Edgar Gutiérrez, analista político guatemalteco y director de la Fundación DESC, considera que en las elecciones 2023 se está fraguando un “fraude de ley” al dejar fuera a candidatos legítimos, siendo esta una exclusión política e ideológica, lo que erosiona la legitimidad del proceso electoral en un contexto en el que todas las instituciones del Estado han sido cooptadas por el “pacto de corruptos”.
Por Regina Pérez
La contienda electoral en Guatemala inició el pasado 20 de enero, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó la convocatoria oficial. Nueve partidos han recibido sus credenciales que hacen oficial su participación, entre ellas Zury Ríos, que en elecciones anteriores no había podido participar por una prohibición constitucional.
Otros precandidatos, como el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) que acompaña a la dirigente maya Mam Thelma Cabrera, han visto obstaculizada su inscripción por el TSE, órgano que también revocó lo actuado con el binomio Podemos, que impulsaba a Roberto Arzú a la presidencia.
El analista político Edgar Gutiérrez, quien es economista de formación, exministro de Relaciones Exteriores y director de la Fundación de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) considera que esta exclusión no ocurría desde los Acuerdos de Paz, firmados entre el ejército y la guerrilla en 1996 tras una guerra de 36 años.
Dejar fuera candidaturas como la de Rodas es un factor que erosiona la legitimidad de estas elecciones, indicó en una entrevista con Prensa Comunitaria, donde analizó el contexto en que se realiza este proceso, los principales sucesos que lo han marcado en su primera fase, que finaliza el 25 de marzo y el papel que juegan instituciones clave como la Contraloría, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad (CC), que también incidirán en las decisiones de quién puede participar o no.
Si bien descarta un fraude en el escrutinio de los votos, señala que a su juicio sí puede darse un “fraude de ley”, ejemplo de ello lo que ocurre con el MLP, un partido de izquierda con bases rurales y urbanas, donde el precandidato Rodas no puede participar porque según la Contraloría su finiquito no es válido, lo que da pie a que 4 magistrados bloqueen su candidatura. “Eso se llama fraude de ley, porque no ha sido vencido en juicio”, anotó Gutiérrez en una entrevista telefónica.
El resultado de una elección ilegítima y con la captura de las instituciones, puede desembocar en una crisis de ingobernabilidad, opinó, en entrevista ofrecida a Prensa Comunitaria.
PC. En una de sus últimas columnas usted señala que no inscribir al binomio presidencial del MLP es un parteaguas que erosiona la legitimidad legal. ¿Qué significa eso?
EG. La mera exclusión política e ideológica y el temor que el binomio del MLP despierta en el “pacto de corruptos”, porque es una de las cuatro fuerzas con chances de ganar el Poder Ejecutivo. Es una medida meramente arbitraria y como no hay instancias independientes a las cuales acudir en el país, entonces se convierte de facto en una exclusión por motivos ideológicos y políticos, cosa que no ocurría desde la firma de los Acuerdos de Paz.
PC. ¿Cómo se explica que el Registro de Ciudadanos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral inscriban a personas con señalamientos y nieguen la inscripción de otros candidatos como en el caso de Jordán Rodas?
EG. Ese es otro de los factores que erosiona la legitimidad, incluso la legalidad de estas elecciones. Existen suficientes normas, existen evidencias también, responsabilidades de candidatos que sí han recibido el beneplácito, contraviniendo artículos de la Constitución, como idoneidad, honradez, capacidad, que ha sido empleado ese artículo (113) para negar inscripciones de diputados en el pasado. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestras narices, es que tanto la Contraloría como el Tribunal Electoral, en las primeras instancias están abriendo las puertas de las elecciones al narcotráfico y a integrantes de redes políticas de corrupción.
PC. ¿Qué acontecimientos ha marcado el proceso electoral que inició el 20 de enero y en qué contexto se realiza?
EG. El contexto dominante es el de la captura de todos los frenos y contrapesos de la República.
No queda absolutamente ninguna institución que no esté cooptada por el Pacto de Corruptos. Ya de entrada eso condiciona la imparcialidad, la objetividad, la legalidad de todo el proceso. Segundo elemento es que, derivado de lo que hemos conversado, hay apatía entre la ciudadanía. Yo lo comienzo a notar a través del monitoreo de redes, había mucho más interés en el proceso de designación de Fiscal General el año pasado, que en un proceso político que tiene alta relevancia para toda la ciudadanía.
Y tercer lugar, como elemento de contexto es que la comunidad internacional tiene un rol yo diría marginal y hasta cierto punto legitimador de este proceso hasta ahora porque no están exigiendo el cumplimiento de compromisos internacionales del Estado en materia de libertades civiles y políticas. Entonces ahí también cabe una corresponsabilidad, no directa pero la comunidad internacional tendría que tener un rol vigilante de auditoría mucho más agudo que el que está mostrando hasta ahora.
PC. Muchos hablan de que en esta elección podría darse un fraude, ¿cabe la posibilidad de un fraude?
EG. Hasta ahora había sido difícil un fraude como en los años 70, en la época de los militares, y básicamente por la auditoría ciudadana, la garantía que ciudadanos de a pie ofrecen de estar en las Juntas Receptoras de Votos. Si esa garantía se debilita o se coarta o se inhibe, entonces sí hay probabilidades de fraude. Pero si esa vigilancia ciudadana se mantiene, tenemos esa garantía por lo menos de tener evidencia escrita. Ahora lo que es indudable que ya está ocurriendo, no es un fraude en el escrutinio, es un fraude de ley al escamotear la participación de candidatos legítimos y representativos de sectores de la sociedad.
PC. ¿Qué opciones tiene un partido como el MLP, de poder participar en la contienda electoral de 2023?
EG. Tiene un caudal importante. Hasta ahora como solo tiene una participación, en 2019, mostró fuerza en la candidatura presidencial de Thelma Cabrera, no así en la representación en el Congreso donde solo ganó una diputación. Pero a mi manera de ver eso obedeció a que su estrategia electoral se centró mucho en Thelma Cabrera y casi no dio a conocer a sus candidatos. El escenario ahora es distinto, si ellos deciden participar para alcaldías y para el Congreso, podrían tener un numero apreciable de representantes ahí.
PC. En su opinión, ¿Qué papel están jugando o se espera que vayan a jugar instituciones como la Contraloría, la CSJ y la CC en el actual escenario electoral?
EG. Nada distinto al papel que han jugado en los dos últimos años. Es decir, emitir resoluciones y sentencias fuera de ley y totalmente plegadas a los intereses del pacto de corruptos. Ahí no tengo yo ninguna esperanza de que algo va a cambiar respecto de ellos.
PC. Con lo actuado hasta la fecha, ¿El TSE está mostrando independencia?
EG. Absolutamente no, está plegado a los intereses del grupo hegemónico y es lamentable, porque estamos con el Tribunal Electoral más débil de la historia democrática de estos 40 años, incapaz de poder garantizar elecciones libres y competitivas.
PC. ¿Qué escenarios le esperan al MLP tras la denegación de la inscripción por parte del Registro de Ciudadanos?
EG. Tiene tres caminos. Uno, agotar instancias legales, nacionales e internacionales, aunque previsiblemente será infructuoso. Las cortes no son independientes y si el Sistema Interamericano decidiera fallar a favor del binomio del MLP simplemente aquí desobedecerían la resolución. Ese es un camino que el MLP ha dicho que lo va a agotar y es válido que lo agoten, con bajas probabilidades de que prospere.
Segunda opción es participar con los candidatos al Congreso y dar la pelea ahí, y también en alcaldías para constituirse desde dentro del sistema en una fuerza de oposición y no solo desde fuera, en los próximos cuatro años. Y el tercer camino es que decida denunciar al sistema y tendría mucha razón, y renunciar a participar con el argumento de no legitimar este proceso. Esas serían las 3 posibilidades, la 2 y la 3 son excluyentes.
PC. ¿Qué escenarios ve en todo el proceso electoral?
EG. Primer escenario, elecciones con bajísima legitimidad, por todo lo que hemos comentado y por un previsible abstencionismo. Las elecciones más ilegítimas en 40 años. Segundo escenario, que no contradice el anterior, un proceso electoral salpicado de violencia, de actos fuera de la ley.
Una vez que los candidatos pierden el respeto a las instituciones que están llamadas a ser los árbitros de un proceso, esto se vuelve anárquico. Nadie que quiera competir con ventaja va a respetar la ley. Y un tercer escenario es que esta elección sea tan débil y tan ilegítima, que todo lo que hemos vivido de captura de las instituciones y que apunta a una captura de la democracia total, se convierta en una crisis de ingobernabilidad de Estado con lo cual enfrentaríamos desórdenes como vemos en Perú o bien represión, como hemos visto en otros países, en Nicaragua, por ejemplo.
Este tercer escenario ya sería caer en cuadros de anarquía, de violencia, de desórdenes, donde no hay autoridad, digamos central, con suficiente capacidad para ordenar o concertar acuerdos y todo esto salpicado de violencia.
PC. ¿Pero esto después de las elecciones o durante el proceso?
EG. Puede desatarse en el proceso, si las señales siguen siendo como las que van, pueden desatarse ahora mismo, porque ya medio mundo va a anticipar que el perdedor o los que han perdido es porque no hay reglas claras ni justas. Ese es el gran riesgo.
