Después de realizada la primera vuelta de elecciones generales el día 25 de junio del año 2023 y ante la actitud asumida por los partidos políticos que incluye a la UNE y aquellos que no lograron pasar a la segunda vuelta de elecciones y que por disposición legal varios de ellos deben desaparecer al no llegar a los porcentajes que la ley exige para su existencia.
LAS AUTORIDADES INDÍGENAS MAYA IXIL DE LOS MUNICIPIOS COTZAL, CHAJUL Y NEBAJ
RECHAZAMOS la actitud asumida por los partidos políticos que, mediante un amparo y sus denuncias ilegítimas, se niegan a reconocer la desaprobación a sus candidatos por parte de la población que acudió a las urnas electorales a manifestar su voluntad.
RECHAZAMOS rotundamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad que otorga el amparo provisional a prevención, que no tiene fundamento legal para ordenar repetir audiencias de revisión de escrutinio ni reconteo de votos, y tampoco contaba con las pruebas suficientes y necesarias para otorgar dicho amparo provisional, ordenando la revisión y cotejo de actas en todo el territorio y de todas las votaciones de todos candidatos, pues, las pruebas ofrecidas por los partidos inconformes apenas hacen referencia a actas de 152 mesas electorales de entre miles de ellas, sin siquiera precisar las votaciones afectadas lo que por sí es una grave deficiencia en todo amparo. Además, responsabilizamos a sus magistrados del conflicto que ha generado en la sociedad guatemalteca por su resolución desproporcionada y se fundamenta en hechos imprecisos que los amparistas denuncian y por abrir las puertas a cometer ilegalidades por parte de los partidos políticos perdedores.
POR ESA RAZÓN EXIGIMOS
A la Corte Suprema de Justicia dentro del ejercicio constitucional de sus competencias en esta materia, suspender definitivamente el trámite de las acciones de amparo y por consiguiente, revocar el amparo provisional emitido, por falta de sustento legal, imprecisión de los supuestos agravios y falta definitividad; pues, lo único que es evidente es la intención de esos partidos políticos perdedores de viciar el proceso electoral, al no respetar el debido proceso electoral, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Constitución Política de la República y la voluntad del pueblo de Guatemala expresada en las urnas electorales.
Al Tribunal Supremo Electoral, garantizar la voluntad del pueblo de Guatemala expresado en las urnas electorales y respaldar las juntas electorales departamentales y del Distrito Central que deben ejecutar el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad y pronunciarse sobre el conflicto que está generando su silencio.
A los secretarios generales de los partidos políticos que no firmaron las acciones de amparo, a velar por que en las audiencias programadas se respete la ley, en el sentido de que se opongan a la ilegalidad de la nueva audiencia de revisión de escrutinio ordenada por la Corte de Constitucionalidad para todas las votaciones y para todo el territorio nacional, y que dicha revisión se limite única y exclusivamente a las actas cuestionadas en el amparo, y oponiéndose a un recuento de votos, por ser ilegal; y a los partidos políticos firmantes del amparo exigimos que se limiten a la revisión las actas que cuestionaron en el amparo y a que reconozcan que ya no son aceptados por la población, porque varios de ustedes, de no ser por esta acción ya deberían estar cancelados por no haber llegado al porcentaje de votos necesarios para su sobrevivencia, y esa es la expresión del voto ciudadano que deben acatar.
NOS SUMAMOS A LOS PRONUNCIAMIENTOS REALIZADAS POR ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y AUTORIDADES INDÍGENAS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PERDEDORES RESPETEN LA VOLUNTAD DEL PUEBLO DE GUATEMALA Y QUE NO CONTINÚEN SOCAVANDO EL ESTADO DE DERECHO, ANTEPONIENDO SUS INTERESES POR MANTENER LA COOPTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.
AL PUEBLO DE GUATEMALA
Pedimos que se mantenga alerta para que el pacto de corruptos no vicie el proceso electoral y continúe afectando directamente la débil democracia, como ocurrió con la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, que para octubre del presente año cumplirán cuatro años de ejercicio inconstitucional e ilegal de las magistraturas.
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Pedimos el acompañamiento necesario al pueblo de Guatemala para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de la población, entre estos el derecho a elegir, a la libre expresión, entre otros.
Territorio Ixil, 4 de julio del año 2023.
