Sobrevivientes del conflicto armado piden al Congreso de la República que archive dos iniciativas de ley que buscan dar amnistía a militares que cometieron delitos de lesa humanidad en contra de la población. Señalan que la CC y la Corte Interamericana se han pronunciado respecto a la prohibición de aprobar este tipo de leyes.
Por Regina Pérez
Sobrevivientes del conflicto armado interno llegaron al Congreso de la República para entregar una carta dirigida a Shirley Rivera, presidenta del Legislativo, para pedir que ese organismo archive dos iniciativas de ley que buscan beneficiar con una amnistía a los perpetradores de delitos de lesa humanidad durante el conflicto interno que duró de 1960 a 1996.
Las y los sobrevivientes informaron que son dos iniciativas las que piden sean engavetadas. La primera es la 5920, Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación y la 6099, Ley de Fortalecimiento para la Paz, esta última busca otorgar una amnistía absoluta a los militares procesados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos, señalaron en la misiva.
La carta fue entregada en la oficina de Shirley Rivera, presidenta del Congreso. Antes de entrar al edificio el ingreso del grupo fue restringido por la seguridad del Congreso quien pidió que solo pasaran tres representantes. La diputada Ligia Hernández señaló que fueron órdenes de Rivera el no permitirles la entrada a todos.
Juan Pérez, de la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado señaló que la iniciativa 6099, quien tiene entre sus ponentes a Manuel Conde Orellana, expresidenciable del partido Vamos, es improcedente y no debe discutirse en el pleno. “Es más grave porque ordena no solo la amnistía sino cerrar los casos que están en investigación y darle libertad a los que ya fueron condenados, eso es regresivo”, indicó.
Pérez recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha devuelto dos veces dicho proyecto de ley, tras las consultas que Rivera ha realizado para determinar su viabilidad para ser aprobado y si no violenta la Constitución.
#Congreso 🏛 Por órdenes de la presidenta del Congreso restringen entrada de Víctimas del Conflicto Armado Interno al Congreso.
Afuera esperan ingresar para entregar una carta a la presidenta de ese Organismo, Shirley Rivera en relación a dos iniciativas.
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Sin embargo, para las víctimas aprobar ambas leyes no es procedente. “La Corte de Constitucionalidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se han pronunciado con anterioridad respecto a la prohibición nacional e internacional de aprobar este tipo de amnistías”, señala la misiva.
El pasado 20 de octubre, la Corte Interamericana requirió al Estado que no se adopten o se dejen sin efecto iniciativas de ley como la 5920 y la 6099 que conceden una amnistía y que disponen la persecución penal de operadores de justicia que continúan avanzando en la investigación y juzgamiento de los casos que tienen sentencia en la Corte.
El primer proyecto de ley fue presentado en 2021 por diputados afines al partido Valor, entre ellos Lucrecia Palomo y Antonio Arenales Forno.
La segunda iniciativa tiene entre sus ponentes a Conde Orellana, Boris España, Javier Hernández y José Alberto Sánchez Guzmán.
#Congreso 🏛 Juan Pérez, de la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado señala que el Congreso quiere aprobar la iniciativa 6099.
Es grave porque busca no solo la amnistía sino cerrar los casos dijo. Esta iniciativa la presentó Manuel Conde Orellana.
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Feliciana Macario, integrante de la Plataforma manifestó que aprobar esas leyes significa una revictimización de las víctimas, pues dejaría en libertad a violadores de derechos humanos, que cometieron atrocidades durante el conflicto armado interno, que duró 36 años en Guatemala.
Macario dijo que la guerra interna dejó más de 200 mil personas masacradas y se cometieron delitos como violencia sexual en contra de las mujeres. “No creemos justo que haya libertad para estos violadores de derechos humanos”, expresó.
Hasta la fecha se han juzgado varios casos de crímenes cometidos durante el conflicto interno, principalmente por militares que han sido condenados por delitos como violencia sexual, deberes contra la humanidad, desaparición forzada y asesinatos. El único caso por el cual fue detenido un exintegrante de la guerrilla es el de la masacre “El Aguacate”, en San Andrés Iztapa, Chimaltenango.
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