Después de nueve días del segundo plantón en la capital del país y sin recibir respuesta de la Junta Directiva, del Congreso, autoridades indígenas presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que busca que los congresistas atiendan y escuchen sus necesidades. Además, piden un alto a la represión de la PNC cercando el lugar en donde se encuentran en resistencia.
Por Shirlie Rodríguez
Cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y antimotines mantienen cerradas las calles cercanas al edificio del Congreso de la República, desde el 21 de noviembre pasado, para proteger a los diputados que entran y salen para asistir a las últimas sesiones ordinarias de la legislatura que entregará sus cargos el 14 de enero de 2024.
Estas sesiones son clave porque en la agenda están incluidos temas álgidos como la aprobación del Presupuesto 2024 y el proceso de antejuicio contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El pasado 21 de noviembre un grupo de autoridades indígenas, acompañadas de población, se movilizaron para presentar ante la Junta Directiva del Congreso un documento con varias peticiones, que incluye la aprobación de fondos y proyectos en beneficio de la población, y detener el golpe a la democracia que se desarrolla desde finales de junio.
Su finalidad era llegar con una marcha y entregar el petitorio, pero se encontraron con filas de agentes de la PNC que no les permitieron el paso. Ante el cierre de las vías, las autoridades indígenas decidieron instalar en el lugar hasta ser atendidos. Nueve días después, los legisladores se siguen negando a atenderlos.
#GuateResiste ✊🏽 Las autoridades ancestrales de Iximulew y el Movimiento Social de mujeres, indígena, campesino y popular presentaron un amparo
👉🏽La acción legal es para denunciar racismo y opresión en su contra con el aumento de presencia policial en los alrededores del… pic.twitter.com/MZFObIbGOD
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 30, 2023
Por esta razón, este 30 de noviembre, dieron a conocer que presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para exponer que no han sido atendidos por la directiva del Congreso. En el documento solicitan que se les otorgue el amparo y ordene a las fuerzas de seguridad que les permitan el acceso hacia el Legislativo y entregar sus peticiones.
Asimismo, exponen que es necesario y urgente otorgar este amparo porque se les está negando el derecho de presentar sus argumentos ante los diputados, para que sean conocidas por el pleno.
Piden que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, envíe un documento a los agentes policiales para que se retiren del lugar.
Este recurso está planteado por autoridades indígenas de los departamentos de Huehuetenango, Guatemala, San Marcos, Quiché y Sololá.
“Los bloqueos son de manera ilegal, lo hemos dicho durante nueve días, estamos pidiendo a la jefatura de la PNC que quiten los bloqueos porque son inconstitucionales”, dijo Rigoberto Juárez, autoridad ancestral del Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza, de Huehuetenango, en referencia a la presencia policial alrededor del punto de resistencia, que está sobre la 7ª avenida y 9ª calle, de la zona 1 de la capital.
Durante estos nueve días, del segundo plantón, la PNC y antimotines cerraron el paso hacia el Congreso. En algunas ocasiones los jefes policiales buscan formas de intimidar y exigen a quienes sostienen la movilización que se retiren.
#GuateResiste ✊🏼en la #Capital así luce las calles cerradas por la policía
👉🏼 Imágenes de la 8ª avenida entre la 9ª y 11 calle, de la zona 1. Esta mañana, se sumó un grupo de policía antimotín.
📸 Emmanuel Andrés pic.twitter.com/DYcdEBG6u3
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) November 29, 2023
A pesar de esto, varias personas se han unido para respaldar a la resistencia en el lugar, que es el segundo plantón en la capital del país, denominada Resistencia Comunidad 9- 7, en referencia a la dirección en la que se encuentran.
El primer plantón está ubicado frente al edificio del Ministerio Público, en el barrio Gerona, en la zona 1, en donde se mantienen autoridades indígenas como resistencia y para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Fredy Orellana.
Desde Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Escuintla y otros territorios han llegado para mostrar su apoyo al grupo de personas que se mantienen en este sector. Esperan que la respuesta de la CC se dé en las próximas horas.
