El exbinomio presidencial del desaparecido Partido Patriota optó ser juzgado por la vía de aceptación de cargos, una salida que permite a un sindicado declararse culpable de determinados hechos y a cambio se reduce la sanción penal.
Por Alexander Valdéz
El expresidente Otto Pérez Molina y exvicepresidenta Roxana Baldetti obtendrían beneficios por declararse responsables de los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado.
Tanto Pérez Molina como Baldetti pidieron ser juzgados por la vía de aceptación de cargos, una salida que permite a un acusado declararse culpable de determinados hechos a cambio de la reducción de la sanción penal.
La primera en pedir la aceptación de cargos fue la exvicepresidenta, quien actualmente cumple dos condenas por los casos: lago de Amatitlán y la Línea. Además, está pendiente de solventar su situación legal en otros casos y una extradición hacia Estados Unidos. Su audiencia no se ha podido realizar en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo de la jueza Eva Recinos, y está programada para este jueves 7 de septiembre.
Por aparte, para este miércoles el mismo juzgado tiene prevista la audiencia de Pérez Molina, sentenciado por el proceso la Línea, deberá presentarse ante la jueza y aceptar que participó en los hechos imputados por la Fiscalía especial contra la Impunidad (FECI) en este segundo caso.
En ambos casos, la jueza Recinos podrá aceptar o rechazar la solicitud de la defensa. Si determina que no se cumplió con los requisitos del procedimiento de aceptación de cargos, la petición podría ser denegada y que el proceso siga su curso.
Expresidente podría recuperar su libertad inmediata
A diferencia de Roxana Baldetti, el exmandatario sí podría recuperar su libertad inmediata. De ser condenado en este expediente y, obtener una pena mínima, bastaría con que pague la multa y el resarcimiento que la jueza le imponga.
Por aparte, en el caso la Línea, donde fue condenado a 16 años de cárcel, deberá pagar los Q10 millones de caución económica y podrá gozar de arresto domiciliario.
Alejos beneficiado con pena mínima
En junio de este año, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal condenó, por la vía de aceptación de cargos, al empresario farmacéutico Gustavo Alejos y a cuatro personas más que aceptaron su culpabilidad en delitos de corrupción dentro del caso denominado IGSS Negociantes de la Salud.
Alejos Cámbara aceptó haber cometido los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita. Por esos delitos, los jueces lo condenaron a una pena mínima de ocho años y ocho meses de cárcel, más una multa de Q33 mil.
Al igual que Alejos, también aceptaron cargos y fueron condenados: Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo; y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.
Además, José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, por asociación ilícita y tráfico de influencias; y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, por asociación ilícita y cohecho pasivo.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenciaron una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), algunos de los cuales, según la pesquisa, eran sometidos a modificaciones irregulares.
Entérese más aquí:
Gustavos Alejos obtiene una pena mínima por tres delitos y seguirá en libertad
Un caso histórico para Guatemala
En esa investigación, la FECI y la CICIG aportaron declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías. Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
El caso Cooptación del Estado es considerado uno de los procesos más grandes de la historia reciente del país, presentado por la FECI y la CICIG, en 2016. Esta investigación no solo alcanzó a Baldetti, sino también al entonces presidente Otto Pérez Molina, ministros de su gobierno, empresarios y personas particulares que se habrían beneficiado de sobornos.
