A tres años de la pandemia, se requiere mayor inversión en el sistema de salud pública e innovación tecnológica para atender a las poblaciones vulnerables, señalan organizaciones integrantes de la coalición People’s Vaccine Alliance.
Por Isela Espinoza
Tres años después, la COVID-19 persiste y su impacto en el sistema de salud, la economía, la educación y la vida social de las personas continúan con consecuencias que afectan sobre todo a la población indígena, afrodescendientes, mujeres rurales, migrantes y LGTBIQ+ en Centroamérica.
Aunque la incertidumbre de cómo afrontar los síntomas del coronavirus sin ir al hospital parece desvanecerse, los casos continúan registrándose. En los últimos tres años, Centroamérica contabiliza oficialmente 4 millones 897 mil 672 casos de COVID-19 y 58 mil 774 fallecimientos. Sin embargo, diferentes análisis muestran que la cifra de muertes es mayor. En la región, Guatemala es el país con el índice más bajo de población totalmente vacunada.
Aunque la mascarilla y el distanciamiento físico fueron las primeras instrucciones que la población siguió para evitar contagiarse. Las vacunas también se volvieron una carrera contra reloj en donde los países de Europa y Asia fueron los primeros en vacunarse con las primeras dosis.
En Centroamérica, este proceso estuvo marcado por la desinformación de las poblaciones vulnerables sobre el acceso de las vacunas. Según las organizaciones OXFAM en Centroamérica, Laboratorio de Datos Gt, Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, en Guatemala el 39.53 por ciento de la población está vacunada con dos dosis, el índice más bajo de población totalmente vacunada.
“A dos años de haber iniciado la vacunación en la región todavía no se alcanza el 70 por ciento de población vacunada con dos dosis, meta establecida como mínima por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El promedio para Centroamérica es de 64.3 por ciento de personas vacunadas con dos dosis”, dice un comunicado de las organizaciones que forman parte de la coalición People’s Vaccine Alliance.
En ese contexto, las organizaciones hicieron un llamado a los Estados centroamericanos a incrementar la inversión pública para fortalecer los sistemas de salud y de protección social. Según investigaciones realizadas en Guatemala, Honduras y El Salvador durante el periodo 2020-2023, los gobiernos de estos países priorizaron la vacunación basada en la edad, morbilidades preexistentes y no en la vulnerabilidad socioeconómica.
“La pandemia evidenció debilidades históricas de los sistemas de salud pública y protección social”, recordaron las instituciones.
También hicieron un llamado a fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana, así como invertir en campañas informativas adaptadas cultural y lingüísticamente para combatir la desinformación en las poblaciones vulnerables.
“El compromiso de los gobiernos puede ahora evitar que se repita el dolor y el horror de las pandemias de la COVID-19 y VIH/SIDA”, agrega el documento.
Además, las organizaciones instaron a los líderes mundiales a adoptar medidas urgentes, entre ellas: apoyar un acuerdo sobre pandemias en la OMS que incorpore la equidad y los derechos humanos, invertir en innovación científica y capacidad de fabricación en el Sur Global a través de proyectos, invertir en innovaciones médicas financiadas con fondos públicos para maximizar el beneficio público y eliminar las barreras de propiedad intelectual que impiden compartir conocimientos y tecnología sobre las vacunas relacionadas con la COVID-19.
“Con estas acciones los líderes mundiales y de Centroamérica pueden empezar a solucionar los problemas estructurales de la salud”, señalaron.
