La CIDH condenó las políticas públicas utilizadas por los Estados para contener la pandemia del COVID-19, entre ellos el uso de estados de excepción que también se usaron para reprimir la protesta social. Guatemala se menciona en el documento como uno de los Estados que implementó dichas medidas, acompañadas del uso de la fuerza como en El Estor, contra la población Q’eqchi’, que protestó contra la mina Fénix y medios de comunicación que cubrieron, al igual que en la ciudad capital, en las protestas de noviembre de 2020.
Por Regina Pérez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó esta semana un informe titulado “Pandemia y Derechos Humanos” en el que analizó los impactos a los derechos de las personas, a partir de las medidas implementadas por los Estados, entre ellos Guatemala, como el uso de los estados de excepción dirigidos a contener la emergencia los cuales fueron utilizados para restringir libertades de expresión y el derecho a la protesta social.
Según el documento, desde marzo de 2020, los Estados declararon estados de excepción, estados de catástrofe de calamidad pública o emergencia sanitaria a través de normativas, con el fin de combatir la pandemia y evitar el incremento de contagios.
Las restricciones para enfrentar la pandemia se enfocaron en restringir las libertades de expresión y asociación, las reuniones públicas y otros derechos centrales de la democracia, según la CIDH. Esto restringió el derecho a la protesta pacífica.
En su momento, la Comisión advirtió que las manifestaciones fueron severamente reprimidas por las autoridades, incluso con el uso excesivo de la fuerza. En Guatemala, advirtió el desarrollo de numerosas protestas y condenó el uso excesivo de la fuerza particularmente contra pueblos indígenas, periodistas y medios de comunicación.
Entre estas se refiere a lo ocurrido el 22 y 23 de octubre de 2021, en El Estor, Izabal, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y ejército reprimieron violentamente a periodistas y manifestantes e integrantes del pueblo maya Q’eqchi’ que mantenían acciones pacíficas en reclamo al funcionamiento del proyecto minero Fénix en su territorio.
Dos casas de periodistas de Prensa Comunitaria fueron allanadas (Juan Bautista Xol y Carlos Choc Chub) una tercera, la de Baudilio Choc estuvo bajo control y vigilancia a partir del 24 de octubre con el Estado de excepción decretado luego de la represión, los tres periodistas tuvieron que ser desplazados de manera forzada del territorio.
Lea más detalles acá:
También condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes que expresaron su rechazo al Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, en noviembre de 2020, en el que la ciudadanía cuestionó el uso de los recursos para atender a la pandemia de la COVID-19 y la crisis social, económica y social agravada por las tormentas Eta y Iota.
Según la CIDH, en algunos casos se prohibió ciertas manifestaciones sociales con la premisa de salvaguardar la salud pública. Esto también ocurrió en Guatemala, cuando el gobierno de Alejandro Giammattei solicitó un estado de prevención en respuesta a las protestas que exigían su renuncia. Según el mandatario, dichas manifestaciones “alborotaban” el virus.
De acuerdo con la Comisión, es posible que los Estados establezcan restricciones al derecho a la protesta social en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 siempre y cuando dichas restricciones sean conforme a los estándares interamericanos. En ese sentido, ha subrayado que el derecho a la protesta debe ser considerado como regla general y las limitaciones deben ser una excepción.
Entre sus conclusiones, la CIDH señaló que, en el contexto de la pandemia, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en algunos países de la región se han visto debilitados con decisiones administrativas y judiciales que atentan contra la independencia judicial. A la vez, se han profundizado los patrones de represión y violencia contra personas defensoras y contra manifestantes en protestas sociales; también se agravaron las agresiones contra periodistas lo que representa una afrenta a la libertad de expresión.
La pandemia en Guatemala
Guatemala confirmó su primer caso de COVID-19 el 13 de marzo de 2020. La pandemia del COVID-19 dejó aproximadamente 20,189 personas fallecidas, de acuerdo con los más recientes reportes del Ministerio de Salud.
La compra opaca de vacunas por parte del gobierno de Giammattei a Rusia, la falta de insumos y personal médico en los hospitales y la mala gestión de la pandemia fueron el centro de numerosas protestas realizadas en 2021 en contra de su administración.
Lea más detalles acá:
Estados de prevención y COVID-19. ¿Han disminuido los casos con estas medidas?
