La viceministra de Previsión Social y Empleo, Geovanna Salazar, alquila un exclusivo apartamento que está en la zona 14 capitalina. Una investigación de la FECI de Juan Francisco Sandoval detalló que la propiedad está vinculada a Alejandro Sinibaldi.
Prensa Comunitaria
El inmueble está inmovilizado y es administrado, desde 2019, por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Dos años después, la dependencia suscribió el primer contrato de arrendamiento con la citada funcionaria.
En el mismo, la profesional se comprometió a pagar una renta anual de Q107,520. Es decir, que mensualmente canceló Q8,960. El acuerdo estuvo vigente del 2 de agosto de 2021 hasta el 1 de agosto de 2022.
Posteriormente, se suscribió un nuevo contrato por un año de arrendamiento. Este finaliza el 1 de agosto próximo y el valor de la renta fue igual al del anterior. De esa forma, el apartamento ha estado en poder de la viceministra por dos años.
Las cuotas pagadas por la funcionaria son módicas, considerando la ubicación de la propiedad y que esta cuenta, según los contratos, con once ambientes, área de balcón, amueblados de clóset, gabinetes de cocina y baño, tres parqueos y una bodega.
Si bien el gasto de arrendamiento supera al sueldo mínimo, Salazar sí puede pagarlo, ya que devenga Q33,098 al mes. De hecho, previo a asumir su cargo en abril de 2021, recibía Q20,000 mensuales como asesora del ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez Pellecer.
Vale resaltar que la Senabed puede arrendar los bienes mientras están inmovilizados. Incluso, el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) aprobó, el año pasado, el arrendamiento convenido con Salazar.
Sin embargo, esta última instancia decidió que los funcionarios ya no podrán suscribir este tipo de acuerdos con la Senabed, argumentando que la Ley de Contrataciones prohíbe que estos trabajadores celebren contratos con el Estado.
El Conabed es presidido por el vicepresidente Guillermo Castillo y lo conforman la fiscal general Consuelo Porras, la magistrada Silvia Valdés, los ministros Napoleón Barrientos y Henry Reyes Chigua, entre otros.
Procedencia
Este apartamento, junto con los estacionamientos y la bodega, pertenecen a la entidad ANM Outsourcing. Dicha compañía los adquirió en diciembre de 2013, según el Registro General de la Propiedad.
La cantidad pagada por los bienes fue de Q1.74 millones. No obstante, la FECI señaló que la empresa pertenecía a un grupo de corporaciones que, presuntamente, fueron utilizadas por Sinibaldi para comprar bienes de forma ilícita.
La pesquisa explicó que las compañías recibieron los sobornos que empresas constructoras le entregaron al exministro de Comunicaciones, para que se les pagara deuda de arrastre o se les otorgara proyectos nuevos.
Los hechos fueron investigados en el caso Construcción y Corrupción, por el cual enfrentará juicio Randy Stuardo Uribio Aquino, quien fungió como administrador y representante legal de ANM Outsourcing.
En tanto que Sinibaldi está enfrentando proceso penal por tal expediente. En otras investigaciones, el exfuncionario ha sido beneficiado, ya que fue liberado de los cargos en el caso Odebrecht y obtuvo arresto domiciliario en el caso Cooptación del Estado.
