Con un presupuesto multimillonario, el ministro de comunicaciones no tiene respuestas para la emergencia por lluvias, ni para aclarar el destino del presupuesto más grande registrado en la historia de la institucionalidad democrática. ¿en dónde está el dinero? ¿Cómo responderán a las emergencias? El ministro millonario no responde aún.
Por Juan Calles
Era 2015, hace siete años, sobrevivientes de la tragedia de El Cambray II aún recuerdan esos días lluviosos, el cielo gris, el viento helado, la lluvia no daba tregua, durante ese fatídico septiembre. Dia tras día, la lluvia se hacía presente puntual y necia, para para el 1 de octubre la acumulación de agua hizo que la montaña cediera y se provocó un alud de piedras y lodo que sepultó a casi la totalidad de la comunidad.
El Cambray II estaba ubicado en Santa Catarina Pinula. En el lugar quedaron sepultadas 125 viviendas y 280 personas perdieron la vida; en la actualidad el lugar se encuentra clausurado y dos alcaldes de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro y Víctor Albarizaes, enfrentan cargos penales por homicidio culposo e incumplimiento de deberes.
Esto debido a que, con antelación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (CONRED), advirtió sobre la erosión de los suelos en el lugar, sin embargo, las autoridades municipales no alertaron a la población a pesar de estar informados del riesgo que corría la comunidad.
Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, enfrenta además un juicio por el delito de fraude, ya que después de renunciar a su cargo cobró una indemnización que no le correspondía por 3 millones 459 mil quetzales. Por el caso del Cambray II se libró de la prisión, al pagar una fianza de Q300 mil. Aunque continúa ligado a proceso, no tuvo que guardar prisión.
A continuación, se hace un recuento de hechos que han provocado muerte y dolor en la población guatemalteca en diferentes años, la temporada de lluvias siempre ha provocado todo tipo de accidentes y tragedias, sin embargo, hasta hoy las instituciones estatales encargadas de prevenir, atender y ayudar a las víctimas, no parecen tener respuesta a este problema, aunque tengan las arcas llenas de dinero; la pregunta sin respuesta es ¿en dónde está ese dinero?
El abandono del Estado y la corrupción
En junio de 2017 un alud de tierra provocado por las constantes lluvias soterró a un pequeño bus que transportaba personas desde la cabecera departamental de Huehuetenango hacía Soloma, en esa tragedia fallecieron 11 comunitarios.
Las tormentas Eta y Iota en 2020 representaron un inmenso desafío para comunidades en todo el país, además de lidiar con la pandemia por COVID-19, ambas tormentas inundaron comunidades, destrozaron cultivos, arrasaron viviendas y provocaron derrumbes y destrucción en carreteras.
Hasta hoy, las consecuencias de esas tormentas se sufren en las comunidades afectadas, el gobierno de Alejandro Giammattei poco o nada hicieron por las personas afectadas, a pesar de que recibieron visitas de personeros del gobierno, nunca se cumplieron los ofrecimientos, después de ser azotados por las tormentas, la ausencia del Estado causa aún más tragedia en las comunidades afectadas.
En este caso, el abandono del gobierno hacia las poblaciones indígenas es evidente, con indolencia dejan abandonadas a su suerte a todas las comunidades que sufrieron los embates de las tormentas Eta e Iota, que se quedaron sin alimentos y sin vivienda.
Niña fallece en deslizamiento; 45,875 personas afectadas por inundaciones y derrumbes
Tan solo hace un año, en septiembre del 2021, la CONRED reportó que para el fin de semana de ese mes al menos 45 875 personas resultaron afectadas por inundaciones, deslizamientos y derrumbes ocasionados por las lluvias, principalmente en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla, Jutiapa, Quiché, Baja Verapaz, San Marcos y la ciudad capital.
Además de evacuaciones y accidentes de tránsito, los y las guatemaltecas cada año se enfrentan a crisis viales por lluvias y en ocasiones se sufren tragedias en donde comunidades enteras son arrastradas por ríos desbordados o por aludes de tierra, pero sobre todo por la negligencia, incapacidad y desidia de las autoridades de turno.
Niña fallece en deslizamiento; 45,875 personas afectadas por inundaciones y derrumbes
2022 el año de Guatemala socavada
Aunque en años anteriores se conoció de socavamientos en algunos puntos de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, en el año 2007, en el Barrio San Antonio en la zona 6 de la ciudad capital, después de que los vecinos escucharan retumbos y sintieran temblores de tierra, el suelo se hundió y se tragó casas y vehículos pesados, la municipalidad necesitó dos años para declarar que el lugar era nuevamente seguro.
Tres años después, en la zona 2 de la colonia Ciudad Nueva, muy cerca del primer socavamiento en el barrio San Antonio, se reportó otro hecho, sin embargo, esta vez, no cobró vidas humanas ni daños en viviendas, el agujero fue más pequeño.
Durante la temporada de lluvias de este 2022, los socavamientos en Villa Nueva y en carretera hacia el Salvador, muy cerca de donde se encontraba el Cambray II, han marcado la temporada por la ineficiencia de las autoridades por atender estos socavamientos, que en el caso de Villa Nueva ya cobraron vidas de ciudadanos guatemaltecos.
Un socavamiento es el debilitamiento de los suelos por excavaciones en donde se crean cavernas que dejan una estructura en falso, en el caso de los socavamientos en Villa Nueva se producen por que los colectores de aguas municipales se excedieron en su capacidad desbordando agua que “lavó” la tierra dejando la carretera en falso.
En el caso de las grietas que se reportan sobre la carretera que conduce a Santa Catarina Pinula y la frontera con El Salvador, aún no se registra como socavamiento, pero se teme que ese sea el motivo de las grietas reportadas hasta el momento.
En el socavamiento de Villa Nueva dos vehículos cayeron en el gigantesco agujero, tres personas fueron llevadas al hospital con heridas graves y dos mujeres perdieron la vida, Olga Choz y Hellen Mejía; cinco días necesitaron los rescatistas para ubicar el automóvil y los cuerpos. Después de una reunión con el presidente Giammattei los familiares informaron que el mandatario dijo que con tecnología de punta ubicaron el vehículo al fondo de la caverna que se formó debido al socavamiento.
#VillaNueva El equipo de Bomberos está trabajando en la búsqueda dos personas quienes se encuentran desaparecidas, luego de caer en el socavamiento de la zona 6 de Villa Nueva, #Guatemala. Buscan el vehículo en el que ambas cayeron anoche. 📌
📹 @BVoluntariosGT pic.twitter.com/Erqi4JSkXZ— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 25, 2022
Un caso actual que resume el abandono estatal hacia las comunidades
La comunidad agraria Los Cimientos se ubica en las faldas del volcán de fuego, entre Escuintla y Siquinalá; esta comunidad solicitó la construcción de un puente sobre el río Ceniza, pues es la única vía de acceso para su comunidad y otras 14 comunidades aledañas, es decir, el puente es la única vía de acceso para más de 45 mil personas.
Al vivir en las faldas del volcán de Fuego, que hizo erupción en junio de 2018, y ser declarada como zona de alto riesgo, el puente solicitado se convierte en vital para la protección de la vida de las miles personas que viven a los pies del volcán que se mantiene activo y que en la actual temporada de lluvias corren el riesgo inminente de la crecida del río que arrastra lahares del volcán.
A inicios del 2020 el alcalde de Siquinalá, Edgar Roberto Álvarez, y el diputado Sergio Arana, del partido oficialista VAMOS, ofrecieron a los comunitarios construir un puente sobre el río Cenizas, sin embargo, tres años después, los comunitarios continúan en el abandono de las instituciones gubernamentales.
En una citación realizada por el Grupo Parlamentario de Oposición, (GPO), se reunieron en el Congreso de la República, comunitarios de Los Cimientos, representantes de CONRED, la Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH), el alcalde Edgar Roberto Álvarez y el diputado Carlos Barreda.
Durante la reunión los comunitarios relataron que les pidieron proponer un terreno en el que se pudiera construir el puente, lo cual cumplieron a cabalidad, les pidieron mediciones y las cumplieron también; tres años después no existe respuesta ni del diputado, ni del alcalde.
A pesar de ello, los comunitarios no se quedaron de brazos cruzados, reunieron Q300 mil para la compra del terreno, en donde se construiría el puente, lo legalizaron y después de eso, se dieron a la tarea de reunir otros Q200 mil quetzales para construir un puente. Hoy ese puente está a punto de colapsar debido a las fuertes lluvias de las últimas temporadas.
César Micheo de CONRED “Desde el 2018 esa área está declara de alto riesgo”
El representante de CONRED en la citación con el GPO fue el arquitecto César Micheo, quien fue tajante al afirmar que la zona se encuentra declarada de altísimo riesgo y que no recomendaría construir en el lugar.
Micheo haciendo uso de un mapa elaborado por la CONRED señaló que después de la tragedia del 2018, cuando el volcán de fuego sepultó a la comunidad Los Lotes, en donde murieron 194 personas y 234 continúan desaparecidas la zona tiene áreas de altísimo riesgo, de riesgo alto y riesgo moderado por lo que no se recomienda construir en el lugar.
Ante la declaración de Micheo, los comunitarios reaccionaron indignados, pues empresas constructoras si cuenta con permisos para explotar material de construcción en el lugar, la alcaldía de Siquinalá draga el río constantemente, por lo que piensan que a las instituciones encargadas de atender las emergencias no les interesa el bienestar de las 14 comunidades ubicadas en el lugar.
Se informó que Carlos Gamboa, delegado departamental de la CONRED en Escuintla y quien debe mantener comunicación constante con los comunitarios por medio de sus redes de coordinación, no se ha presentado al lugar y bloquea la comunicación con el comunitario que es voluntario de la CONRED en la comunidad Los Cimientos “¿Cómo es posible que Gamboa bloquee la comunicación con los comunitarios, como se comunicará una emergencia si los tiene bloqueados?”, se preguntó el diputado Barreda.
César Micheo no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la citación con el GPO.
De la misma manera el gobernador de Escuintla, Luis Chen, estuvo citado a esta reunión, sin embargo, no se presentó pues por medio de una carta aseguró que a la misma hora y al mismo día fue citado por el diputado Sergio Arana, quien engañó y mintió a los comunitarios cuando ofreció la construcción del puente, se envió una comisión para verificar que dicha citación fuera verdadera, pero en el despacho de Arana dijeron que ese día no llegó nadie, ni estaba programada ninguna citación. Barreda dijo que demandaría al gobernador por mentir ante una citación del GPO.
Finalmente, los comunitarios pidieron que se les permitiera dragar río en las cercanías del puente que ellos mismos construyeron, y que finalmente les cumpla la promesa de construir un puente que les permita entrar y salir de sus comunidades de forma segura y digna.
La corrupción nuestra de todos los días también provoca tragedias
Para marzo de este año, el Congreso de la República aprobó un incremento en el presupuesto de CIV, con el pretexto de fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, con lo cual dicho ministerio recibió un incremento de Q3 191.2 millones.
A pesar de ese incremento, el Sistema de Contabilidad Integrada, (SICOIN), del Ministerio de Finanzas Públicas reporta que la ejecución presupuestaria del CIV es muy baja (26%) en comparación con otros ministerios; además, las carreteras del país se encuentran en el completo abandono, algunas y otras, importantes vías los baches y tramos de terracería están convirtiendo lo caminos en terracería lodosa.
Sin embargo, en junio de este año, al inicio de la temporada de lluvias, los diputados oficialistas aprobaron otro incremento presupuestario para la cartera de comunicaciones; en esta ocasión se le trasladaron fondos destinados a la compra de vacunas contra COVID-19, por un monto de 1 mil millones de quetzales.
En aquella fecha el analista económico, Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, opinó: “Esta aprobación es criminal, lo que hay que entender es que Guatemala de hecho, ya se encuentra en periodo electoral, entonces diputados distritales, alcaldes municipales, síndicos, concejales, gobernadores departamentales, están pensando más en cómo financiar la campaña por la reelección que en fines legítimos y lícitos del recurso público”.
Después de tres meses los resultados de esa ampliación presupuestaria aún no se conocen, pues las condiciones de las carreteras y en general de la infraestructura vial se encuentra en muy malas condiciones.
Mientras tanto, Luisiño Chávez, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, (COVIAL), informó que todas las rutas están clasificadas y tienen un responsable de atenderlas, hay tramos y carreteras de jurisdicción municipal y son las municipalidades las responsables de atender las emergencias, pero las rutas nacionales, departamentales y centroamericanas son responsabilidad del CIV que a través de sus unidades ejecutoras brindan la atención y mantenimiento a dichas carreteras.
“En un gran porcentaje de la red vial si estamos en la capacidad de atender emergencias, que obviamente no rebasen la capacidad presupuestaria o el monto contractual del proyecto asignado en el tramo, porque cuando hay emergencias que sobrepasen la intervención de dichos proyectos pues se contratan otros proyectos, como por ejemplo lo que sucedió con Eta y Iota, cuando fue necesario contratar más proyectos por que el daño fue considerable y tuvimos perdida de puentes, socavamiento en los aproches, perdimos carreteras, por lo que fue necesario tener más presupuesto para atender estas emergencias”, dijo Chávez.
¿En dónde están los 8 mil millones de quetzales del CIV?
El diputado Edgar Batres, de la bancada Winaq, ha citado a funcionarios del CIV para fiscalizar el trabajo de dicho ministerio, además de tratar de dar respuesta a la pregunta de los 8 mil millones otorgados al ministerio responsable de la red vial del país, que hoy se encuentra al borde del colapso. En esta entrevista el diputado comparte sus conclusiones luego de la fiscalización realizada.
Prensa Comunitaria: En la actualidad el CIV tiene el presupuesto más grande de los últimos tres gobiernos ¿Entonces por qué hay caos vial y las emergencias continúan sin ser atendidas adecuadamente?
Edgar Batres: Referido a los 3 mil 19 millones que se les trasladaron al CIV bajo la excusa de la denominada infraestructura estratégica (que se presentó con un listado de obras que se iban a ejecutar), al día de hoy ese listado de obras ha sido cuestionado por que eran obras fantasmas, en la parte de la ejecución.
Lo que se ha podido evidenciar es que están beneficiando directamente compromisos de deuda electoral y compromisos a futuro. Es decir, muchas de las empresas a las que se les adjudican contratos están comprometidas con el actual gobierno o con ex diputados o con ex funcionarios, realmente lo único estratégico es la apropiación de los fondos por parte de los funcionarios públicos actuales y los que dejaron el puesto.
PC: ¿Qué evidencia el traslado de millones de quetzales al CIV?
EB: Cuando uno hace la sumatoria del presupuesto total otorgado este año al CIV sobrepasa los 8 mil millones de quetzales, eso evidencia efectivamente que ha sido el año de las finanzas para el ministerio de Comunicaciones, pero lo más crítico de esto es que no han podido ejecutar obras.
Por ejemplo, ayer (28 de septiembre) cité a la directora del Fondo para la Vivienda, FOPADI, entidad del CIV, Erika Maldonado y la viceministra de desarrollo urbano y vivienda Cristina Elizabeth Lemus Alvarado, quienes nos informaron que de los 600 millones que tienen asignados no han ejecutado un solo centavo y no han podido subir ni una sola licitación a Guatecompras.
Es como que no existiese necesidad a la asistencia económica que se les da en subsidio de 35 mil quetzales a cada persona para que inicie el proceso de construcción, pero además no han iniciado ningún proceso de ejecución de construcción en el programa llamado techo mínimo.
Entonces vemos la ineficiencia en la operación del ministerio de comunicaciones.
PC: ¿Entonces que han hecho con todo ese dinero?
EB: Lo más significativo que uno encuentra es lo invertido en el primer agujero de Villa Nueva, allí se gastaron 54 millones, de los cuales 23 millones se invirtieron en el “Lodocreto”, pero no hay ningún registro para verificar si realmente ese monto se invirtió alli, entonces como decimos coloquialmente, a esos 23 millones se los llevó el rio.
PC: ¿Existe algún mecanismo legal para exigir que informen como se gastaron esos 23 millones?
EB: Si existen los mecanismos legales, el problema es que la Contraloría General de Cuentas está tomada por los grupos oscuros, entonces si uno le solicita las auditorias al respecto, (ya las he solicitado), simplemente no atienden las llamadas de los diputados que solicitamos dichas auditorias.
PC: ¿Cómo se explica que cada año en las mismas fechas a pesar de tanta tragedia y tantos accidentes no se realicen planes que protejan a la población de este tipo de tragedias?
EB: Hay dos artículos en el código municipal, el 68 y el 162 que establecen la obligatoriedad de los servicios públicos, y dentro de ellos están precisamente el mantenimiento de la red pluvial, el mantenimiento de los drenajes, o sea que cada alcalde al iniciar su periodo debería tener un estudio sobre el sistema de drenajes en su municipio. Lo cual nunca sucede.
De allí tenemos casos como el de Villa Nueva, en donde sí es responsable directo el alcalde Javier Gramajo, por no prever las condiciones de la infraestructura de la red de drenajes.
A parte, el papel del CIV que tiene en el abandono la red vial, todas las rutas principales, utilizados por el turismo, están en muy mal estado, ni a la Antigua se puede ir, ya no digamos Petén, Panajachel o Huehuetenango.
- La institucionalidad encargada de estos temas no está respondiendo a las necesidades actuales del país ¿por qué?
El ministerio de ambiente entra a jugar su parte negativa en todo lo que sucede en este tema, porque por ejemplo el boom de las construcciones de vivienda vertical, por todos lados, a nivel nacional, vemos construcciones de edificios de apartamentos, ¿A dónde van esos drenajes? ¿Qué vías de comunicación utilizan? Aprueban esas construcciones, pero no planifican drenajes alternos, vías alternas, puentes alternos, colectores alternos, esta es responsabilidad del ministerio de ambiente, cuando autoriza los estudios de impacto ambiental que junto a las municipalidades lo han convertido en un mecanismo de corrupción.
PC: ¿Cómo puede la ciudadanía exigir que la institucionalidad gubernamental atienda las necesidades y funcione de manera adecuada?
EB: Esto tiene que ver con el clientelismo que históricamente el sistema electoral y de partidos políticos ha creado. El ciudadano guatemalteco no tiene el criterio de ser ciudadano, es hasta los 18 años cuando le dicen a uno que empieza a ser ciudadano con derechos y obligaciones, entonces no crecemos con ese criterio de ciudadanía, entonces no entendemos lo que implica el ejercicio de los derechos, o sea el modelo de las relaciones de dominación, por eso es difícil que los guatemaltecos entremos plenamente al ejercicio de la participación de la política, pero además que exijamos lo que en ley nos corresponde.
Debemos recuperar la institucionalidad, debemos voltear la vista a la organización social, para exigir a las instituciones del Estado y los funcionarios públicos, en todos los niveles, comiencen a cumplir con sus funciones, la organización social debe reencausarse en recuperar la institucionalidad del estado que en este momento está sumamente cooptada.
El ministro millonario que no da la cara
Con un mega presupuesto, el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado Quiñonez, no es capaz de dar solución a los constantes problemas reportados a lo largo y ancho del país, no comparece ante los medios de comunicación y no se presenta a la citación de los diputados de oposición.
Al igual que otros ministros de Estado, no responden cuando se hace evidente su ineficiencia o indiferencia ante los problemas nacionales, la corrupción y el abandono estatal hacia las comunidades y pueblos indígenas es evidente y continúa provocando tragedias.
El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, protegido por el oficialismo, pasará a la historia como un ministro millonario sin obras y sin respuestas.
