“No hay otra forma de decirlo, es una criminalización al ejercicio legítimo del periodismo y al ejercicio legítimo de un derecho constitucional que es la libertad de expresión”, afirmó Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado defensor del periodista Jose Zamora.
Por Simón Antonio Ramón
El periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico y recién nombrado director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), enfrentará juicio oral y público por los delitos de lavado de dinero y otros activos, tráfico de influencias y chantaje, tras la aprobación del juez Fredy Orellana de la acusación del Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
A pesar de que el abogado defensor del periodista, Juan Francisco Solórzano Foppa, pidió que se cambiara el delito de lavado de dinero y otros activos por el de lavado de dinero en grado de tentativa, porque no se consumó el delito, el juez Orellana no lo aceptó.
Según el argumento del abogado Solórzano Foppa, Ronal García Navarijo, exdirectivo del Banco de los Trabajadores, quien le daría Q300 mil a Jose Rubén Zamora, le entregó el efectivo al MP y no al periodista.
El proceso contra Jose Rubén Zamora es por su trabajo de periodista dice abogado
Solórzano Foppa mencionó que el MP habla de Q300 mil cuando la transacción fue de Q240 mil en dos cheques del banco Industrial, uno de Q200 mil y otro de Q40 mil, hecho en simulación de transacciones días antes de la detención, entre Jose Zamora y Alejandro José Girón Lainfiesta, por la venta de una obra de arte del artística guatemalteco Elmar Rojas. Además, dijo, se presentaron al MP las certificaciones de los cheques del banco donde se hizo el retiro en efectivo de los dos cheques.
El abogado pidió cerrar el proceso penal contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Afirmó que el denunciante, el banquero Ronal García Navarijo, señalado en varios casos de corrupción, entregó una grabación de una llamada entre Zamora y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, en la que García Navarijo no estaba en la llamada. Por eso, Solórzano Foppa calificó que la grabación fue obtenida de manera ilegal, además sostuvo que la razón del proceso penal contra el periodista José Zamora es por su labor informativa.
“No hay otra forma de decirlo, es una criminalización al ejercicio legítimo del periodismo y al ejercicio legítimo de un derecho constitucional que es la libertad de expresión”, afirmó el abogado ante el juez. Agregó que los hechos de los que se señala a José Zamora han sido sacrificios para mantener a flote elPeriódico para proteger a las fuentes y su financiamiento. “Mi patrocinado ha tenido que hacer durante años maravillas, malabares, exponiendo su vida, dando su propio patrimonio para proteger dos cosas que son fundamentales para él en su labor como periodista durante los más de 30 años que tiene de ejercer la profesión y esas dos situaciones señor juez tiene que ver con proteger a sus fuentes de información y sus fuentes de financiamientos”.
El abogado se refirió ampliamente sobre el secreto profesional que tienen los abogados y los comparó con la confidencialidad de las fuentes de información en la práctica periodística e invocó la Ley de Emisión del Pensamiento y convenio internacionales sobre la regulación de esta práctica en la labor de las y los periodistas, que a criterio de Solórzano Foppa se está vulnerando en el proceso penal contra el presidente de elPeriódico y actual director de la SIP.
A pesar de los planteamientos del abogado, el juez Fredy Orellana dio valor probatorio a la acusación presentada por la FECI, además, dijo que la versión de la venta de la obra de arte sería la segunda tesis de la defensa de José Zamora, porque en la audiencia de primera declaración se habla de una donación de dos personas honorables, por lo que el juez prefirió validar los planteamientos presentados por Cinthia Monterroso, que fueron respaldados por la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Se ordena investigar a Juan Francisco Solórzano y García Navarijo será querellante
El juzgador aceptó la solicitud de la fiscal Cinthia Monterroso de ordenar la investigación contra el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, así como a Justino Brito Torres, Alejandro José Girón Lainfiesta y Orlando Alejandro Álvarez Zamora por obstrucción a la justicia y por alteración de los medios de prueba. La solicitud de la fiscal fue calificada por el abogado de Jose Zamora como criminalización y como un mecanismo recurrente de la fiscalía de dejar al periodista sin defensa.
Pese a que Solórzano Foppa pidió dejar fuera del proceso a Ronal García Navarijo como querellante, el juez acogió la oposición de la FECI y la Fundación contra el Terrorismo, que representa el abogado Raúl Falla, también mandatario de García Navarijo ,a quien se le cuestiona su legitimidad como querellante.
La situación de Samari Gómez y la sentencia por proceso abreviado contra Flora Silvia
Dos hechos marcaron el desarrollo de la audiencia que terminarían dejando solo al periodista en la sala, en el resto del día.
El juez Fredy Orellana dio lectura a un memorial presentado por la defensa de Flora Silva para que su caso se conociera por medio de un proceso de aceptación de culpas. Por lo que el juez indicó que daría prioridad a la petición, previo a discutirse la etapa intermedia del caso contra el periodista Zamora y la exfiscal Samari López.
El juez resolvió que la aceptación de culpas de Flora Silvia fuera de tres años por el delito de lavado de dinero, una multa de Q150 mil y una reparación de Q30 mil.
En su resolución el juez indicó que el delito de lavado tiene una pena de seis años y Q300 mil de multa, pero como Silva había aceptado las responsabilidades imputadas por el Ministerio Público, la sentenció con la mitad de la pena, tres años de prisión conmutables de Q5 cada día, Q150 mil de multa. Silva tendrá que pagar una multa de Q150 mil y resarcir al Estado con Q30 mil.
En el caso de Samari Gómez, la exfiscal auxiliar de la FECI en el período bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, sus abogados renunciaron un día antes de la audiencia de etapa intermedia, según informó la exfiscal. Pidió al juez realizar su defensa, pero no se le permitió porque no ha sido juramentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que se ordenó al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) garantizar su derecho de defensa.
En el caso de los abogados de la exfiscal Samari Gómez, según el juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, no debieron abandonar la defensa de la exfiscal hasta que sea asignados otros abogados, en su ausencia, el juzgador emitió una queja contra ellos ante el tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) por abandono de defensa.
SIP pide libertad de José Rubén Zamora
En la audiencia estuvo presenta una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que desde noviembre anunció su llegada a Guatemala para acompañar a José Zamora en la audiencia. Encabezada por Michel Greenpson, presidente de la SIP, Ricardo Trotti, director ejecutivo; y Carlos Jornet, de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
Michel Greenpson, presidente de la SIP, calificó de arbitrario la detención de José Zamora quien se encuentra en presión desde la última semana de julio. “Para mí no están viendo los hechos, él ha estado en la cárcel por cuatro meses por un hecho provisional”, dijo en inglés que posteriormente fue traducida al español por otra persona que integra la delegación.
“No conozco per se la legislación nacional, pero el abogado de la Fundación contra el Terrorismo expresó que estábamos porque cree que es un caso político. Lo que nos preocupa es el ataque a la libertad de expresión y la falta de transparencia”, expresó el presidente de la SIP, quien también funge como directivo del diario The New York Times, con sede en New York, Estados Unidos.
El jefe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que el proceso lo podría llevar Jose Zamora desde su casa y no en prisión como ocurre actualmente. “En este caso no venimos a discutir el hecho, el fondo del asunto, no venimos tampoco a plantear desde la Sociedad Interamericana de Prensa estos temas, pero si a acompañar, el reclamo de esta instancia perfectamente se puede pasar a una instancia de presión domiciliaria, continuar el caso en presión domiciliaria. Es una condena anticipada por un hecho que todavía debe ser probado”, afirmó Jornet, también director periodístico del medio La Voz del Interior, de Argentina.
Según una publicación en la página web de la SIP, del 8 de diciembre, se reunieron con el vicepresidente Guillermo Castillo; en su agenda tienen planificado reunirse con Ramiro Contreras, de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), también mantendrán reuniones con Consuelo Porras en el MP y magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Después de enviar a juicio oral y público al presidente de elPeriódico, José Zamora, el juez Fredy Orellana señaló que ese proceso lo desarrollará el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, presidido por la jueza Oly González e integrado por el juez Otto Hugo Valvert y Brenda Julieta Duque; se fijó para que el 13 de diciembre sea la audiencia de entrega de pruebas de cargo y de descargo.
Al final la audiencia Jose Rubén Zamora denunció que el Banco de los Trabajadores (BANTRAB), del que García Navarijo fue gerente general, que empezó sus inversiones en elPeriódico en 2008 y se mantuvo previo del inicio del proceso penal. “Hasta que hubo estas audiencias por órdenes del presidente BANTRAB retiró finalmente su publicidad”, señaló el periodista y calificó que el proceso en su contra es una persecución política.
El Estado de Guatemala tiene inversiones en el Banco de los Trabajadores, a través de cual realiza pago a trabajadores y servicios de diferentes instituciones; el presidente de su junta directiva es designado por el presidente de la República. Al referirse Zamora que “por órdenes del presidente” se retiró su publicidad, no precisó si se refería a Alejandro Giammattei o al presidente del Banco.
