El Gobierno de Alejandro Giammattei benefició a decenas de empresas que nunca habían proveído al Estado, pero además, entregó Q2 millardos en contratos a varias compañías vinculadas a casos de corrupción, los propietarios de una de ellas específicamente, fueron señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como actores corruptos y antidemocráticos.
Por Carlos Estrada
Alejandro Giammattei deberá terminar su gobierno el próximo 14 de enero, desde sus inicios en 2020 mantuvo a varios proveedores del Estado que en anteriores gobiernos habían recibido decenas de adjudicaciones, pero además, fortaleció a proveedores cuyos ingresos con instituciones del Estado habían sido mínimas antes de su llegada al poder.
La corrupción y los pagos de sobornos durante este Gobierno fueron una constante, sin embargo, ni el Ministerio Público (MP) con Consuelo Porras al frente, ni la Contraloría General de Cuentas (CGC) actuaron para evitar que la corrupción se extendiera.
Pese a que los medios de comunicación y algunos diputados de oposición hicieron señalamientos de las irregularidades y anomalías registradas en algunas adjudicaciones, la mayoría de casos nunca llegaron a ser investigados por la actual fiscal, mientras los pocos casos que fueron llevados ante la justicia como las compras del hospital de Chimaltenango o la corrupción en el Instituto de Sismología, Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que involucró a un diputado de la alianza oficialista y sus familiares, no han avanzado.
Sobre las adjudicaciones a financistas y amigos de Giammattei y su familia, distintas investigaciones de medios de comunicación revelaron que fueron una práctica habitual desde que asumió la presidencia, pero además, varias empresas constructoras señaladas por casos de corrupción por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FEC) dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, continuaron recibiendo adjudicaciones a pesar de los señalamientos y las dudas alrededor.
Giammattei y su gobierno beneficiaron además a personas que Estados Unidos señaló como corruptos a través de la Lista Engel, los cuales habrían pagado sobornos para recibir los contratos estatales. A pesar de este señalamiento, ni el Gobierno, ni el Ministerio Público trataron de investigar para dilucidar la tacha.
Las tres empresas que recibieron la mayor cantidad de recursos por parte del actual Gobierno obtuvieron más de Q2 millardos cada una, dos de ellas son constructoras, mientras que la empresa que ocupa el primer lugar es la farmacéutica JI Cohen, cuyo propietario Irvin Cohen, fue señalado de entregar financiamiento sin reportarlo al Partido Patriota.
Este es un recuento de las 20 empresas que más recursos recibieron con la administración de Alejandro Giammattei
JI Cohen Cohen con USD $310,326,874.68
El grupo farmacéutico recibió del gobierno de VAMOS unos Q.2,429,859,428.82. La empresa en la cual trabajó durante muchos años el exsecretario privado de la presidencia de Álvaro Colom, Gustavo Alejos Cambara, es propiedad de la familia Cohen.
El patriarca del grupo, Jack Irving Cohen habría entregado financiamiento electoral al Partido Patriota sin que este fuera reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según las declaraciones del ex secretario privado de la presidencia Juan Carlos Monzón.
Monzón declaró y presentó pruebas de la facturación que sus empresas de cartón hicieron a la empresa que más ha vendido al actual Gobierno, señalando que estos le habrían entregado un millón de quetzales a Roxana Baldetti cuando esta competía como vicepresidenta.
JI Cohen que provee al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y al Ministerio de Comunicaciones principalmente, es representante de varias marcas en el país y tiene la exclusividad en la venta de algunos medicamentos que son adquiridos por estas instituciones.
Las medicinas en Guatemala son de las más caras de la región según han mostrado distintos estudios y han denunciado varios médicos, que han señalado a las empresas como un cartel que se pone de acuerdo para establecer precios y evitar que estos se regulen.
Grupo Muratori con USD $310,670,964.96
El grupo está conformado por los empresarios Ernesto Salvador Guzman Escobar y Liano Quesada Foscolo recibieron cinco contratos en 2022 por un monto de Q.2,432,553,655.70
La empresa fue adjudicada para construir el puente Belice II, por el cual se pagarán más de Q1.7 millardos, sin embargo, los diputados de oposición han señalado que no ha habido avances en la obra adjudicada pese a que ya hubo un desembolso de más de Q144 millones.
La adjudicación del contrato para la construcción del puente se hizo en octubre de 2022 sin embargo, hasta noviembre pasado el Gobierno anunció que iniciaría la construcción del puente.
Carlos Barreda, diputado de la agrupación Vos, denunció en noviembre pasado que dos puentes que fueron adjudicados a la empresa se encontraban abandonados sin que el Gobierno explique las razones para haber detenido la obra. Los puentes son en Cubulco y en El Progreso, el primero por Q214 millones y el segundo por Q188 millones.
Asfaltos y Petroleos S.A. (Aspetro) con USD $257,309,949.29
Recibió del gobierno un total de Q.2,014,736,902.98 en contratos estatales.
Asfaltos y Petroleos Sociedad Anónima, (Aspetro), se convirtió en la tercera empresa que más recursos ha recibido por la ejecución de obra pública en el gobierno actual, en total la empresa se benefició con adjudicaciones por más de Q2 millardos, sin incluir aquí las ampliaciones presupuestarias que cada uno de los proyectos adjudicados recibió.
La propietaria de esta empresa es la familia López, (Mauricio López Oliva y Ramiro Mauricio López Camey), padre e hijo, quienes fueron incluidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por pagar millonarios sobornos para recibir contratos por parte del Estado.
Pese a los señalamientos del Departamento de Estado, el Ministerio Público de Consuelo Porras no inició ninguna investigación sobre los sobornos que los propietarios de Aspetro habrían pagado a funcionarios corruptos y por el contrario, luego de ser incluidos en la lista, continuaron recibiendo millonarias adjudicaciones.
Opción Técnica con USD $222,926,978.49
La empresa representada por Rodrigo Acevedo Ferrate y Juan Francisco Fagiani Yaquián recibieron un monto de Q.1,745,518,241.62 a través de varios contratos estatales.
La empresa habría pagado sobornos durante el gobierno del Partido Patriota a la hija del entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, Saraí, al ex diputado Luis Fernando Pérez y al primo del presidente Jimmy Morales, Jorge Estévez, a cambio de recibir contratos por excepción durante el Estado de Calamidad declarado en San Marcos por el terremoto.
Según las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval, el entonces representante legal de Opción Técnica, Nicolás de Jesús Acevedo Sandoval habría sido el encargado de pagar los sobornos que consistían en un 15 por ciento.
Los cuadros de la repartición y la estructura fueron confirmados por Estévez, que se convirtió en colaborador eficaz y reveló cómo operaba la estructura de corrupción.
Pese a estos señalamientos, la empresa incrementó sus adjudicaciones con el Gobierno de Giammattei y se convirtió en la cuarta empresa con mayores recursos adjudicados. Antes de esto, la empresa había tenido contratos anuales con el Estado que no superaron los 159 millones, siendo su mejor año 2013, con el gobierno del Partido Patriota.
Agefinsa con USD $214,104,954.91
La empresa, cuyos representantes legales son Hugo Leonel De León Sagastume y Fabian Bernardo Pira Arrivillaga, recibió en contratos del gobierno Q1,676,441,796.97
La empresa de la familia Jarquín, fue la quinta en cuanto a montos adjudicados con el actual gobierno.
Durante el gobierno del Partido Patriota se le señaló a la empresa de ser beneficiada con adjudicaciones por su cercanía con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien recibió una amplia propiedad en Tecpán, Chimaltenango, que eran terrenos de la familia Jarquín.
También se señaló su influencia en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el mayor comprador de medicamentos del país, junto al Ministerio de Salud.
Agefinsa, incrementó en casi Q500 millones sus ingresos, según lo que refleja el portal electrónico de Guatecompras, respecto al Gobierno de Jimmy Morales y en más de Q900 millones respecto al Gobierno del Partido Patriota.
La empresa denunció al médico Román Carlos Bregni, quién en una columna de opinión señaló que la principal razón para que los medicamentos en el país fueran de los más altos en Latinoamérica era la estructura de corrupción en la que participaban las farmacéuticas.
Constructora San Francisco con USD $189,238,785.60
La empresa propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina recibió en contratos del Estado unos Q.1,482,092,041.31.
La familia Córdoba, además de estar vinculada a varias constructoras, han sido desde hace décadas una familia vinculada a la política del departamento de Alta Verapaz.
Dos de sus integrantes ocuparon alcaldías en ese departamento, Jorge Aroldo la de Cobán, y Carlos Francisco Córdova Garza, la de Chahal. En tanto Edgar Alejandro Córdova Molina, otro de los integrantes del clan, fue diputado por el mismo departamento con el Partido Líder de Manuel Baldizón de 2016 a 2020.
La familia es propietaria de al menos seis constructoras, las cuales han tenido contratos con el Estado. Sin embargo la que destaca es Constructora San Francisco, una empresa individual propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina.
Solo con el Gobierno de Alejandro Giammatei la Constructora San Francisco obtuvo más de Q1.4 millardos en adjudicaciones de proyectos, sin contar aquí las ampliaciones presupuestarias que los distintos proyectos han recibido, las cuales por lo regular superan el 10 por ciento del contrato original.
La familia Córdova intentó en las elecciones pasadas volver a ocupar puestos de elección popular, esta vez de la mano del partido Cabal de Edmond Mulet, sin embargo, no logró la diputación que buscaba con Edgar Alejandro ni la alcaldía de Chahal con Carlos Francisco.
Rudi Israel Cienfuegos Cordón con USD $ 136,798,683.70
Recibió contratos por Q1,071,133,693.41. Cienfuegos al igual que Aspetro, fue una de las empresas que incrementó sus adjudicaciones con la administración de Alejandro Giammatei, pasando de obtener contratos por no más de Q69 millones en un año, a más de Q121 millones en 2022 y más de Q906 millones en 2023.
Cienfuegos había sido durante años contratista en municipalidades del oriente del país, sin embargo con la llegada de Giammattei al poder, el Ministerio de Comunicaciones e incluso el Instituto Nacional de Electrificación empezó a adjudicarle grandes contratos.
La empresa de Cienfuegos dejó al menos una obra inconclusa, además de trabajar para Organizaciones No Gubernamentales durante el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, las cuales fueron criticadas por prestarse a corrupción.
Labymed con USD $ 134,927,263.55
La empresa tiene cuatro representantes legales: Antonio, Iñaki, María José Altuna Penagos e Iñaki Altuna Rodríguez. Labymed recibió en contratos del Estado unos Q.1,056,480,473.60.
La empresa distribuidora de productos médicos fue una de las más beneficiadas durante la pandemia provocada por el Covid-19. La compañía fue una de las principales distribuidoras de pruebas para detectar el virus pero a su vez se vio envuelta en señalamientos luego de que se denunciara que estaba siendo beneficiada a pesar de que habían opciones más favorables para el Estado.
Además, según una publicación del medio Vox Populi, la empresa pudo haber incurrido en tráfico de influencias, al tener contratada a una persona que a su vez era la encargada de adjudicar millonarias compras a la misma compañía.
Labymed pasó de vender poco más de Q708 millones en 16 años de proveer al Estado, a más de Q1 millardo con el gobierno de Giammattei.
Tracser S.A. con USD $ 132,421,532.56
La empresa tiene como representante a Heli Daniel Cuque Silvestre y recibió del estado contratos por un monto de Q.1,036,860,600.00
La empresa que empezó a proveer al Estado en 2009, no había recibido contratos grandes hasta el pasado 6 de octubre cuando el Ministerio de Comunicaciones le entregó la ampliación a cuatro carriles de la ruta RD-GUA-09 por más de Q853 millones.
Este es uno de los proyectos de arrastre adjudicados a última hora que dejará el gobierno Giammattei a Bernardo Arévalo y que hasta el momento el nuevo gobierno no ha informado si están o no incluidos en la información entregada durante la transición.
Puma Energy S.A. con USD $ 121,549,758.39
La empresa cuyo representante legal es Miguel Ángel Avendaño Leonardo recibió en contratos del Estado por Q.951,734,608.27
La empresa transnacional ha sido la principal proveedora de combustibles para el Estado, sólo este año el Ministerio de Gobernación firmó un contrato por Q500 millones para proveer combustible a la Policía Nacional Civil.
Otras instituciones que compraron combustible con la marca fueron el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de la Defensa en su momento había adjudicado la adquisición de combustibles a una empresa vinculada al partido UCN sin embargo, tras varias inconformidades decidieron revertir la adjudicación debido a que la empresa no contaba con experiencia.
Hasta antes de la entrada del gobierno de Giammattei, Puma no había recibido grandes contratos, el comprador más regular de la empresa había sido la municipalidad de Guatemala que a través de uno de sus Fideicomisos adquiere el combustible.
Ciansa con USD $ 106,180,207.26
La empresa recibió en contratos del Estado Q.831,391,022.90. Gustavo Alejos, el ex secretario privado de la presidencia de Álvaro Colom y vinculado a varios casos de corrupción develados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI de Juan Francisco Sandoval estuvo vinculado directamente con esta empresa.
Ciansa, según reveló una investigación de ConCriterio pagó la mitad de la propiedad de Gustavo Alejos en carretera a El Salvador y en esta según el medio, Alejos era propietario de al menos la mitad de las acciones junto a Josué Méndez, un viejo amigo de Alejos y que también participó en otras sociedades.
Aunque Alejos y Méndez negaron en su oportunidad que el primero continuara como socio, no hay evidencia de la salida de este de la constructora.
Méndez y Alejos fueron mencionados por la ex secretaria de Alejandro Sinibaldi, en una transacción de un apartamento en Las Pilas, Méndez y Alejos según Anelisse Herrera fueron quienes le entregaron a ella las llaves del apartamento. “El señor Gustavo Alejos siempre llegaba con Josué Méndez, el Gordito, y fue él quien me entregó las llaves del apartamento”, señaló Herrera en su declaración.
Méndez es además propietario de otra constructora de nombre comercial 4 Carriles, la cual también se vio beneficiada con el Gobierno de Giammattei e incluso fue la encargada de construir la carretera que pasa frente a la finca propiedad de la familia del presidente.
4 Carriles aparece dentro del top 20 de empresas adjudicadas por el Gobierno de Giammattei, y recibió más de Q558.4 millones en adjudicaciones, sin contar las ampliaciones en las obras que le fueron autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones.
Lanquetin y La Botica con USD $ 96,256,602.52 y USD $ 67,351,711.37
Tres familias fueron beneficiadas con los contratos del Estado adjudicados a Lanquetin (Q.527,363,900.09) y la Botica ( Q.753,759,667.79).
Las empresas están vinculadas a las familias Valdes Paiz, Ponce y Batres, según dió a conocer el medio Vox Populi, que vincula al propietario de La Botica como un amigo cercano y testaferro de Luis Miguel Martínez Morales.
Francisco Valdes Paíz, propietario de Lanquetin estuvo preso junto a Alejandro Gimmattei en donde forjaron una amistad que trascendió hasta la fecha, mientras que Jairo Ernesto Ponce Fernández, quien creció como hijo de los Valdés, se volvió amigo cercano de Martínez y de varios políticos del partido de la UCN, la agrupación política del excandidato presidencial condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Mario Estrada, como lo muestran varias fotos en redes sociales.
Lanquetin y La Botica vieron cómo sus ventas con el Estado se incrementaron considerablemente con el gobierno de Giammattei.
