Candidaturas de personas vinculadas al narcotráfico, que enfrentaron procesos penales, que tienen prohibiciones constitucionales o han sido sancionadas por corrupción no han sido objetadas por el Registro de Ciudadanos. Los magistrados del TSE se lavan las manos y dicen que ellos solo resuelven impugnaciones.
Por Regina Pérez
Guatemala comienza un nuevo proceso electoral que hasta la fecha no ha estado exento de controversia. La denegación de inscripción a algunos candidatos con la excusa de no tener todos los requisitos que requiere la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para ser inscritos contrasta con la inscripción de candidaturas que tienen prohibición constitucional para participar o que no llenan los requisitos de idoneidad.
En las elecciones generales de 2019, el Registro de Ciudadanos denegó la inscripción del expresidente Alfonso Portillo quien aspiraba a una curul en el Congreso, argumentando que no cumplía con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política. Portillo había sido condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, en 2014, y regresó a Guatemala tras haber cumplido un año y medio de prisión. El expresidente intentó participar en dos ocasiones pero su candidatura fue denegada.
Por otro lado, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sí admitieron en el proceso electoral pasado la candidatura del ahora diputado por el partido Todos, José Armando Ubico, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, en 2001. El diputado tiene una orden de extradición hacia dicho país y el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio que está siendo tramitada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el presente proceso de elecciones, las acciones del Registro de Ciudadanos están en la mira de los simpatizantes del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) luego de que su director se negara a inscribir al binomio conformado por Thelma Cabreara y Jordán Rodas, señalando que el exprocurador no cuenta con un finiquito válido, tras una denuncia en su contra.
Esta situación fue muy similar a lo que ocurrió con la candidatura de la exfiscal general, Thelma Aldana, cuando en 2019, el Tribunal le negó su participación, por tener una denuncia y no contar con un finiquito vigente.
En otros casos, candidatas que en el pasado no pudieron participar en elecciones, como Zury Ríos Sosa, hija del general Efraín Ríos Montt, quien dio un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, no han encontrado obstáculo para ser inscritas.
Un exmagistrado del TSE que pidió omitir su nombre señaló que las y los magistrados del Tribunal se podrían basar en el artículo 113 de la Constitución a la hora de inscribir a las y los candidatos. “Es cuestión de criterio, pero para mí sí podría tener asidero, si no quieren la Ley Electoral, pues se pueden basar en el 113 constitucional”, indicó.
El politólogo Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), considera que el Tribunal tiene limitaciones institucionales para revisar los expedientes y escudriñar si estos tienen algún proceso abierto o si llenan las calidades, lo cual es un riesgo.
En esta primera etapa del proceso, el TSE ha informado que le corresponde revisar al menos unos 200 mil expedientes, de 340 planillas correspondientes a 29 organizaciones políticas.
Por eso existe la denuncia de una persona o institución que se pronuncie y señale la falta o la ilegalidad, que es lo que se ha presentado en el caso de Ríos Sosa, cuya candidatura es considerada inconstitucional y se le debe aplicar el artículo 186 de la Constitución, indicó Hidalgo.
Por su parte, las y los magistrados del Tribunal se lavan las manos y señalan que ellos no postulan a estos candidatos sino que lo hacen las organizaciones políticas. La magistrada presidenta Irma Palencia señaló que evaluar los expedientes le corresponde al Registro de Ciudadanos y que ellos solo conocen las impugnaciones o inconformidades de la candidatura.
“Por lo tanto tenemos que dar el beneficio de la confianza para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo”, dijo Palencia, luego de que un periodista le preguntó los criterios que utilizan para inscribir candidaturas vinculadas al narco o a la corrupción.
Los magistrados participaron el jueves 2 de febrero en la primera reunión con los fiscales de los partidos políticos, encuentro donde impidieron el ingreso a la prensa.
Si bien el proceso electoral aún empieza, las decisiones del Registro de Ciudadanos de inscribir a algunas candidaturas y dejar fuera a otras ya está generando inconformidad en la ciudadanía y especialmente los simpatizantes de partidos afectados.
Para el exmagistrado del TSE consultado, en las manos del Tribunal está evitar que candidatos impresentables lleguen a cargos públicos y la salida puede estar en aplicar el artículo 113 de la Constitución y haciendo uso de su independencia como máxima autoridad electoral. “Hay herramientas, lo que pasa es que la interpretación que se está dando es laxa y permisiva” dijo.
Hidalgo señaló que para superar este dilema se necesita un Tribunal robusto, con recurso humano y un sistema de justicia objetivo que pueda valorar y dictaminar cada uno de los recursos presentados. Al tener estos dos aspectos se estaría en la línea de tener un proceso electoral libre de señalamientos e inconformidades y sobre todo de beneficios a ciertas candidaturas, lo cual no existe ahora y que genera frustración en la ciudadanía, anotó.
Mientras tanto la inscripción avanza en la primera fase del proceso que finaliza el 25 de marzo. Estas son algunas candidaturas con señalamientos o posibles impedimentos para participar que ya han sido inscritos por el Registro Ciudadanos en la contienda electoral desde el 21 de enero, cuando inició esta etapa.
LOS CANDIDATOS QUE TIENEN PROHIBICIÓN
Zury Ríos, hija de un golpista, con prohibición constitucional
La hija del general fallecido Efraín Ríos Montt tiene prohibición constitucional para ser inscrita, por ser hija de un jefe de gobierno que llegó por medio de un golpe de Estado, según el artículo 186, literal c. En la contienda electoral de 2015, el Registro de Ciudadanos rechazó su inscripción pero ella accionó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que amparó su candidatura y pudo participar.
En 2019, Ríos intentó participar nuevamente, con el ahora magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto como candidato a vicepresidente. El TSE nuevamente le negó su inscripción, así como la CC, tras lo cual ella acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que culminó con la aprobación de un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Guatemala, firmado en 2022, que reconoció el derecho de la participación política de ambos solicitantes.
En estas elecciones generales de 2023, la candidata de la coalición Unionista-Valor proclamó a Ríos junto a Héctor Cifuentes como vicepresidenciable. Cifuentes es un funcionario allegado a la familia Arzú, trabajó en la municipalidad como concejal y fue secretario general de la Municipalidad de Guatemala.
En 2019 fue arrestado por un caso de financiamiento electoral ilícito que involucraba al partido Unionista, sin embargo una resolución de la CC dictada en 2022 lo libró de ser juzgado, luego de la aprobación de las reformas al Código Penal que cambiaron el delito de financiamiento electoral ilícito por el cual él fue acusado. La Corte resolvió que él no podía ser juzgado por ese delito.
Dos partidos políticos, Winaq y Cabal, así como un abogado impugnaron la candidatura de Ríos Sosa por la prohibición constitucional, sin embargo el sábado 4 de febrero, ambos recibieron la credencial que los acredita como binomio presidencial.
Romeo Guerra Lemus, el pastor de una iglesia
Guerra Lemus es pastor general de la iglesia Sion. De acuerdo con la Constitución, tienen prohibición para optar al cargo de presidente o vicepresidente, “los ministros de cualquier religión o culto”.
El binomio presidencial conformado por Sandra Torres y Lemus fue inscrito sin ninguna objeción por parte del Registro de Ciudadanos del TSE.
Sin embargo, el partido TODOS y una persona particular ya presentaron un recurso de nulidad en contra de la inscripción del binomio, señalando que Guerra tiene prohibición de participar por haber sido pastor de una iglesia.
En la resolución, el Registro de Ciudadanos argumentó que la inscripción de ambos candidatos resultaba procedente, tras haber analizado la documentación presentada.
Sobre la candidatura de Lemus, Torres ha dicho a periodistas que ya no es ministro de culto. “Él no tiene ningún problema para participar”, indicó.
LOS CANDIDATOS QUE ENFRENTARON PROCESOS PENALES
El cuarto intento de la candidata de la UNE
La candidata a la presidencia por el partido UNE, Sandra Torres enfrentó un proceso por financiamiento electoral ilícito, luego de una investigación realizada por el Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2019.
Durante su proclamación, el pasado 9 de enero, Torres dijo haber sido víctima de una de las mayores persecuciones políticas y jurídicas en el país. “Me acusaron y se inventaron un delito que no existía”, afirmó.
En 2019 Torres tenía inmunidad porque había sido inscrita por el TSE como candidata presidencial de la UNE. No fue hasta que finalizó la segunda vuelta, cuando perdió, que fue capturada.
El caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE se remonta a las elecciones de 2015, donde según la investigación realizada, el partido recibió aportes por Q19,531,753.10 que no fueron reportados al TSE.
Torres fue una de las beneficiadas por las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito que aprobaron diputados en 2018, que reformó el artículo 407 “N” del Código Penal sobre financiamiento electoral ilícito y creó un nuevo delito, el de financiamiento electora no registrado. Con esto se quitó la responsabilidad directa a los secretarios generales de los partidos sobre los fondos que no se reportan.
En noviembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez cerró el caso de Financiamiento UNE porque consideró que el MP no sustentó la investigación en contra de Torres.
Señalado por peculado
Carlos Velásquez Monge fue ministro de Desarrollo en el gobierno de Jimmy Morales (2016-2019). Velásquez también fungió como director de Aeronáutica Civil. En 2020, la Fiscalía contra Corrupción coordinó su captura, por el delito de peculado por sustracción, por supuestamente autorizar un pago de 78,750.00 a la empresa Tronika GT.
Velásquez actualmente tiene el proceso abierto, luego de que en septiembre de 2022, la CC ordenó que se realizara el juicio. A pesar de ello, el Registro de Ciudadanos no negó su inscripción.
Ahora Velásquez aspira a una curul en el Congreso por la Lista Nacional con el Partido Republicano, que impulsa al binomio integrado por Rafael Espada y Arturo Alfredo Herrador. Tanto el binomio como los candidatos ya fueron inscritos.
Condenado por tráfico de influencias
La candidatura del exdiputado Jaime Martínez Lohayza a la alcaldía de Jutiapa, por el partido Valor, fue aceptada por el Registro de Ciudadanos. En la resolución, se explica que se presentaron dos oposiciones en contra de Martínez, argumentando su falta de idoneidad.
Sin embargo, para el Registro no se pudo establecer o comprobar lo indicado en las denuncias por lo que estas no eran procedentes.
Martínez es un exdiputado que perteneció al partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) y a la Gran Alianza Nacional (GANA), que en 2019, fue condenado a 5 años de prisión por tráfico de influencias, en el caso Lavado y Política, por integrar una estructura que se dedicaba al lavado de dinero y otros hechos de corrupción.
Condenado en Estados Unidos por lavado de dinero
El exfundador de la agrupación Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Baldizón, buscará una casilla como diputado por el partido Cambio. Aún falta ver si el Registro de Ciudadanos lo inscribe, ya que enfrenta actualmente dos procesos penales por los casos Odebrecht y Transurbano.
Baldizón fue deportado a Guatemala en octubre de 2022, luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavado de dinero. En Guatemala el expresidenciable de LIDER fue beneficiado por los jueces Virginia de León y Juan José Jiménez con cambio de delitos y arresto domiciliario en los casos Transurbano y Odebrecht, respectivamente. El político salió de la prisión el 11 de enero.
Los hermanos Rivera y el caso sobre ejecuciones extrajudiciales
Edwin Emanuel Rivera Gálvez, hermano del exviceministro de Gobernación Kamilo Rivera, quien se encuentra prófugo, desde 2018, buscará una diputación por el partido Unionista por el departamento de San Marcos.
Rivera Gálvez fue detenido en 2010 por un caso de ejecuciones extrajudiciales, caso por el cual estuvo en prisión preventiva por 3 años y, en 2013, fue absuelto por ejecución extrajudicial. La CICIG y el MP lo señalaron de los delitos de asociación ilícita y ejecuciones extrajudiciales, por formar parte de una organización que desde el Ministerio de Gobernación se dedicó a ejecutar a personas que estaban privadas de libertad en el Sistema Penitenciario.
Su hermano Kamilo Rivera, quien era viceministro de Gobernación durante el gobierno de Jimmy Morales continúa prófugo, también buscado por el delito de ejecuciones extrajudiciales.
El TSE también inscribió al abogado Yen Kamylo Rivera Pérez, familiar del exviceministro, quien participó en las “Comisiones de la Verdad” instaladas en el Congreso en 2019, para supuestamente denunciar los abusos que cometió la CICIG.
LOS SANCIONADOS POR CORRUPCIÓN
Sancionado por corrupción bajo la Ley Magnistsky
Allan Rodríguez fue electo diputado por el departamento de Sololá, en las elecciones generales de 2019, postulado por el partido Vamos, que llevó a Alejandro Giammattei a la Presidencia. Pese a ser su primera legislatura, Rodríguez fue nombrado presidente del Congreso para el periodo de 2020-2021.
En diciembre de 2022, Rodríguez fue sancionado bajo la Ley Magnitsky de EEUU, que incluye a personas que están vinculadas a actos de corrupción. Según el Departamento del Tesoro de ese país, Rodríguez utilizó su autoridad como presidente del Congreso para adjudicar subvenciones a la construcción a cambio de sobornos financieros.
También lo señala de haber utilizado su influencia política para hacer tratos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otras, al ofrecer supuestamente pagos a legisladores, para votar por un proyecto de ley sobre el estado de excepción en una sesión plenaria en el Congreso, señala la publicación.
Ahora Rodríguez buscará su reelección con el partido Vamos, por Sololá.
Diputada Sofía Hernández, señalada en la Lista Engel
La primera incursión de Sofía Hernández en política fue en 2011, cuando fue electa diputada por primera vez, por el Partido Patriota (PP). En 2015 y 2019, Hernández se reeligió en el Congreso con los partidos Alianza Ciudadana y Unión del Cambio Nacional (UCN), el partido fundado por Mario Estrada, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, en 2020.
En las elecciones de 2023, Hernández buscará una curul en el Congreso con el partido Vamos, por el departamento de Huehuetenango y ya fue inscrita por el Registro.
En 2022, la diputada figuró en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos que publica anualmente el gobierno de EEUU, también conocida como “Lista Engel”. La congresista fue señalada por socavar procesos o instituciones democráticas al hacer mal uso de su posición oficial para que miembros de la UCN mantuvieran roles de liderazgo y por usar su asociación con organizaciones del narcotráfico para intimidar a sus oponentes políticos.
La legisladora también solicitó sobornos y amenazó con acciones legales en el Congreso como represalia contra sus opositores en beneficio personal, según el documento.
Aparecer en la Lista Engel refleja que el gobierno de EEUU tiene información suficiente para respaldar sus afirmaciones sobre las personas que son incluidas, según expertos.
La familia de Hernández también ha sido señalada de estar involucrada en el narcotráfico. Su hermano Henry Hernández Herrera fue detenido en 2020 por un caso de lavado de dinero y narcotráfico, hecho del cual la congresista se desligó inmediatamente.
El hijo de Sofía Hernández, Erick Giovanny Martínez Hernández, competirá en la primera casilla de diputados distritales de Huehuetenango mientras ella ocupará la tercera.
LOS CANDIDATOS VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO
“Me pintaron que soy narco y lo soy”
El Tribunal Supremo Electoral confirmó la inscripción de Exadillas Ramos Aguilar, quien buscará la reelección a la alcaldía en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos por el partido oficial Vamos. Ramos Aguilar tiene señalamientos de tener vínculos con el narcotráfico. El candidato lo ha aceptado públicamente.
En noviembre de 2022 elPeriódico difundió un video en el que Ramos Aguilar dijo: “Y a mí me pintaron que soy narco, y lo soy, no les estoy robando a ellos”.
En 2021, el Ministerio Público solicitó un antejuicio en contra del jefe edil, por su presunta vinculación a una estructura relacionada con el narcotráfico, por los delitos de lavado de dinero, conspiración para el comercio, asociación ilícita y abuso de autoridad.
En las elecciones de 2019 se registró un caso similar cuando el diputado José Ubico, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2001, salió libre tres años después y presentó su expediente para ser inscrito.
La inscripción de Ubico fue aceptada por los magistrados del TSE pese a esos antecedentes y fue electo a una diputación por el departamento de Sacatepéquez. En diciembre de 2022, el Ministerio Público solicitó el antejuicio en contra del congresista, en respuesta a una petición de Estados Unidos para que extraditara al diputado a quien señala de tener vínculos con el narcotráfico.
La esposa del exalcalde del Puerto de San José
Marcos Odilia González García de Rizzo es esposa del exalcalde de Puerto San José, Jorge Alberto Rizzo, quien fue condenada a 6 años de prisión en 2018 por su participación en una red de dinero vinculada a una estructura del narcotráfico, en un caso que se conoció como Drogas, Dinero y Poder Local, presentado por el MP y la CICIG.
En 2020, la Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló la sentencia, tras una apelación presentada por los acusados.
Ahora González García aspira a una alcaldía en el Puerto de San José con el partido Valor, de Zury Ríos y fue inscrita por el Registro de Ciudadanos sin ninguna objeción.
El alcalde de Moyuta, Jutiapa
Carlos Roberto Marroquín es el actual alcalde del municipio de Moyuta, Jutiapa quien buscará su reelección con el partido oficial, VAMOS.
Según un trabajo periodístico del medio Insight Crime, publicado en 2021, sobre Marroquín hay rumores de que está vinculado al narcotráfico pero no existe ninguna denuncia en su contra. En declaraciones con periodistas, él ha negado que esté involucrado con estos grupos.
La delegación Departamental del Registro de Ciudadanos de Jutiapa inscribió a Marroquín para optar a dicha alcaldía el 28 de enero de 2023.
