– 105 ataques y limitaciones se registran de enero a octubre
– APG reporta en total 389 agresiones en lo que va este gobierno
El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incomodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición.
Las acciones en contra de la libertad de expresión y el clima de impunidad general que favorece, principalmente el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), provocaron que del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 se registraran 105 actos de acoso y limitaciones a la labor periodística, de acuerdo a cifras del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG. Con estos datos suman 389 casos registrados durante el gobierno de Giammattei; 149 en 2020 y 135 en 2021.
Dentro de las cifras de este año destacan 10 casos de acoso judicial, en los que se incluye la criminalización, la censura judicial y las citaciones a declarar a periodistas por sus publicaciones. Los actos más emblemáticos dentro de este patrón de acoso son el encarcelamiento de José Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente. La persecución contra elPeriódico es solo una muestra de los límites que está dispuesto a cruzar la Presidencia y aliados para pisotear la libertad de expresión y minar los derechos humanos.
Para la APG existe una enorme preocupación de que el proceso en contra de Zamora y personal de elPeriódico sea la antesala de un recrudecimiento de la persecución penal en contra de la prensa, que alcance el extremo de más detenciones, el envío a prolongados periodos de prisión o sentencias condenatorias en contra de comunicadores (incluyendo la imposición de multas económicas), la intervención de medios, el embargo de sus cuentas o el ahogamiento financiero, para provocar el cierre de sus operaciones.
La criminalización de la libertad de expresión, emprendida por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y Rafael Curruchiche, responsable de la “Fiscalía Especial Contra la Impunidad”, provocó además del exilio del Juan Luis Font, integrante de ConCriterio, el de Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Español, quien también debió salir del país por el acoso en su contra y de su familia.
Mientras Porras Argueta actúa con celeridad para fabricar casos y perseguir a los periodistas, muestra displicencia para investigar los ataques en contra de la prensa. En los últimos meses del 2022 fueron públicos los diversos casos que la Fiscalía de Delitos en contra de Periodista desestimó y se negó a investigar, incluyendo algunos de violencia policial. Solo este año, el MP archivó 34 denuncias de periodistas y desestimó otras 81, según datos proporcionados por esa fiscalía.
Estos hechos harán que disminuya aún más la ínfima confianza de los periodistas al MP y al sistema de justicia general. La APG reitera que mientras en una agresión o crimen contra periodistas no exista una sentencia condenatoria en contra de todos los responsables, así como haya una reparación digna para las víctimas y existan acciones para garantizar la no repetición de los hechos, el caso permanecerá en la impunidad. Desestimar casos o cerrar las investigaciones, por el desinterés de los fiscales, solo promueve la impunidad y no contribuye a la generación de justicia.
Aunque el acoso judicial es una de las principales causas de limitación a la prensa, existen otros patrones de acoso en los que están involucradas autoridades y empleados públicos o se sospecha fuertemente sobre su participación. Uno de estos son las limitaciones para que reporteros cubran actividades donde participan funcionarios gubernamentales, la negativa de autoridades a facilitar información de carácter público o la renuencia de distintos funcionarios de brindar declaraciones o entrevistas a periodistas críticos, mientras sí lo hacen con periodistas que consideran aliados o medios que utilizan como sus plataformas de relaciones públicas.
Por su parte, el OJ y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establecieron como política impedir el acceso de reporteros a las audiencias de casos vinculados con actos de corrupción o criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y también periodistas, aunque estos casos no se encuentren bajo reserva.
Jueces en distintos departamentos argumentan el tamaño reducido de las salas o las antiguas limitaciones por la pandemia para negar el ingreso de reporteros y observadores de derechos humanos. Mientras que los fiscales implementaron la práctica de alegar cuestiones de seguridad personales o quejarse de la “mediatización de los casos”. Las actitudes de estos administradores de justicia responden al interés de mantener ocultas falencias o ilegalidades en las investigaciones o irregularidades que ocurran en las audiencias.
Pero mientras el OJ y el MP limitan la cobertura periodística, no tienen reparo en compartir datos a operadores de cuentas falsas en redes sociales, quienes usualmente adelantan operativos que se realizarán, divulgan resoluciones antes que las partes procesales sean notificadas oficialmente o comparten información bajo reserva y participan activamente en campañas de acoso y desprestigio en contra de periodistas.
El sistema de justicia también continúa protegiendo a los responsables de estas cuentas falsas pese a las múltiples acciones de acoso sexual en contra de mujeres periodistas, amenazas de muerte y comentarios racistas que divulgan. Detrás de estas redes, que la APG catalogó como “nuevos grupos de choque”, no solo estarían personas pagadas por el Estado sino también empleados públicos.
Los esfuerzos del actual gobierno por menoscabar la libertad de expresión también se han centrado en las manifestaciones públicas y en los estudiantes, activistas, ciudadanos y líderes que participan en estas. La consigna es clara en este tema: perseguir y desarticular cualquier movimiento o iniciativa que se oponga a las políticas o acciones del régimen, con la intención de imponer un estado general de autocensura. Por la intolerancia a la libertad de expresión y por su actitud autoritaria, este gobierno pasará a la historia como el de más acciones en contra de este derecho ciudadano.
Guatemala 12 de diciembre de 2022
