Por Tania Palencia Prado
(para Lucrecia Hernández Mack)
Guatemala y el perfume de la decadencia mundial
En el fútbol estamos entre los perdedores recurrentes, pero tenemos muchos campeonatos: en América Latina ganamos en analfabetismo, muerte materna, muerte infantil, sobreexplotación, exclusión de mujeres, racismo, trata y explotación infantil y más. El mundo nos reconoce entre los diez primeros lugares por tener la población más desnutrida y con hambre.
Esta cultura de la desigualdad, tan guatemalteca como tú, lleva siglos en ser cultivada. Su abono no ha sido creado solo desde adentro de las fronteras, los despojos de tierras y de vidas han evolucionado en estrecho proceso con la globalización trasnacional. Así, por ejemplo, la trasnacional rusa de níquel y las mineras que hoy defienden a Giammattei cumplen la misma función que las bananeras que derrocaron a Árbenz.
Esto que vivimos es simplemente la podredumbre de una civilización que ha protegido un único Estado de derecho: el que tiene la función fundamental de asegurar al mercado capitalista como el horizonte válido para orientar la organización social. Por eso renacen las guerras en el planeta, por eso vamos al exterminio de las especies y por eso este Estado sigue matando y estimulando la muerte de la gente en los plantones y manifestaciones.
La normativa y la regulación social en Guatemala no disfrazan el rol del Estado, como lo hacen la OEA o la ONU; aquí, el desagüe del sistema político mundial dominante está abierto con descaro: una estructura poderosa basada en el cuidado militar y pentecostal de la finca terrateniente, banquera o mafiosa, que es lo mismo a decir que la ciudadanía sigue siendo tratada como bruta y como enemiga interna.
Las jornadas de resistencia, protestas e insurrección ciudadana son tan protagonistas como testigos de una lógica que ya se instaló en el mundo: el peligroso y desequilibrado colapso de los Estados modernos. Hay una severa crisis de normatividad en el planeta sobre la función del Estado social. Los Estados están en el cementerio de los desechos capitalistas. Cerca de cuatro décadas vienen mostrando que los estados ya no son instancias reguladoras para nuclear a las sociedades. Están desarmados de pautas e ideales creíbles y se arman hasta los dientes para matar y despojar. Allí está Guatemala. Pero la tan cruda realidad chapina en nada ayuda al gran imperio gringo, que ahora bien vestidito entra a nuestras tierras hablando de democracia.
De esta crisis mundial solo se obtiene una conclusión: la democracia ya no sirve. La pandemia rebalsó el vaso. Urge un sistema planetario de gobiernos para vivir. La biocracia, el poder político fundado en el cuidado y protección de la vida, será inevitablemente el camino que la humanidad ha de seguir, si quiere sobrevivir.
La constitucionalidad guatemalteca apesta
Todo va y viene, viene y va, aquí y acullá hacia la Corte de Constitucionalidad y hacia la Corte Suprema de Justicia. El tiempo de estas cortes está contado. Sus crímenes no les darán eternidad. Van a caer. Tarde o temprano estos magistrados(as) van a estar en la cárcel. Pero tales cortes son las que hoy concentran el poder. Y lo concentran porque el principal golpe de Estado ya fue dado hace años, cuando expulsaron a la CICIG, desarticularon la FECI y comenzó la cacería de jueces(as), magistrados(as), abogadas(os) y fiscales dignos y probos.
Lo dijo Jorge Briz por televisión hace muchos años: “Si perdemos la justicia, perdemos todo”. Y ciertamente, podríamos asegurar que, entre unos compromisos de paz mayoritariamente incumplidos y soterrados, el que caminó a medias fue la modernización del sistema de justicia; y por eso el control sobre las cortes se les empezó a ir de las manos.
Las transformaciones penales, profesionales y administrativas; la relevancia de los derechos humanos y el abordaje de la impunidad como problema central de la justicia, descascararon las viejas paredes judiciales. Los nuevos espacios jurídicos y los avances democráticos en política criminal adentro del Ministerio Público permitieron reconocer en muchas prácticas corporativas y militares a los agentes claves para la creación y sobrevivencia de aparatos clandestinos, del patrimonialismo, del clientelismo, y de la corrupción. Se puso límite a su impunidad.
El histórico juicio que reconoce el genocidio como un delito de lesa humanidad, los casos contra los criminales de guerra y todos los casos anticorrupción, fueron el parteaguas para iniciar esta carrera impune que ahora vivimos. Los criminales empotrados en las cortes y sus titiriteros oligarcas retomaron el control en los juzgados y se aferran a sus puestos para hacer valer su justicia y no otra. Las ratas quieren quedarse con el barco.
Y se han quedado hasta ahora porque toda la institucionalidad del Estado, modelada según la Constitución de 1985, está podrida.
El barco se les está hundiendo. Ni hablar de la PDH. El Congreso tiembla de pánico y se esconde en su silencio. Los partidos que tomarán posesión, es decir, los ladrones que volvieron a ganar gracias a nuestra idiotez política, están muy calladitos porque buscan sus cuatro años de vida y no les conviene quemarse. Podrían cambiar la Ley Orgánica del Ministerio Público para meter presa a la Fiscal General, podrían detener los abusos de las cortes, podrían interpelar a Giammattei. No hacen nada. Confirmemos: ese otro nido de ratas es el espacio que más odia a la ciudadanía. Son vividores del clientelismo al amparo de la estructura paramilitar que más éxito tuvo después de las masacres: los consejos de desarrollo.
Y con todos los disfraces que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, responsable de haber expulsado de la contienda a Thelma Cabrera, su principal enemiga, se cierra el código rojo de la pestilencia, ya que este órgano, cuyo edificio levanta las estatuas emblemáticas de la invasión española, tiene décadas de estar siendo controlado por el ejército de Guatemala, el gran arquitecto de este impasse en el que nos encontramos. Los caciferos cuestionados por la CICIG desde siempre han estado en el trono.
Todas, absolutamente todas las instituciones del Estado, comenzando con las municipalidades, están obligadas a canalizar los conflictos políticos fundamentales de la sociedad. Esa es la función nuclear de toda Constitución de un Estado moderno. Pero en Guatemala todas, absolutamente todas las instituciones del Estado son las creadoras de los conflictos políticos de hoy día y, a su vez, intentan ocultarlos, desplazarlos o negarlos. Hay una severa crisis constitucional en Guatemala que está sirviendo para expulsar el conflicto fuera del espacio político, situando a las cortes más allá del bien y el mal.
La crisis constitucional creada por las cortes y la Fiscal General desplaza del espacio público el conflicto político que existe. La crisis constitucional se observa en que es el mismo Estado el responsable de negar a la ciudadanía toda decisión para resolver la tensión existente. No hay constitucionalidad. Hay crímenes de Estado.
Estamos enfrentadas y enfrentados a un problema fundamental que, sin embargo, no tiene solución actual porque el problema consiste en que no es posible pensar en el problema fundamental.
Urge un nuevo derecho público, urge someter el poder al Derecho para eliminar su arbitrariedad. Y tal renovación solo puede darse con una correlación de poderes dispuestos a innovar la participación empresarial y a innovar la participación ciudadana. Una asamblea constituyente debe forjar no sólo las normas para cambiar a esta burocracia estatal corrupta, clientelar, miedosa y esclava, sino debe abrir los ojos para, por fin, dar el respeto y valor a todas las ciudadanías, a las comunidades y a la vida.
A la cárcel con sus lenguas muertas
Ya no necesitamos brujos exconstituyentes que anden profetizando las futuras acciones de los corruptos. Necesitamos un nuevo orden constitucional, donde el régimen económico no esté subordinado a las corporaciones, donde los consejos comunitarios decidan y no regateen limosnas clientelares, donde el agua tenga derechos, donde se planifiquen las prioridades comunitarias, donde se cuide la biodiversidad y el municipalismo sea un método para elevar la economía indígena y campesina y puedan florecer los poderes de las mujeres, las juventudes y la niñez.
El gran aporte de estas lecciones insurreccionales es que la política ciudadana salió del closet. Es decir, ya no le estamos pidiendo al verdugo que cree las condiciones para tener buenas elecciones. Ya perdimos la indiferencia al voto y lo reconocemos como una fuerza democrática esencial para decidir el rumbo del Estado y de los gobiernos. Ojalá nos demos el tiempo para no olvidar la calaña de los políticos y sus partidos, ya que hemos sido nosotros quienes, por acción u omisión, les dimos el poder que hoy nos mata.
Desafiemos hoy al poder estatal. No admitiremos ya más un Estado sirviente de ricos ladrones y militares asesinos. Las comunidades se han levantado porque buscamos nueva convivencia. Estamos creando las condiciones para que nuestras vidas no sucumban más a los millones de millones de servicios negados y dineros robados. Debemos buscar un Estado que no sea negocio de estos truhanes y de nadie. Somos una sociedad plurinacional que debe sanar sus traumas y remontar su enajenación y su ignorancia.
Esta deberá ser la demanda más genuina cuando Bernardo Arévalo tome posesión: cambiar de raíz los mecanismos en que se realiza la impunidad y la corrupción. Llegará el momento en que tendremos que levantar nuestra energía para empezar una década de cambios. Y tarea de Arévalo deberá ser confirmar la posibilidad de una amplia unidad intergeneracional, plurinacional, pluri-empresarial y de múltiples ciudadanías para meter a la cárcel a las y los ladrones y asesinos.
Ahora bien, la lengua muerta de las cortes y de la Fiscal General debe ser enterrada y honrar la justicia y la ética básicas. Un método nuevo puede ser invocar a la burocracia del Estado. Nada se pierde. Que firmen los burócratas del Ministerio Público a favor de la renuncia y no serán despedidos cuando Consuelo Porras camine a la cárcel. Que firmen los burócratas del Estado y no serán despedidos cuando Giammattei sea llevado a la bartolina. Que se levanten las y los maestros. Y si en este país existen militares valientes, honestos y profesionales, que se levanten y metan en sus calabozos a los guardines y choleros de la Fiscal. Sepan todas y todos los empleados públicos que la limpieza contra la corrupción empezará en 2024. Levántese y no obedezcan a los ilegales.
La historia es esta: Estas luchas no tienen pasos para atrás. Sus ritmos podrán variar, pero su sentido ya está en la nueva sangre ciudadana: Dejen los cargos y lárguense de Guatemala. Si se quedan…. Los meteremos en la cárcel. No somos poquitos… ¿verdad?
