El Registro de Ciudadanos apeló la decisión de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo que permitiría la participación de candidatos departamentales de la agrupación política. Abogados dicen que la resolución está fuera de lugar porque la Sala Sexta ya conoció ese mismo tema.
Por Shirlie Rodríguez
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hay un avance de alrededor del 60% de la impresión de las papeletas para utilizar en las próximas Elecciones Generales, del 25 de junio, pero ahora está en análisis por la posible participación del partido Prosperidad Ciudadana. La inspectoría del TSE lo verificó el pasado 7 de junio y ahora está pendiente de conocer si necesitarán cambios en la boleta.
La secretaria general del partido Lilian García dio a conocer este viernes 9 de junio, que la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional al partido Prosperidad Ciudadana avalando la participación de las candidaturas a diputaciones distritales y alcaldías en 11 departamentos.
Según García, con esta acción retomarían la campaña electoral en los departamentos en donde tienen presencia, para promover la imagen de los candidatos que sí tendrían la autorización de participar.
En respuesta, el Registro de Ciudadanos apeló la decisión de la Sala Quinta, ante la Corte de Constitucionalidad (CC), porque existe un fallo previo en este mismo órgano que inhabilitó al partido de participar con todos sus candidatos.
#URGENTE El Registro de Ciudadanos apela resolución que habilita la inscripción de determinadas candidaturas del partido Prosperidad Ciudadana. pic.twitter.com/LF10JGkh2q
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 10, 2023
Según el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, el segundo amparo que resolvió permitir la participación de 180 candidatos departamentales está fuera de lugar, porque la Sala Sexta ya conoció ese mismo tema.
La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo anuló la participación de todos los candidatos de Prosperidad Ciudadana al no cumplir tres requisitos en la Asamblea General del partido, el 20 de noviembre de 2022.
A pesar de las apelaciones que presentó el partido, la CC resolvió mantener fuera de las elecciones al PC.
Ahora, la Sala Quinta resolvió que podían participar los candidatos de 11 departamentos, porque ellos fueron juramentados en asambleas departamentales y no en la general.
El analista Ortiz dice que se están tratando asuntos que ya se conocieron y por eso la CC debería revocar las candidaturas, porque se discutió y solo debe esperarse la sentencia de la Sala Sexta.
“No cumple con los requisitos básicos de un amparo, porque está tratando asuntos que ya están en discusión del amparo original”, dijo Ortiz.
Para el abogado Alejandro Balsells Conde, estas acciones están fuera de lógica, porque una Sala de Apelaciones no podría habilitar o inhabilitar una candidatura, porque todo esto debe estar bajo la tutela del TSE.
“La Ley Electoral y de Partidos Políticos dice que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral y lo que estamos viendo son recursos totalmente improcedentes, porque el Registro de Ciudadanos jamás puede ser objeto de amparo”, señaló Balsells.
Balsells agregó que estas acciones pueden ser tomadas como un abuso del derecho de las Cortes y se están cometiendo serias anomalías que ponen en riesgo el proceso.
“Nos guste o no, pero Carlos Pineda fue inhabilitado con ilegalidad total y ahora están habilitando gente con una ilegalidad total. Porque la única resolución que puede ser objeto de amparo son las que emanan del Tribunal Electoral y no del Registro de Ciudadanos. Estamos viendo pésimas instituciones que hacen lo que se les da la gana”, enfatizó.
Con respecto a los plazos, la ley dice que la apelación del Registro de Ciudadanos contra la habilitación de participación de los candidatos de PC, debería conocerse en 48 horas, pero agregando tiempos de notificación podrían ser hasta siete días más.
La magistrada del TSE Irma Palencia dijo que hasta ahora se esperará la resolución de la CC y si deben hacer modificaciones a las papeletas se tendrían que imprimir de nuevo con un costo de Q25 millones.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt), en un comunicado denunció que estas medidas son un atentado que debilita la integridad del proceso electoral.
En el documento indican que se está permitiendo una participación selectiva de candidatos y se excluye al binomio presidencial.
“Vemos con preocupación la interferencia institucional del Ministerio Público sobre la autonomía del TSE y la competencia electoral. Esto muestra no solo favoritismos sino también evidencia que la legislación guatemalteca se utiliza como un recurso para ajuste de cuentas con personas que se consideran indeseables o peligrosas, según los intereses de grupos de poder”, dice el comunicado.
