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Créditos: Emmanuel Andrés
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

La jornada programada para cumplir con la orden de la CC de realizar una nueva revisión de escrutinios se vio empañada esta mañana por la intención del partido oficial de generar desorden y confusión en las reuniones que sostenía cada Junta Electoral Departamental. A la exigencia de abrir las cajas que contienen el voto de los guatemaltecos por parte del partido Vamos se unieron los integrantes de los partidos Mi Familia y Cabal, denunciaron los fiscales del partido Semilla.

Por Prensa Comunitaria

“¡Abramos las cajas, abramos las cajas, hay tiempo suficiente para hacerlo!” gritaba el fiscal nacional del partido oficial Vamos, Héctor Aldana, a los integrantes de la Junta Electoral Departamental (JED) de Escuintla. Mientras él le gritaba a los delegados, un grupo de personas detrás discutían que eso era ilegal y que respetaran la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a lo que integrantes del partido Vamos respondían que la Corte de Constitucionalidad (CC) lo había ordenado en la resolución emitida el sábado pasado. “Aunque así te lleve un mes aquí hay que revisar boleta por boleta”, le gritaba a los delegados electorales un simpatizante del mismo partido oficial.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las Juntas Electorales Departamentales al Parque de la Industria este martes para realizar una nueva revisión de los escrutinios como lo ordenó la CC. El proceso establecía horarios específicos para que las Juntas Electorales atendieran el requerimiento de revisión de las actas junto con los fiscales de los partidos políticos. El proceso se inició de forma simultánea con las JED de Escuintla, Sacatepéquez, Quiché, Quetzaltenango y Baja Verapaz.

A las 9:00 horas, Aldana se trasladó a la reunión de la Junta Electoral Departamental en donde exigía que lo dejaran participar y que le dieran la palabra porque él era el fiscal acreditado del partido Vamos. Los delegados electorales le señalaban que había llegado tarde a la reunión que había empezado a las 8:00.  En esa misma reunión el fiscal del partido Mi Familia se unió a las exigencias del partido oficial y pedía abrir las cajas electorales.

¿Cuántas impugnaciones hizo Vamos al momento del cierre de las actas en las mesas? cuestionó una periodista a Aldana luego de que este pidiera cotejar todos los documentos a nivel nacional.

“No desviemos la atención, no estamos hablando de eso. Hay muchos resultados en las mesas donde la cantidad de votos no coincide con el número de personas asignadas en esa mesa para votar. Por eso estamos pidiendo cotejar todos los resultados porque creemos que hay una intención de favorecer al partido Semilla”, expresó molesto a los cuestionamientos de los periodistas sobre la solicitud de abrir las cajas que contienen los votos.

Con los resultados electorales del pasado 25 de junio, Héctor Aldana es diputado electo por el listado nacional del partido Vamos. En 2022 fue viceministro de Transportes del Ministerio de Comunicaciones y también fue subsecretario de Leyla Lemus cuando ella fungió como secretaria general de la Presidencia. Lemus ahora es magistrada titular de la CC.

La alianza oficial se activa

Tanto Aldana como los integrantes de los partidos Mi Familia y Cabal reiteraban a cada instante que la resolución de la CC permitía un reconteo.

Sin embargo, en la resolución emitida por los magistrados constitucionales se ordenaba una nueva revisión de las actas de las Juntas Receptoras de Votos, luego un cotejo con las actas de las Juntas Electorales Departamentales y “de ser necesario, un nuevo conteo de votos”.  Para esto último, señala la CC, deben existir “resoluciones debidamente razonadas”.

“Los partidos Vamos, Cabal y Mi Familia se han alineado para amedrentar y amenazar a los representantes de las Juntas Electorales”, señaló el fiscal del partido semilla Juan Guerrero.  “Están pidiendo algo ilegal porque no hay ningún respaldo en la Ley de Partidos Políticos que respalde esa acción que están pidiendo estos partidos políticos. Hay tres supuestos en el amparo de la CC.  Lamentablemente, la misma CC dejó una tercera opción que es un riesgo para todo el proceso”, indicó.

Otros fiscales de Semilla también señalaron a los integrantes del partido Republicano Guatemalteco que estaban amedrentando a los integrantes de las Juntas Electorales.

Y mientras Semilla señalaba a los integrantes de estos partidos de generar un caos, en otras mesas los fiscales del partido Valor alegaban que nos los dejaban participar en la reunión.

“En la Junta Departamental de San Marcos fueron acreditadas unas personas y fueron acreditadas en el Registro de Ciudadanos para participar como fiscales, si hay nuevas personas deben renunciar los otros acreditados” le señalaban los delegados departamentales.  “En dónde dice eso, en qué parte de la ley dice eso. Aquí está la secretaria general del partido y trae una hoja firmada”, le cuestionaba Elmer Palencia, fiscal del partido Valor.

Todos los partidos que este día presentaron inconformidades han apoyado al gobierno de Alejandro Giammattei en todas sus decisiones y conforman una alianza desde 2020.

La jornada de revisión se tenía previsto que finalizara a las 17:00 horas, pero ninguna de las Juntas Electorales ha podido culminar con su proceso de revisión en medio de todos los problemas presentados por los fiscales.  Mientras ese proceso no termine el TSE ya anunció que no oficializará datos ni adjudicará puestos de diputados, alcaldes o de los binomios que deben disputar la segunda vuelta electoral.

Además de las exigencias de los fiscales los delegados electorales también se muestran incómodos debido a que varias Juntas Departamentales trabajan simultáneamente en un mismo espacio el cual no permite una discusión tranquila ya que las discusiones de todas las juntas se mezclan.

“El pueblo ya votó, estamos vigilantes. En las urnas, no en las Cortes”, grita un grupo de manifestantes que protestan afuera del lugar.

Hasta el momento los magistrados del TSE no se han pronunciado sobre los incidentes en el Parque de la Industria el cual se mantiene fuertemente custodiado por integrantes del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) desde el domingo pasado, 2 de julio.

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