Créditos: Prensa Comunitaria
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

Pescadores artesanales, leñadores y agricultores que hacen uso a diario del lago de Izabal, temen que con esta ley se pretenda privatizar este recurso natural.

Por Prensa Comunitaria

Pescadores artesanales, leñadores y agricultores del área del Polochic, se reunieron en el campo de fútbol del barrio San Jorge, del municipio de El Estor, Izabal, para discutir y rechazar la iniciativa de ley 6075, que dispone aprobar la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Según el documento presentado por la directiva de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, son 21 diputados los que buscan aprobar la Ley General de Pesca y Acuicultura, en la que se solicitará licencia de pesca y licencia de embarcación, medidas según ellos que no solo afectarían a los pescadores sino también a los leñadores y agricultores del área del Polochic.

Los pescadores solicitaron que se respete su derecho a la economía, ya que su principal fuente de ingresos en la región maya Q’eqchi’, de El Estor, es la pesca artesanal, la venta de leña y la agricultura.

Prensa Comunitaria.

Dos pescadores, que pidieron no revelar sus nombres, manifestaron sentirse afectados y que la normativa solo busca privatizar el lago de Izabal, que además ha sido afectado por la contaminación que provocan las empresas extractivas que operan en la región, y que ha destruido el hábitat de especies en peligro de extinción.

Además, señalaron que el costo de las licencias estaría entre Q300 y Q400, más gastos jurídicos para que los equipos sean reconocidos legalmente.

“Lo que quieren es que las personas que nos ganamos la vida por la vía acuática nos quedemos sin el sustento diario. Nosotros apenas ganamos para alimentar a nuestros hijos y si nos obligan a pagar una licencia de pesca, una licencia de embarcación, significa que nos están privatizando el ingreso económico para nuestra familia”, dijeron.

Aunque los pescadores se oponen a esta nueva ley, la Capitanía Lacustre de El Estor, Izabal, comenzó a monitorear las embarcaciones desde el pasado 1 de marzo, lo que significa que desde esa fecha los pescadores, leñadores y agricultores temen que sus equipos de trabajo (cayuco, motor marino, trasmallo y las herramientas de agricultura) puedan ser consignados y multados.

Prensa Comunitaria.

Según un video del Congreso de la República, la normativa propone la coordinación interinstitucional y el fomento de técnicas de producción de peces, con respecto a los conocimientos ancestrales.

Miembros de la directiva de la Gremial de Pescadores informaron que en la actualidad un 50 por ciento de padres jóvenes dependen de la pesca o la agricultura en el área del Polochic y la nueva ley los perjudicaría, debido a que estas personas solo alquilan un cayuco o una red de pesca, con el fin de llevar el sustento a su hogar.

Además, señalaron que no se fomenta la producción de peces, además de que existe en la región un grupo de pescadores llamados “jaladores”, que rastrean el lago con una red de 5 mil metros, llevando hasta las orillas todo tipo de especies, sin que las autoridades hagan algo al respecto.

Podríamos aceptar lo que se propone, pero es imposible, pues por la contaminación y la pesca ilegal en el lago de Izabal nuestros ingresos son cada vez menores y si pagamos una licencia le quitaríamos la comida a nuestros hijos, comentaron.

Para la columnista Vida Amor de Paz, especializada en temáticas medio ambientales, es importante que se incremente la industria pesquera en la región, pero jamás a costa de que sufran los más pequeños.

“La iniciativa 6075, que contempla la utilización de medios electrónicos y tecnología, no va con la realidad de la mayoría de pescadores artesanales, pues con la nueva modalidad tecnológica, en vez de facilitarles su registro, se les entorpece dicho proceso”, añade.

Prensa Comunitaria.

De Paz subraya que “se trata de personas de escasos recursos que no cuentan muchas veces con medios electrónicos, y menos con el tiempo para sentarse a escribir en una computadora que ni poseen… Eso sin contar con que se elevarían sus costos, pues no podría pagar sanción ni mantener a sus familias”.

“No es suficiente solo ver el diario quehacer de las grandes empresas, sino el de los más desprotegidos que intentan sobrevivir”, concluye.

La iniciativa de ley 6075 completó su tercer debate el pasado 1 de marzo en el pleno del Congreso de la República, por lo que el siguiente paso será la discusión y aprobación por artículos y redacción final.

Prensa Comunitaria.

 

COMPARTE