La acción que Cristosal presentó ante la CC establece que se deja abierta la puerta para que el Gobierno por medio de los ministerios de Comunicaciones y de Desarrollo Social, además de los CODEDE pueda realizar adquisiciones poco transparentes.
Por Isela Espinoza
El 30 de noviembre del año pasado el Congreso aprobó, mediante enmiendas, un presupuesto que asciende a Q115 mil 443 millones 737 mil, Q3 mil 148.3 millones más de lo que el Ejecutivo había propuesto (Q112 mil 894 millones). Sin embargo, el Decreto 54-2022 que le da vida a la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, deja abierta la puerta para usar fondos que habían quedado sin ejecutar del presupuesto del año pasado.
Los artículos en mención favorecerían al Ministerio de Comunicaciones, al de Desarrollo Social y a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) con más fondos para ejecutar este año.
Esto facilitaría que el Gobierno realice adquisiciones poco transparentes y fomenta la corrupción, denunció Flor de María Salazar, Coordinadora Nacional de Cristosal en Guatemala. Los artículos del decreto a los que se refiere la organización de derechos humanos son específicamente el 113, 121 y 129 ya que incrementan de forma indeterminada el monto aprobado en la ley.
“La Constitución dice que existe un principio de unidad del presupuesto, entonces no puede haber una disposición a la ligera que diga que el próximo año se pueden usar los recursos públicos no ejecutados en 2022”, comentó Salazar. Además, explicó que esto permite que los funcionarios amplíen los gastos “con libertad y opacidad” por lo que se viola el artículo 237 de la Constitución que señala: “La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos”.
¿Qué dicen los artículos señalados por Cristosal?
Artículo 113. Saldos de Ley de Infraestructura Estratégica.
Se autoriza ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, hasta por el saldo pendiente de ejecutar de los recursos asignados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda mediante el Decreto Número 21-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica. Dichos saldos deberán asignarse y ejecutarse para el fin establecido en el citado decreto.
Artículo 121. Ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
Se amplía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, a favor del Ministerio de Desarrollo Social, hasta por el monto necesario para financiar el primer año de los recursos dispuestos en la Ley Temporal de Desarrollo Integral aprobada por el Congreso de la República, cuando esta sea sancionada por el Organismo Ejecutivo, con fondos de saldos de caja iniciales establecidos en el Presupuesto General de Ingresos 2023 que fueran incrementados por la recaudación tributaria del ejercicio fiscal 2022.
Artículo 129. Asignaciones a consejos de desarrollo pendientes de ejecutar.
Se podrá ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado ejercicio fiscal 2023, hasta por el saldo pendiente de ejecutar de los recursos extraordinarios asignados a los consejos departamentales de desarrollo aprobados mediante el Decreto Número 16-2021
Cristosal enfatizó que estos artículos violan los de la Constitución específicamente el 171, 175, 237 38, 240 y 268. Pretende tomar fondos del presupuesto del año anterior, cuyo sustento legal ya no está vigente y, por lo tanto, constituye un gasto sin fuente determinada. Ello contraviene el artículo 240 de la Constitución: “Toda ley que implique inversiones y gastos del Estado, debe indicar la fuente de donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos”, enfatiza el comunicado.
Por ese motivo, Cristosal presentó una acción inconstitucionalidad el 21 de marzo contra el Decreto 54-2022 y el 4 de abril fueron notificados que la medida fue admitida para trámite con audiencia de 15 días al Congreso y al Ministerio Público (MP). Si se cumplen los plazos de tiempo establecidos en la ley, el siguiente paso sería que Cristosal, el Congreso y el MP presenten sus conclusiones para que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva si los artículos son inconstitucionales o no.
Sin embargo, Salazar explicó que la CC no está cumpliendo con los plazos y resuelve hasta seis meses después. Para la directiva de Cristosal, llama la atención que el uso arbitrario de estos fondos se da en un contexto electoral.
“El año pasado planteamos la primera inconstitucionalidad y ya habían traslado una cantidad de dinero a los Consejos de Desarrollo Departamental (CODEDE). Esa fue una primera alerta de que pueden empezar a ejecutar obras a partir de las bases locales del gobierno actual en periodo electoral y de una forma mucho más ágil”, agregó.
