Las dos denuncias archivadas fueron presentadas por la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por el allanamiento a la casa del periodista en abril de 2020, y por las agresiones que sufrió por parte de policías, durante la represión del 22 de octubre de 2021, en El Estor, Izabal.
Por Simón Antonio Ramón
En las últimas dos semanas la Fiscalía de Delitos contra Periodista del Ministerio Público (MP) notificó al periodista Carlos Choc que la denuncia presentada por el robo a su casa, el 18 de abril de 2020, y por las agresiones de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la represión policial contra comunidades de El Estor, el 22 de octubre de 2021, fueron archivadas.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas notificó el 8 de noviembre al periodista Choc que se archivó la denuncia presentada por la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el 20 de abril de 2020, por un robo en su casa, en el que se llevaron una cámara fotográfica y dos teléfonos celulares.
En el escrito, la fiscalía indica que se archiva el expediente “hasta que sea posible la individualización de las personas sospechosas de haber cometido el hecho delictivo para darle continuidad a la persecución penal”.
El 18 de abril, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, una persona no identificada ingresó a la vivienda del periodista en El Estor, Izabal, y se llevó el equipo de trabajo, pero no tomó dinero ni otras cosas, según informó el Choc. Esto llevó a la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a presentar inmediatamente una denuncia.
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El contínuum de la criminalización e impunidad
La segunda denuncia archivada fue notificada el 24 de octubre de este año, por la agresión que sufrió el periodista de parte de los agentes de la PNC durante la cobertura de la represión policial en El Estor, el 22 de octubre de 2021, cuando se desalojó la resistencia del pueblo maya Q’eqchi’ en contra la minera CGN-Pronico. Esta denuncia también fue presentada por la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el 30 de marzo de este año.
En la jornada del 22 de octubre de 2021, el periodista fue despojado de su equipo periodístico y golpeado por agentes de la PNC, durante la represión policial. Sin embargo, 13 agentes denunciaron el 1 de diciembre de 2021 al periodista Carlos Choc y a 10 integrantes de las autoridades ancestrales y de la Gremial de Pescadores Artesanales, de El Estor, por el delito de instigación a delinquir.
El juez Edgar Aníbal Arteaga López, del juzgado pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, emitió el 13 de enero de 2022, 11 órdenes de captura contra las personas denunciadas por los agentes policiales, entre ellos el periodista Carlos Choc, según el expediente 18002-2021-00423. La denuncia contra el periodista perdió vigencia, al dictarse falta de mérito en la audiencia de primera declaración del 13 de septiembre de este año.
Tras la represión del 22 y 23 de octubre que sufrieron las comunidades, el gobierno impuso un estado de sitio por 30 días y después un estado de prevención, por 15 días más. Durante este tiempo el gobierno y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN Pronico), subsidiaria de Solway Investment Group, aprovecharon para aprobar una consulta en la que las autoridades comunitarias reprimidas y posteriormente denunciadas y criminalizadas, pedían participar para representar a sus comunidades.
El periodista Carlos Choc ha sido criminalizado en dos procesos penales: el primero, es la denuncia por los hechos del 22 de octubre, desestimada el pasado 13 de septiembre, por el juez Arteaga. El mismo juez conoce el expediente 18102-2017-00175, en el que el periodista es denunciado por el delito de detenciones ilegales por familiares de trabajadores de la minera Fénix, cuando dio cobertura a una manifestación de la Gremial de Pescadores el 3 y 4 de mayo de 2017.
Este caso está detenido en su etapa intermedia. En el caso de Eduardo Bin, uno de los 10 denunciados, fue absuelto recientemente de los delitos de los que se acusó en el mismo expediente a Carlos Choc.
El abogado Francisco Vivar, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), dijo que esta acción del MP se determina a partir de las diligencias que hizo el MP, tanto en el municipio de Morales como en el Estor, donde la Fiscalía tiene sedes municipales. “En la fiscalía de Morales informaron que no existe una denuncia en contra de Carlos -Choc- por lo que no se violenta la libertad de expresión, cuando él estuvo sometido a dos procesos penales y ahora falta que se resuelva el proceso de 2017”, informó el abogado sobre la desestimación de la denuncia sobre la agresión del 22 de otubre de 2022.
En la misma desestimación la Fiscalía argumenta que el periodista llegó a declarar hasta diez meses después de los hechos, el abogado Vivar señaló que esa ausencia no fue de manera intencional. “Fue así porque el periodista tenía una orden de detención por denuncias de agentes policiales que participaron en el operativa que había denunciado la PDH”, afirmó el abogado.
Hasta el momento queda un proceso penal contra el periodista abierto desde el 2017, por los delitos de detenciones ilegales, falta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de casación promovido por la defensa del periodista y los miembros de la Gremial de Pescadores, contra la decisión del juez Edgar Arteaga, de clausurar provisionalmente el proceso en 2019, cuando la fiscalía había solicitado que se archivara el proceso porque no había delito que perseguir.