El Gobierno Ancestral Plurinacional de Santa Eulalia pide el cese de la criminalización contra las personas defensoras del territorio, justicia para los mártires y la cancelación de megaproyectos con licencias para operar en la región norte del departamento de Huehuetenango.
Por Simón Antonio Ramón*
En el contexto de la conmemoración de los 17 años de la consulta comunitaria en Santa Eulalia, Huehuetenango, el Gobierno Ancestral Plurinacional reiteró su compromiso en defensa de los recursos naturales y el territorio del pueblo maya Q’anjob’al ante la imposición de megaproyectos con capital transnacional.
En un comunicado dijeron que durante 17 años han dicho NO a los proyectos extractivos y han demandado la cancelación de las licencias, sin embargo, el Estado mantiene vigente los 27 de minería y 23 hidroeléctricas en todo el territorio Akateko, Chuj, Q’anjob’al y Popti’, algunas con vigencia de hasta 100 años; lo cual representa una amenaza para nuestros pueblos y nuestra principal fuente de vida, la madre naturaleza, señala el Gobierno Ancestral Plurinacional.
Entre estas destacan los proyectos Hidralia, Enel, Montana Exploradora, Hidro San Luis Cinco M y Trecsa. “Con el afán de imponer sus proyectos desarrollaron actos criminales en nuestros territorios, siendo su cómplice el Estado, quien los respaldo y arropó para legalizar oficialmente la estrategia de extermino”, asevera.
Payxail Yajaw Konob’ Akateko, Chuj, Popti’ y Q’anjob’al (Gobierno Ancestral Plurinacional) también denunció en su comunicado, que, a lo largo de estos 17 años ha habido varios presos políticos y cinco asesinatos, de estos algunos se mantienen en impunidad, como el secuestro, tortura y asesinato del profesor Daniel Pedro Mateo, ocurrido en abril de 2013 y Pascual Basilio en enero de 2015, ambos originarios de Santa Eulalia.
Además, recordaron la muerte de Andrés Miguel, originario de Santa Cruz Barillas asesinado en mayo de 2012; y Sebastián Alonzo Juan asesinado en enero 2017 por la seguridad privada de la empresa Energía y Renovación, S.A con operación en Yichk’isis, de San Mateo Ixtatán. El abuelo Alonzo Juan de 72 años era originario de la aldea Yulch’en Frontera.
El 29 de agosto de 2006, la población se movilizó en un día nublado para expresar a través de una consulta comunitaria de buena fe, su postura, ante las amenazas de proyectos extractivos que se pretendían desarrollar en el municipio de Santa Eulalia, conocido en el idioma maya Q’anjob’al como Jolom Konob’.
Ese día, 18 mil 156 personas participaron, desde los siete años hasta las personas adultas. El 99 por ciento de la población dijo “No” a los megaproyectos, solo cinco dijeron que “Sí” y 62 se abstuvieron de votar.
La consulta se realizó en los salones comunales de cada comunidad, en algunos casos en las escuelas. La única comunidad donde no se realizó la consulta por oposición de las autoridades comunitarias fue en Yichjoyom, pero las familias que viven ahí se movilizaron a otras comunidades cercanas para participar.
En esa comunidad se denunció que habían llegado varias personas a medir un terreno; tras las averiguaciones con autoridades municipales y en diferentes instituciones del Estado se confirmó que en el municipio se había autorizado la licencia de la minera Padre Antonio de la empresa Guate Cooper, S. A. otorgado en 2002.
El desarrollo de la consulta se consignó en actas comunitarias, los cuales fueron respaldados legalmente mediante el acuerdo municipal 069-2006, suscrito y ratificado por la corporación municipal de Santa Eulalia.
La consulta comunitaria de Jolom Konob’ fue la primera realizada en la región norte de Huehuetenango, aunque un mes antes se habían realizado en el municipio de Colotenango, Concepción Huista, San Juan Atitán y Todos Santos Cuchumatán, el 25 de julio. El 27 de agosto de ese mismo año también se realizó en San Santiago Chimaltenango.
*Con información de Lencho Pez
