido implica que no haya sido analizado por el pleno.
Uno de los interponentes escribió en la red social X lo siguiente: “Sobre el amparo que ha sido suspendido hoy por la CC: nuestro argumento era que estamos legitimados porque tenemos derecho a que el Congreso actúe en el marco de sus competencias y en respeto a la ley”.

El 1 de diciembre, con 108 votos a favor los diputados aliados al gobierno de Alejandro Giammattei ratificaron el informe de la Comisión Pesquisidora y dieron con lugar el inicio de la investigación que pretende realizar el Ministerio Público por autorizar la compra por Q148 millones, del sistema de transmisión de resultados para las elecciones generales a la empresa Datasys.

Esta acción del MP es calificada a nivel nacional e internacional, como un esfuerzo más del gobierno de turno y de la fiscalía por entorpecer el proceso electoral y evitar el cambio de mando.

En un inicio era en contra de los 10 magistrados, pero la actual presidenta, Blanca Alfaro y el resto de magistrados suplentes lograron un amparo provisional que frenó las diligencias en su contra.

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