Al haberse suspendido el amparo solicitado por la activista Nancy Chiris Sinto, se mantiene la decisión de enviarla a juicio, por el delito de depredación de bienes culturales. Su abogado defensor aseguró que la jueza busca criminalizar el derecho a manifestar que tiene la ciudadanía y con ella, buscan un castigo ejemplar. En este caso el Ministerio Público al frente de Consuelo Porras busca crear castigos ejemplares para evitar que la ciudadanía ejerza sus derechos.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió no entrar a conocer un recurso de amparo planteado por la defensa de la activista maya Kaqchikel, Nanci Paola Chiriz Sinto, quien buscaba detener la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones que, ordena que Chiriz Sinto fuera enviada a un juicio por los supuestos incidentes durante las protestas anticorrupción de noviembre de 2021 contra el gobierno de Alejandro Giammattei.
Al haberse suspendido el amparo solicitado por la activista, se mantiene firme la decisión de la Sala. A raíz de ese fallo, la jueza encargada del Juzgado Duodécimo Penal, Sonia Martínez, resolvió enviar a debate a Chiris Sinto, por el delito de depredación de bienes culturales.
La CC no entró a conocer la acción legal por considerar que no era la vía idónea para impugnar esa resolución. “Es procesalmente inviable el amparo instado contra el rechazo de un medio de impugnación que, según la ley y la doctrina legal aplicable es improcedente, es decir, es idóneo para cuestionar la resolución que se pretende discutir mediante dicho recurso”, falló.
“El recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan: 1) Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia, o cuando el debate se halle dividido, contra las resoluciones que integran la sentencia. 2) Los recursos de apelación contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia. 3) Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia, en los casos de procedimiento abreviado. 4) Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso; y los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal¨, concluyó la CC.
Criminalizan el derecho a manifestar en Guatemala
Esteban Celada, abogado de Sinto, hizo un llamado a la ciudadanía para que estén pendientes de los jueces que resuelven los casos que ingresan a la torre de tribunales. “Es preocupante que nuestro destino esté en manos de personas que no tienen capacidades técnicas”, añadió.
“Son preocupantes las argumentaciones de la jueza. Se interpusieron recursos dentro de la audiencia, lo más preocupante es que el día de hoy se amparó mucho en independencia de justicia, pero qué independencia es cumplir con lo ordenado por una Corte, no hay, porque los de arriba les dicen a los de abajo que tienen que hacer”, expresó el abogado.
Celada aseguró que las argumentaciones de la jueza buscan criminalizar el derecho a manifestar. “Ella hizo mucho énfasis en que las manifestaciones no habían sido pacíficas, es preocupante que un juez de garantías diga que el derecho a manifestar es con silencio y fuera de las expresiones que ha habido de ciudadanía”, agregó.
MP de Consuelo Porras pide juicio contra Nancy Sinto
La acusación de la fiscalía surge luego de los hechos ocurridos en el Congreso de la República durante una protesta ciudadana contra la corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei. Ese día en un echo bastante confuso un área limitada del congreso prendió en fuego a pesar de la presencia del personal de seguridad del legislativo y fuerzas antimotines en su interior.
Sinto luego de sufrir agresiones por parte de las fuerzas antimotines de la Policía Nacional Civil en la calle, tras reprimir las protestas fue identificada por el MP y luego señalada de haber hecho pintas en el muro de la fachada del edificio del Congreso.
Las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020 se derivaron de la aprobación exprés del presupuesto 2021 por más de Q99.7 millardos por parte del Congreso y que fue justificado en más de una oportunidad por el presidente Alejandro Giammattei.
Las medidas extremas solicitadas por el MP y la criminalización de una mujer Maya Kaqchikel en relación a este incidente es considerado por organizaciones de derechos humanos como absurda, ya que la infraestructura de un edificio no puede estar por encima de los derechos constitucionales y humanos de la ciudadanía.
Mayores destrozos provocaron las asociaciones de militares jubilados y los grupos de soldados retirados que ingresaron violentamente al Congreso destruyendo parte de las instalaciones el 19 de octubre de 2021, exigiendo resarcimiento por sus servicios militares durante la guerra en Guatemala. De ese ataque al Congreso ninguna fiscalía ha dado resultados sobre los responsables de los hechos, tanto materiales como intelectuales. Al contrario, los exmilitares fueron premiados con un pago de Q36 mil para cada exmilitar.
Exparamilitares agreden a periodista Simón Antonio de Prensa Comunitaria y otros siete reporteros
Más información
El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto y Dulce Archila
