La resolución del juez Jimmi Bremer Ramírez, del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, de investigar a periodistas en el contexto del segundo caso en el que fue ligado a proceso el periodista Jose Rubén Zamora, director de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue rechazada por periodistas.
Por Simón Antonio Ramón
El juez Jimmi Bremer Ramírez, del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, resolvió a favor de la fiscal Cinthia Monterroso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP) investigar a nueve personas entre columnistas y periodistas que trabajaron en el diario elPeriódico, por publicaciones en las que contextualizaron la criminalización contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín.
Esta resolución ha sido calificada por expertos en libertad de expresión y el gremio periodístico como arbitraria, estableciendo un contexto de censura y autocensura a la labor de quienes ejercen el periodismo, además, de contradecir el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Emisión de Pensamiento.
La Constitución Política establece en el artículo 35 que: “Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
El mismo artículo establece que “los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados”. Además, la Ley establece los mecanismos para corregir los errores que remarca el artículo 35 constitucional.
La fiscal Monterroso se basó en las publicaciones periodísticas para criminalizar a columnistas y periodistas.
La resolución se ordenó durante la audiencia de primera declaración del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente y fundador del diario elPeriódico, el martes 28 de febrero, en el segundo proceso penal que se sigue en su contra por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia.
La fiscal citó algunos de los artículos periodísticos de Edgar Gutiérrez, Gonzalo Marroquín y Manfredo Marroquín afirmando que es una campaña de desinformación. En las notas periodísticas publicadas el 4 y 22 de agosto, que mencionó la fiscal Monterroso, se hace referencia a los días en que la FECI pidió el embargo de las cuentas bancarias de elPeriódico y la devolución al testigo contra el periodista Zamora Marroquín, Ronal García Navarijo, de Q30 millones que estaban embargados bajo la jefatura de Rafael Curruchiche.
“Esto obviamente el señor José Rubén Zamora Marroquín no lo podía realizar solo, para esta fiscalía, para poder realizar esto se ha apoyado en las personas que anteriormente indiqué y que repito sus nombres, Edgar Gutiérrez, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Cristián Velix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar”, dijo la fiscal Monterroso.
La fiscal dijo que la acción que se le atribuye a Jose Rubén Zamora y a los periodistas mencionados, se debe a que hay organizaciones interesadas en la obstrucción del caso, por lo que pidió investigar sus fuentes de financiamiento. “Definitivamente tiene que estar siendo orquestado por más gente, por lo tanto, que se deduzcan responsabilidades de quienes en algún momento se reúnen para realizar estas acciones”, afirmó Monterroso.
La investigación instaura censura y censura previa
A criterio de los periodistas mencionados en la audiencia pública, la solicitud de la fiscal y la resolución del juez implementan acciones de censura y autocensura a la labor periodística. “Más que a nivel personal, preocupa a todos los periodistas que se dedican a la fiscalización y exposición de esas acciones irregulares del poder. Ese tipo de publicaciones o ese trabajo que se busca censurar”, señaló Alexander Valdez, actualmente periodista en Prensa Comunitaria aludido en la audiencia.
Para Valdez, Monterroso solo hizo mención de publicaciones realizadas por el diario elPeriódico, además, no había ningún error que ameritara las acusaciones que hizo en la audiencia. “Yo la calificaría de sorpresiva, tomando en cuenta que no se presentó una base sólida sobre lo que ella interpretaba o hacía creer que se pudo realizar con esas publicaciones que estaban debidamente fundamentadas desde un enfoque periodístico”, anotó el periodista.
Otros de los periodistas mencionados es Gerson Ortiz, quien era el jefe de redacción elPeriódico, consideró la acción de la fiscal como “muy delicada” porque el MP está criminalizando la labor periodística. “Me parece muy delicado porque “las pruebas” que la fiscalía presentó para hacer este requerimiento son notas periodísticas de las personas que señalaron en la audiencia, entonces, es una situación que pone en riesgo a la libertad de expresión y que criminaliza a quienes nos dedicamos a ejercer el periodismo en este país”, dijo Ortiz.
La periodista y analista Marielos Monzón, integrante de la iniciativa No Nos Callarán, dijo que la criminalización que hoy reprime a periodistas tiene otros efectos. “Estos constituye una grave amenaza al trabajo de la prensa independiente y sobre todo al derecho de la población guatemalteca de estar informada”, señaló.
Al consultarle a la periodista Monzón su opinión sobre las calificaciones que atribuyó Monterroso a las notas periodísticas de campañas de desinformación, señaló que la Ley de Emisión del Pensamiento establece procesos extraordinarios para derechos de respuesta cuando amerita corregir errores en las publicaciones. “Es indebido utilizar el derecho penal en casos que no amerite, es decir, hay mecanismos en el país y están establecidos legalmente en donde uno puede dirimir estas controversias a través de los tribunales de imprenta”, dijo la columnista de Prensa Libre y conductora del programa semanal de análisis, Punto de Encuentro.
Una investigación que violenta la Constitución
La resolución del juez Jimmi Bremer fue rechazada por el gremio periodístico y algunas asociaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos. La Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (AECC) considera que la investigación ordenada por el juez es una muestra de la represión contra periodistas y medios de comunicación. “Esta es una muestra más de cómo el Estado quiere reprimir las voces que se atreven a buscar y decir la verdad, eliminando y limitando el acceso a la información en ciertos sectores”.
Por su parte el Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) califica la resolución como arbitraria y como delito de prevaricato, porque afecta el artículo 35 de la Constitución, una práctica común de las dictaduras militares en las décadas de 1970 y 1980. “Es un tema que no solo debe preocupar a periodistas, debería preocupar a los sindicatos y las iglesias, a todos los movimientos sociales, al sector privado; hoy es contra los periodistas, mañana será contra otros sectores y otros gremios, están violentando la ley”, afirmó Byron Barrera, presidente de la junta directiva de la APG.
En el comunicado, publicado por la APG con fecha del 1 de marzo, se hace referencia al artículo 35 de la Constitución, que se refiere a que “no constituye delitos de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.
Además, enfatiza en que la resolución es constitutiva de delitos. “La APG considera que esta nueva acción del MP y algunos jueces se encuadra en la figura del prevaricato, un delito que sanciona con prisión de dos a seis años a los responsables de resoluciones contrarias a la ley”, indicó la APG.
Por su parte, el abogado guatemalteco y exrelator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue, señaló esta acción como el gran absurdo del gobierno de Alejandro Giammattei contra la prensa guatemalteca y en espacial contra elPeriódico. “El ataque a Jose Rubén Zamora y después a la directora financiera, aunque le quieren dar una cobertura legal de investigación penal, todo demuestra que era un ataque a un medio de comunicación por ser crítico a las políticas públicas de este régimen”, dijo.
La Rue anotó que cualquier persona puede ser investigada, eso no implica su detención mucho menos declarar bajo confidencialidad el expediente legal, tampoco intimidar al medio de comunicación. “Esto no es una investigación es una cacería de brujas”, dijo. “Esto no es sostenible, es una campaña de intimidación absoluta en cualquier parte del mundo sería visto así y Guatemala no es la excepción”, aseguró.
La Rue, citando a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, dijo que, el hecho de que un periodista exprese su opinión, exprese críticas en forma de periodismo investigativo o incluso, lo haga en forma cómica, no es motivo de investigación penal, ese es el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, aseguró.
Al consultar la posición del Departamento de Información y Prensa del MP sobre la resolución del juez, respondieron que “el juez consideró los medios presentados durante la audiencia de primera declaración desarrollada este día -ayer- y ordenó al Ministerio Público investigar si existe la posible comisión del delito de obstrucción a la justicia”. Al preguntar sobre las denuncias de violación de libertad de prensa y libertad de expresión se limitó a responder, “en ese sentido el Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar y es únicamente a través de la investigación técnica”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la violencia contra periodistas tiene un triple impacto en la sociedad, desde la vulneración del derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; viola los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Ante esta situación la CIDH plantea que los Estados deben cubrir la labor periodística con acciones de prevención, protección y procuración de justicia, dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad.
En mayo próximo la FECI presentará la investigación contra Jose Rubén Zamora en este segundo caso y en los próximos días se producirán diferentes acciones de protesta de diferentes gremios periodísticos contra la medida dictada por el juzgado que violenta la Constitución y diferentes convenios internacionales en materia de libertad de expresión y libertad de prensa.
