Otto Pérez deberá resarcir al Estado por los actos de corrupción que cometió dentro del caso Cooptación del Estado, TCQ y la Coperacha. En esos hechos él aceptó su culpabilidad ante la jueza de mayor riesgo.
Por Prensa Comunitaria
El Juzgado de Mayor Riesgo “B” ordenó que el expresidente Otto Pérez Molina, pague Q4 millones 64 mil al Estado por el daño causado por los actos de corrupción que cometió, en los casos Cooptación del Estado, TCQ y Coperacha, hechos por los que aceptó su culpabilidad.
La audiencia fue desarrollada por la jueza de mayor riesgo Eva Recinos, quien condenó a ocho años de prisión conmutables al exmandatario y una multa de más de Q10 millones, por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude en el caso Cooptación del Estado.
El monto impuesto como resarcimiento por el daño que provocó al país, se suma al otro que Pérez Molina debe pagar, que en total es más de Q14 millones para poder recuperar su libertad en esos casos.
El haberse adherido a la Ley de Aceptación de Cargos le permitió obtener una pena mínima y que esta sea conmutable. Basta con que pague los días de prisión impuestos para no permanecer en la misma situación legal.
#CooptaciónDelEstado 🚨Juzgado ordena que Otto Pérez Molina pague Q4.6 millones en reparación al Estado por daños
👉🏽En septiembre de este año, Pérez Molina fue condenado a ocho años de cárcel conmutables y una multa de más de Q10 millones, después de aceptar los cargos de… pic.twitter.com/ImHMaNAxNv
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 30, 2023
Otto Pérez reconoció que cometió actos de corrupción
En septiembre, la jueza Recinos llevó a cabo una audiencia de aceptación de cargos en la que el expresidente reconoció haber cometido los delitos de fraude, lavado de dinero y cohecho pasivo, por los eventos de corrupción denominados Cooptación del Estado, Coperacha y TCQ.
Fueron al menos Q900 millones en sobornos los que se determinó que recibieron funcionarios del desaparecido Partido Patriota. En la diligencia, el exmandatario admitió la comisión de esos delitos. “Acepto mi responsabilidad en esos hechos”, enfatizó a la jueza y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) el expresidente Molina.
Por aparte, la jueza Recinos estableció que se cumplió con los requisitos que establece la Ley de Aceptación de Cargos y por esa razón dio trámite a la petición del expresidente y lo condenó a ocho años de cárcel conmutables y una multa de más de Q10 millones.
“Por los delitos de cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero. El acusado el señor Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable de esos delitos…”, dijo la jueza Recinos al dictar la sentencia. La pena impuesta por cada delito fue reducida a la mitad.
La fiscalía había pedido una condena de 22 años de cárcel, sin embargo, por tratarse de un beneficio por admitir la culpa, esta no fue tomada en cuenta. La pena impuesta consistió en 3 años y 6 meses por lavado de dinero, 2 años y 6 meses por cohecho pasivo y 2 años por fraude.
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Otto Pérez se declara culpable en Cooptación del Estado y logra una pena mínima
Se benefició con más de Q900 millones
En 2016, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecieron que la organización integrada por altos exfuncionarios del PP y empresarios pudo beneficiarse con aproximadamente Q900 millones en sobornos.
Entre las evidencias de la CICIG y la FECI hay declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías (Roxana). Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
Este proceso fue develado casi un año después de La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.
