Organizaciones de defensa de derechos humanos lamentan que el MP minimice un hecho denunciado por mujer trans, porque propicia a cometer más agresiones o delitos contra personas de la comunidad LGBTIQ+.
Por Shirlie Rodríguez
Visitar una discoteca en Santa Cruz del Quiché se convirtió en una experiencia negativa para Kelen Arévalo. El dueño del lugar la insultó y discriminó, por lo tanto, procedió a demandarlo ante el Ministerio Público (MP).
Arévalo es una mujer trans, maestra de educación primaria y originaria de Quiché. El 8 de febrero de este año ella visitó una discoteca local llamada Quicheladas. Esa noche la entrada era gratuita para las mujeres y cuando llegó al lugar el encargado de la puerta le dijo que no podía ingresar sin pagar, fue la orden que dio su jefe Alexis Javier Bol Ruíz.
“Ningún intento de mujer puede entrar gratis”, fue la respuesta que recibió del encargado de la puerta. Kelen pagó su entrada y exigió hablar con el dueño porque ya una vez había pasado lo mismo, la insultaron y discriminaron por ser una mujer trans.
Al entrar a la discoteca ella pidió hablar con el dueño porque en octubre de 2022 ellos dos tuvieron un proceso legal en el cual llegaron a una conciliación. En esa ocasión Alexis Bol se comprometió a respetar la integridad de Kelen Arévalo y por lo tanto estaría incumpliendo este compromiso. “No iba a volver a discriminarme en la discoteca que es de su propiedad y en ningún otro lugar”, dicen los documentos legales.
Después de este suceso, Arévalo decidió denunciar a Alexis Bol de forma penal ante el MP, su ideal era que la entidad realizara una investigación por el delito de discriminación, pero tomó un rumbo diferente.
Según José Grajeda, abogado de Kelen, la denuncia se presentó hace tres semanas y la fiscalía se comunicó con ellos para decirles que ofrecían el seguimiento al caso, pero a través de beneficiar al señalado con un criterio de oportunidad.
El sustento del MP es que por mandato de la Fiscal General, los delitos menores deben ser resueltos a través de esta medida por la carga laboral que tienen en la entidad.
Esta no era la respuesta que esperaban, querían sentar un precedente mayor a un criterio de oportunidad, pero si no daban paso a esta medida, el caso probablemente sería archivado y quedaría en nada.
El abogado resalta que no es la justicia que esperaban que dieran a su caso porque el hecho fue recurrente y afectó psicológicamente a la víctima, por esto denunció confiando en el MP.
Raquel González, de la asociación Vidas Paralelas, lamenta que el MP tome esta postura con hechos como el que vivió Kelen, porque vulnera la seguridad de personas de la comunidad LGBTIQ+. Refirió que esto provoca que las personas sean más vulnerables a ser víctimas de crímenes porque dan un mensaje de falta de atención de las autoridades.
Asegura que el MP está más preocupado por tener buenas estadísticas y aparentar que no hay mora en los casos que atienden y no proveer justicia para quienes denuncian e investigar cuáles fueron los hechos, por lo tanto, las víctimas son más vulnerables a crímenes por prejuicios.
“Nos deja en una posición de más preocupación, no tenemos nada y hay que trabajar mucho más para atender este tema. Ha sido bien complejo porque es importante crear precedentes y que los crímenes contra la población LGBTIQ+ existen, que no hay que invisibilizarlos, sin embargo, vienes a toparte con una barrera que no deja ir más allá con los casos”, agregó.
La asociación hace el llamado a continuar con las denuncias, porque, aunque no se de justicia a las víctimas, hay que denunciar.
“Estamos hablando de violencia y cosas que suceden a diario, pero hay mucha cultura de miedo al momento de denunciar. Al realizar las denuncias en las entidades se establece que existen estos problemas y deben atenderlos”, dijo González.
En 20 días se podría programar la audiencia para abordar el tema del criterio de oportunidad. Esta medida se aplica para los delitos que no tienen condenas de más de cinco años.
El acusado debe llenar algunos requisitos como no tener una condena previa, no ser reincidente y el juzgador debe determinar cuál será la sanción impuesta.
Es como un perdón judicial, aseguró el abogado José Grajeda y el caso ya fue trasladado al Juzgado de Paz en Quiché para el seguimiento.
