Organizaciones en tres países de la región estudiaron y evaluaron las condiciones de acceso a justicia para la población en los últimos nueve años y los hallazgos muestran que, a pesar del incremento de presupuestos, las instituciones no responden a la población y permanece la impunidad y corrupción en las mismas.
Por Shirlie Rodríguez
El Monitor Centroamericano es un ejercicio de fiscalización en Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde se enfocan en dar seguimiento a temas de acceso a justicia, violencia, corrupción, violencia policial y acceso a la información.
En Guatemala, la Fundación Myrna Mack es la que realiza el trabajo de investigación y presentaron los resultados de su último monitoreo con respecto al tema de acceso a justicia y la situación actual de las instituciones como el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Instituto de la Defensa Pública Penal.
Los hallazgos se hacen con información que obtuvieron a través de solicitudes de información desde el año 2014 hasta 2022.
El informe indica que el presupuesto del Ministerio Público (MP) se ha incrementado desde el 2014 en el cual tenían una asignación de US$129 millones y el año pasado llegó a US$350 millones.
Esta misma entidad reporta que en 2014 tenían 1 mil 923 fiscales y ahora hay 6 mil 902 que están a cargo y trabajando en las diferentes fiscalías a nivel departamental y municipal.
Con respecto a estos hallazgos, se evidencia que también hay disminución en las denuncias que la población presenta, tampoco hay respuesta pronta y eficiente en el acceso a justicia porque el MP incrementó la cantidad de casos archivados y que no continúan una etapa judicial.
Lisset Vásquez, directora ejecutiva de la Fundación Myrna Mack explicó que con estos resultados que obtuvieron se mostró que tanto el MP como el Organismo Judicial aumentaron su presupuesto en un 350% en los últimos nueve años.
En 2014 se registraba que el MP tenía 12 fiscales por cada 100 mil habitantes, pero ahora tienen 40 por esta misma cantidad, lo cual indica que hay más presencia institucional, pero no se refleja en los resultados de las sentencias y casos que denuncia la población.
Vásquez aseguró que a pesar de que en El Salvador hay una menor cantidad de casos denunciados, la fiscalía tiene más casos en procesos de investigación y que llegan hasta condenas, contrario a lo que sucede en Guatemala, ya que la mayoría se archivan.
Un ejemplo es que en Guatemala los delitos de extorsión se denuncian constantemente, pero en el último año se archivaron 12 mil 157 casos, lo cual refleja según el estudio, la falta de acceso a justicia e impunidad para la población afectada.
“El objetivo es que conozcamos estas cifras y ponerlas a disposición de la población para que observen cómo estamos en temas de justicia y derechos humanos. Con esto se puede hacer un análisis comparativo entre las condiciones de los países de la región norte de Centroamérica”, dijo Vásquez.
Una de las entidades que está más afectada a nivel nacional en los últimos nueve años con respecto a la disminución de recursos y de personal es el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), según la información que obtuvieron con este monitoreo.
En 2014 contaban con 810 defensores públicos, pero ahora tienen 623, lo cual retarda la atención de la población que no tiene recursos financieros para contratar a un abogado.
“Es una forma de mantener a la población con altos índices de impunidad y no responder a las necesidades cuando se requiere. Las personas con algún conflicto legal no pueden pagar un abogado o quienes quieren hacer denuncias sin el seguimiento de un abogado no tienen respuesta a los casos, entonces hay decepción de la misma ciudadanía”, dijo Antonio Chan, de sociedad civil y que fue invitado a la presentación del evento.
Uno de los datos que dieron a conocer en la presentación es que en El Salvador las autoridades no entregaron la información solicitada a las diferentes instituciones públicas. Este es uno de los factores a los que se enfrentan con el gobierno de Nayib Bukele, quien bloqueó y redujo el acceso a información estatal.
Este monitoreo es realizado por la Fundación Mirna Mack en Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) en Honduras y es apoyado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
En mayo se presentó en El Salvador y Honduras y esperan que en julio se entregue también la información a organizaciones que velan por los derechos humanos en Washington, Estados Unidos.
