Las condenas dictadas contra el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y su entonces viceministro Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, quedaron firmes con el rechazo de un amparo solicitado por la PGN.
Por Alexander Valdéz
Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó firme las condenas dictadas contra el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y su entonces viceministro Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, ambos sentenciados a ocho años y cinco meses de prisión por el delito de fraude en caso denominado Blindados.
La resolución se dictó dentro de un amparo pedido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) que buscaba reactivar el caso, para poder solicitar una reparación digna en favor del Estado, la cual fue negada durante el final del debate por inconsistencias en la petición.
“Lo resuelto por el juzgador se considera apegado a Derecho en virtud de lo argumentado, y no se considera ilógico por la agraviada que es la restitución del monto total de la negociación, puesto que se acreditó que el servicio contratado se prestó y a falta de una precisa, clara y concreta cantidad acreditada a ser reclamada, lo menos que se podía esperar es la declaratoria sin lugar de la reparación reclamada”, resolvió la CC con relación al reclamo de la PGN.
Al haberse negado la acción legal de la PGN, las sentencias contra los exfuncionarios del gobierno del extinto Partido Patriota deben ejecutarse.
Las condenas por corrupción
En marzo del 2018, el Ministerio Público (MP) expuso que una estructura que defraudó al Estado con contratos ilícitos se benefició con unos Q28 millones, en un caso en el que también se involucraba al exministro de Gobernación, Mauricio Bonilla.
Según la investigación, exfuncionarios del gobierno del PP habrían evadido la ley de Contrataciones, al arrendar 47 vehículos blindados en Q32.7 millones por excepción, pero debieron hacer una licitación pública, ya que el monto excedía Q90 mil.
“La empresa Multiservicios Exclusivos “suscribió nueve contratos con Gobernación, utilizando la modalidad de casos de excepción para beneficiarse económicamente de manera ilícita”, de acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción. La investigación también determinó que dicha empresa “no contaba con la infraestructura ni la capacidad para prestar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados”, cita el MP.
La pesquisa estableció que existió “retorno de dinero a funcionarios del MINGOB, familiares del propietario de la entidad y otras personas que conformaron la estructura criminal”. El dinero fue depositado en cuentas bancarias de los implicados, a través de cheques o fueron cobrados en efectivo.
En septiembre del 2018, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, presidido por el juez Carlos Ruano, resolvió que las pruebas presentadas contra los dos exfuncionarios de gobernación eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal, por esa razón, Bonilla y Consuegra fueron declarados culpables.
Este no fue el único caso por el que el exministro de Gobernación fue acusado. Se le condenó en el caso Patrullas; a 13 años de cárcel. Además, está procesado en Cooptación del Estado, entre otros. Actualmente también tiene vigente una solicitud de extradición de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Las condenas por corrupción
En marzo del 2018, el Ministerio Público (MP) expuso que una estructura que defraudó al Estado con contratos ilícitos se benefició con unos Q28 millones, en un caso en el que también se involucraba al exministro de Gobernación, Mauricio Bonilla.
Según la investigación, exfuncionarios del gobierno del PP habrían evadido la ley de Contrataciones, al arrendar 47 vehículos blindados en Q32.7 millones por excepción, pero debieron hacer una licitación pública, ya que el monto excedía Q90 mil.
“La empresa Multiservicios Exclusivos “suscribió nueve contratos con Gobernación, utilizando la modalidad de casos de excepción para beneficiarse económicamente de manera ilícita”, de acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción. La investigación también determinó que dicha empresa “no contaba con la infraestructura ni la capacidad para prestar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados”, cita el MP.
La pesquisa estableció que existió “retorno de dinero a funcionarios del MINGOB, familiares del propietario de la entidad y otras personas que conformaron la estructura criminal”. El dinero fue depositado en cuentas bancarias de los implicados, a través de cheques o fueron cobrados en efectivo.
En septiembre del 2018, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, presidido por el juez Carlos Ruano, resolvió que las pruebas presentadas contra los dos exfuncionarios de gobernación eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal, por esa razón, Bonilla y Consuegra fueron declarados culpables.
Este no fue el único caso por el que el exministro de Gobernación fue acusado. Se le condenó en el caso Patrullas; a 13 años de cárcel. Además, está procesado en Cooptación del Estado, entre otros. Actualmente también tiene vigente una solicitud de extradición de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
