El miércoles 7 de diciembre, las juezas que integran el Tribunal B de Mayor Riesgo, sentenciaron a 19 de 29 integrantes de la estructura criminal conocida como La Línea, a prisión y al pago millonario de multas por los delitos de defraudación al fisco, cohecho pasivo y asociación ilícita.
A 2961.56 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en Washington, D.C., Estados Unidos, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue una de las tantas personas que observó con atención la transmisión de la sentencia del caso cuya investigación dirigió cuando el Ministerio Público (MP) todavía no había sido cooptado.
Un fallo que ha denominado, en términos generales, como “histórico” y “simbólico” al ser el primero en el que un tribunal guatemalteco ha enviado a prisión a un expresidente y una exvicepresidenta por corrupción.
Por Paolina Albani
En una llamada con Prensa Comunitaria, el exfiscal se expresó sobre la decisión del tribunal e hizo un análisis de la decisión, incluida la crítica emitida por la jueza de mayor riesgo, Jeannette Valdés, sobre el trabajo de la FECI y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el caso.
PC: ¿El fallo fue independiente?
JFS: No es el cien por ciento de lo que pidió la fiscalía ni de lo que acusamos, pero reconocemos que es la primera sentencia por casos de corrupción que han sido dictadas por tribunales guatemaltecos en contra de un mandatario.
El antecedente de la condena de Alfonso Portillo, que fue por virtud de una extradición previa y una sentencia emitida por un tribunal de EE.UU., el de Efraín Ríos Montt, por un caso de crímenes cometidos en un marco del conflicto armado y, en ese sentido es histórica la sentencia.
Haciendo un análisis global del contexto de Guatemala y del contenido de la resolución es emblemático, es simbólico”.
En la sentencia, el tribunal decidió anular el delito de enriquecimiento ilícito contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti; absolvió a 11 integrantes de la red y no le dieron valor probatorio a la declaración de los colaboradores eficaces, también miembros de La Línea, Salvador González Álvarez (alias Eco) y Juan Carlos Monzón Rojas, integrante de este esquema de corrupción.
Pese a estos cambios, Sandoval dijo que no cree que la sentencia esté a medias porque quienes dirigieron esa red, Pérez Molina y Baldetti, fueron condenados a 16 años de prisión y al pago de una multa de Q8.7 millones cada uno (poco más de un millón de dólares).
PC: ¿Se hizo justicia con la sentencia del caso La Línea?
JSF: Considero que sí. Sobre el enriquecimiento ilícito, en una audiencia de la etapa intermedia, hubo un cambio de calificación jurídica por el juez -Miguel Ángel Gálvez-, pues si fuera el delito fuera el delito de cohecho pasivo, sería imposible para la FECI demostrar que hubieran realizado alguna actividad en el trámite aduanero. Según el criterio del tribunal, ese delito no fue demostrado.
Pero, esto no debe opacar que los hechos juzgados por el tribunal fueron los acreditados. Es decir, se aceptó la existencia de una red de defraudación aduanera que afectó al fisco de Guatemala.
“Sí hubo mecanismos defraudación aduanera que quedaron bien determinados, un plan global para regular el ingreso de mercancías de forma anómala y sí contribuyeron los empleados de la aduana en mecanismos de defraudación para generar declaraciones inexactas”, fueron las palabras de la jueza presidenta del tribunal, Jeannette Valdés, al momento de la sentencia.
Ya antes de leer la sentencia, la jueza Valdés había declarado que es cristiana y que el 7 de diciembre, fecha en que se reunió el tribunal para dar el fallo, “era un día de misericordia”. Todo lo que hizo pensar que la red sería absuelta, especialmente, Pérez Molina y Baldetti.
Impugnar la absolución de 11
Sandoval también manifestó que, en el caso de los 11 implicados absueltos, la FECI debería de impugnar esa parte del fallo para obtener una sentencia condenatoria en contra de estas personas, pues hay evidencia que fue acreditada en el debate.
“En el caso de la exintendente de Aduanas -Claudia Méndez Asencio- y Antony Segura. De este último hay fotografías en las que está entregando fajos de billetes en la oficina que funcionaba como centro de operaciones de la agrupación. Podrían pelear por la vía jurídica, pero en el universo de lo que está ocurriendo en Guatemala, valoro mucho la sentencia. Con esto que existe un Ministerio Público displicente, afecto a proteger a actores corruptos, supongo y entiendo las presiones a las que está sometido este tribunal, para actuar con independencia y valoro esa resolución”, dijo.
Aunque sí admitió que “hubo señalamientos contra funcionarios que conocimos el caso que fueron permitidos por el tribunal. No existió rigor en ese sentido, pero lo respeto”.
El tribunal condenó a prisión a 18 miembros de La Línea a 7 y 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. A continuación la lista de los sentenciados:
- Otto Fernando Pérez Molina (expresidente): 16 años de cárcel y multa de Q8 millones 709 mil 580.
- Ingrid Roxana Baldetti Elías (ex vicepresidenta): 16 años de cárcel y multa de Q8 millones 709 mil 580.
- Mynor Eduardo Martínez Castellanos (extécnico aduanero): 13 años de cárcel y multa de Q57 mil 112
- Melvin Gudiel Alvarado (exadministrador de Puerto Quetzal): 13 años de cárcel y multa de Q57mil 112
- Julio Rogelio Robles Palma: 13 años de cárcel y multa de Q57 mil 112
- Carla Mireya Herrera España (exadministradora de Aduana Central): 13 años de cárcel y multa de Q57 mil 112
- Carlos Ixtuc Cuc (extécnico aduanero): 13 años de cárcel y multa de Q57 mil 112
- Juan Carlos Ávila Morán (extécnico aduanero): 13 años de cárcel y multa de Q57 mil 112
- Gilda Marina Maldonado García (extécnica aduanera): 13 años de cárcel y multa de Q57 mil.
- Osama Ezzat Azziz Aranki (exintegrante de estructura externa media):12 años de cárcel y multa de Q856 mil
- Byron Antonio Izquierdo (exintegrante de estructura externa media): 12 años de cárcel y multa de Q856 mil
- Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez (exjefe de estructura externa media): 12 años de cárcel y multa de Q856 mil
- Miguel Ángel Lemus Aldana (exintegrante de estructura externa media): 12 años de cárcel y multa de Q856 mil
- Julio César Aldana Sosa (exintegrante de estructura externa media): 11 años de cárcel y multa de Q856 mil
- Julio Stuardo González De León (exintegrante de estructura externa media): 7 años de cárcel
- Delfino de Jesús Morataya: 12 años de prisión y multa Q57 mil 112
- Adolfo Sebastián Batz Rojas (extécnico aduanero): 13 años de cárcel y multa de Q57 mil 112
- Nazario Elpidio Arana: 12 años de prisión y multa Q57 mil 112
- Claudia Azucena Méndez Ascencio (exintendente de la SAT): absuelta
- Carlos Enrique Muñoz Roldán (exjefe de la SAT): absuelto
- Álvaro Omar Franco Chacón (exjefe de la SAT): absuelto
- Sebastián Herrera Cabrera (extécnico aduanero): absuelto
- Gustavo Adolfo Morales Pinzón (exjefe de división, región sur): absuelto
- Anthony Segura Franco (exsecretario general del sindicato de la SAT): absuelto
- Gustavo Adolfo Peña (extécnico aduanero): absuelto
- José Rolando Gil Monterroso (extécnico aduanero): absuelto
- Giovanni Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras): absuelto
- Edgar Armando Sac Coyoy (extécnico aduanero): absuelto
- Obdulio Horacio Barrios (excoordinador de aduanas): absuelto
Al final de la audiencia, Pérez Molina anunció que la defensa presentaría una apelación a la sentencia, pues “no tienen sustento ni pruebas. Fueron habladas de terceros”, señaló.
El tribunal citó a quienes habían sido absueltos del delito de defraudación aduanera a una audiencia de reparación el próximo 12 de diciembre, en el 15 nivel de la Torre de Tribunales, a las 9 de la mañana. Y dará lectura a la sentencia el 3 de enero 2023.
La argumentación de la jueza Valdés
La jueza Jeannette Valdés, inició la audiencia pasadas las 11 de la mañana el 7 de diciembre. En la fundamentación de la sentencia criticó el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) e indicó que nunca le abrió las puertas a la comisión, por eso, “el tribunal no sufrió su injerencia”.
Algunas de las frases destacadas de la jueza son: “el trabajo de la CICIG dejó mucho que desear. Fue deficiente. Ellos no son mejores que nosotros”, que “hay falencias, hay errores, que terminaran en sentencias absolutorias”, también indicó que el exjefe de la comisión, el colombiano Iván Velásquez, difamó al tribunal.
“Se mencionó que este proceso fue malintencionado, lleno de mentiras… como juzgadora, sé, que en otros casos no se les ha dado credibilidad. Se sabe”, aseguró sin dar más detalles.
Valdés también criticó el trabajo del juez de mayor riesgo que envió a la red de corrupción a juicio en octubre de 2017, Miguel Ángel Gálvez.
Por ejemplo, criticó que Gálvez hubiera inventado la figura de prisión provisional, en tanto, escuchaba las primeras declaraciones de los detenidos. Un tema por el cual el juez fue denunciado en mayo de este año, por la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de extrema derecha, que lo llevó a su exilio.
“No podemos tener 8 días a una persona sin ser escuchada… Me ha dejado una gran decepción este caso, los jueces debemos ser más cuidadosos de las garantías”, dijo la jueza, quien señaló que Gálvez debió organizarse y trabajar más horas o dar menos tiempo al MP para plantear su acusación.
Al preguntarle a Sandoval sobre la fundamentación de Valdés dijo que “esa parte era innecesaria porque estaban refiriendo a un contexto a los hechos demostrados en el debate”, pero cree que el tribunal quiso curarse en salud, pues “sabemos las críticas a las que son afectos los órganos jurisdiccionales que han resuelto con independencia. En ese sentido, para salvaguardar cualquier crítica de los actores de la lucha anticorrupción, podría justificarse ese discurso”.
El exfiscal recordó que la CICIG ya no existe y que cuando funcionó fue posible porque las leyes de Guatemala la que le dieron vigor y a eso debía atenerse Valdés.
“Ahí hay un tema de un sesgo, prejuicio, en cuanto a si la persona es nacional o extranjera”, concluyó Sandoval.
Prensa Comunitaria buscó la reacción del exjuez Gálvez, quien está en el exilio desde el 4 de noviembre, y a quien, recientemente, la Corte Suprema de Justicia le aceptó la renuncia, pero no atendió las llamadas de este medio.
