Salud entrega varios contratos millonarios a empresas señaladas que fueron investigadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG. Los recursos provienen de un préstamo con el BCIE, una de las adjudicaciones fue a la empresa Opción Técnica que fue señalada de pago de sobornos en la construcción de hospitales durante el Gobierno del Partido Patriota.
Por Carlos Estrada
El Ministerio de Salud adjudicó el mejoramiento y ampliación de los hospitales de Sololá y Chiquimula por Q536 millones 861 mil 325.92. Los proyectos fueron adjudicados a dos consorcios de empresas que están vinculadas a casos de corrupción en el país.
El proceso de licitación se inició desde el año pasado, sin embargo, fue hasta la semana anterior que las Juntas de Licitación hicieron públicas las adjudicaciones de los procesos en el portal electrónico de Guatecompras.
Uno de los contratos fue para la ampliación del hospital de Sololá y fue adjudicado por Q274.2 millones, mientras que el otro fue para la ampliación del hospital de Chiquimula y fue adjudicado por Q262.6 millones.
Estos contratos se dan a pesar de que las empresas beneficiadas ya fueron investigadas en casos de corrupción dentro del sistema de salud público, un antecedente grave que las autoridades actuales dejaron de observar.
El hospital en Sololá
En el caso del hospital de Sololá, se contrató al consorcio “APCA REMPO” en el cual participa la empresa guatemalteca Constructora R y P Limitada, cuyo representante legal es Mario René Razuleu Guzmán.
Antes de esta adjudicación la empresa recibió contratos con el Estado por Q156 millones 422 mil 185.94. En 2007 recibió un proyecto por Q44 millones para la construcción del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información del Instituto Técnico de Capacitación (Intecap). El resto de las adjudicaciones han sido menores y fueron todas antes de 2018.
En total la empresa ha facturado al Estado Q430 millones 656 mil 699.55, incluyendo la adjudicación actual con el Ministerio de Salud.
En este conglomerado participa también la empresa mexicana Empo Constructores, S.A. de C.V. que tiene su sede en el estado de Quinta Roo y tiene como representante legal a Adolfo Vargas Bolaños.
La empresa ha tenido varias adjudicaciones públicas menores en México, entre ellos la remodelación del Congreso de Puebla, proyecto que fue señalado por posible “sobrecosto”, según señalan varios medios mexicanos, entre ellos El Sol de Puebla. Mientras tanto El Sol de Quinta Roo detalló en una publicación que la empresa le fueron adjudicadas en Quintana Roo “obras fantasmas”, según la publicación ya que señala que la Secretaría de Obras Públicas no detalló cuáles fueron los trabajos que llevó a cabo la constructora.
El proyecto del hospital de Sololá consistirá en la construcción de 14 mil 543.20 metros de un edificio nuevo que se dividirá en cinco niveles, además de áreas exteriores, también se remodelarán 623 metros del primero y segundo nivel del edificio COVID, según las especificaciones.
El proyecto es bajo la modalidad “llave en mano”, lo que significa que las mismas empresas adjudicadas deberán también equiparlo como lo establecen
las especificaciones técnicas, además de diseñar y construir. Este proyecto fue adjudicado en Q274 millones 234 mil 513.61.
Asalto al Ministerio de Salud
La otra adjudicación hecha por el Ministerio de Salud fue al Consorcio Sololá, que está integrado por la constructora guatemalteca Opción Técnica y por Eductrade S.A. una empresa española fundada en 1976 que tiene proyectos en varios países de América Latina y según la información pública, tiene experiencia en proyectos “llave en mano”.
El proyecto adjudicado al Consorcio Sololá fue el de la ampliación del hospital de Chiquimula que tendrá un costo de Q262 millones 626 mil 812.31.
Opción Técnica está señalada en el caso Asalto al Ministerio de Salud, el representante legal de la empresa Nicolas de Jesús Acevedo Sandoval, fue acusado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Cohecho Activo y Testaferrato.
Según las investigaciones y la declaración del colaborador eficaz Jorge Estévez, primo del expresidente Jimmy Morales, Juan Manuel Peláez Corzo, fue recomendado por el exdiputado Luis Fernando Pérez y se encargaba de cobrar las comisiones de las empresas constructoras y de repartir el dinero para la estructura que estaba conformada por la hija del exministro Saraí Villavicencio, el mismo Jorge Villavicencio (fallecido) así como a Estévez y a Pérez.
La empresa Opción Técnica habría pagado el 15 por ciento de comisión de los contratos en al menos dos proyectos que le fueron adjudicados por el Ministerio de Salud, según lo detalla la presentación de la CICIG.
Dentro de los allanamientos por el caso Construcción y Corrupción, los investigadores de CICIG también encontraron información relacionada con la empresa en los documentos encontrados en la oficina del contador del ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi Aparicio.
Los investigadores consideraban que esos montos encontrados eran los sobornos que la empresa había pagado por cada desembolso que, el Ministerio de Comunicaciones hacía a la empresa constructora, sin embargo, tras la salida de la CICIG las pesquisas relacionadas con esos hallazgos se paralizaron.
El Ministerio de Salud refirió que la razón por la que se contrataron empresas con señalamientos fue por: “Todos los procesos de compras y licitaciones cuentan con el acompañamiento, aprobación y respaldo del MSPAS, BCIE y BID, además de una firma auditora externa que respalda nuestros gastos. Estas instituciones supervisan todo el proceso de licitación, desde los términos de referencia, hasta la adjudicación y estos solo avanzan con el aval de esas entidades, para lo cual brindan la no objeción de cada una de las fases del proceso de licitación”.
Además, agregaron que Unidad Especial De Ejecución De Programas y Proyectos De Salud (UEPPS) no es una entidad que se dedique a la investigación de las empresas que participan en los procesos de licitación.
Se intentó contactar con algún representante de la empresa Opción Técnica al número de teléfono que reporta en Guatecompras, sin embargo, nadie respondió en los intentos que se realizaron.
Corrupción en Salud
La corrupción en la construcción y equipamiento de hospitales no se limitó a lo que sucedió durante el Gobierno del Partido Patriota y fue desvelado por la CICIG. En la actual administración, se conoció cómo se defraudaron al menos Q67 millones al Estado en el equipamiento del hospital nacional de Chimaltenango el cual había sido reconstruido con fondos del Gobierno de Taiwán.
Hasta el momento, no se han conocido más avances sobre la investigación la cual algunos políticos señalaban tenía relación con diputados oficialistas.
El exministro y asesor
El ex ministro de Salud, Hugo Monroy Castillo que fue destituido en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 fue nombrado por el presidente Alejandro Giammattei como asesor para la construcción de hospitales.
Monroy ha recibido cuatro contratos desde agosto de 2020 por un total de Q1 millón 96 mil 451.61.
Monroy, según las declaraciones de Giammattei, se encargaría de dirigir la “unidad médica” que tendría a su cargo la construcción de siete nuevos hospitales.
En total, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó US$193.2 millones en un préstamo para el programa e Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario.
Para los hospitales de Sololá y Chiquimula el BCIE había presupuestado un total de US$27 millones 942 mil 932 para el “Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha para el mejoramiento y/o ampliación de los Hospitales de Sololá y Chiquimula”, según lo muestra el Plan General de Adquisiciones FO-CP-07-12 versión 1 sin embargo, las adjudicaciones actuales ascienden a alrededor de US$68 millones 828 mil 375.11.
