El regreso del expresidenciable a Guatemala, y las peticiones de reformar la Ley de Extinción de Dominio en la que se basó el congelamiento de sus propiedades, parecen marcar la última vuelta retorcida del sistema judicial.
Por Héctor Silva Ávalos
Manuel Baldizón tiene un currículo extenso. Dos veces candidato presidencial. Diputado. Hotelero. Constructor. Condenado a 50 meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de lavar dinero. Y, desde el 5 de octubre de 2022, deportado. De vuelta en el sistema judicial guatemalteco, aún debe de responder por seis delitos en dos casos diferentes, el de Odebrecht y el del Transurbano, dos esquemas de soborno y fraude de los que Baldizón fue partícipe según el Ministerio Público. Pero las cosas, hoy, no le pintan del todo mal.
Baldizón no es un deportado más. Tampoco es un sindicado más. Y su vuelta al banquillo de los acusados llega acompañada de una narrativa muy similar a la que el MP de Consuelo Porras ha construido para restar mérito a los casos contra políticos, empresarios, funcionarios y militares acusados de corrupción y crímenes de guerra y, en el camino, criminalizar y judicializar a los jueces, fiscales e investigadores que llevaron esos casos.
“Es evidente que las personas sindicadas en los procesos que conocimos están presentando denuncias en contra de los operadores de justicia y que el Ministerio Público está gestionando esas investigaciones con particular interés”, dice una operadora de justicia guatemalteca que se vio obligada a salir del país, perseguida por el gobierno y que pidió no escribir su nombre por temor a que las autoridades acosen o dañen a su familia.
El MP de Porras, de hecho, actúo rápido tras la llegada de Baldizón. El 7 de octubre, solo dos días después del aterrizaje, ya el expresidenciable contaba con la calidad de querellante adhesivo en un caso contra la exfiscal general Thelma Aldana y el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval.
“He sido notificado por mis abogados que ya he sido aceptado como querellante adhesivo en contra de Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana por las múltiples ilegalidades en contra de los procesos legales. Hay acusaciones en contra de él”, dijo Baldizón a periodistas durante un trámite judicial, según una reseña del diario La Hora.
Desde que aterrizó en Ciudad de Guatemala, Baldizón no ha hecho más que hablar para alimentar esa versión. En la Torre de Tribunales se aseguraron de que tuviera tiempo para soltar su parrafada: los custodios y el personal administrativo dilataron el proceso de toma de datos dos horas, cuando es algo que suele durar no más de 20 minutos.
Desde ese estrado y con un tumulto de periodistas y cámaras frente a él, Baldizón se extendió diciendo que había pedido a las autoridades estadounidenses, las mismas ante las que se confesó lavador de dinero, regresar a Guatemala. También se refirió, por primera vez, a quienes parecen ser los objetivos últimos de su nueva gesta judicial, Aldana y Sandoval, para acusarlos de cometer delitos durante el proceso que ligó al expresidenciable con el millonario fraude ligado a Odebrecht, en el que se le acusa de recibir y tramitar sobornos para favorecer a esa empresa.
Lo primero que dijo Baldizón durante su intervención en las carceletas de la Torre de Tribunales es mentira, o al menos una verdad a medias: él no regresó a Guatemala por su gusto, volvió deportado, junto a decenas de sus compatriotas, luego de que la justicia estadounidense redujera a 18 los 50 meses de prisión a los que lo había condenado por lavar dinero del narcotráfico. El mismo Baldizón firmó un escrito judicial en Estados Unidos en el que aceptó esos cargos.
“Baldizón Méndez aceptó contribuciones de campaña a sabiendas de que se los hacían traficantes de droga y de que el dinero provenía del narcotráfico. Después, se involucró en transacciones financieras, incluidas las compras de propiedades en Miami, para esconder que había aceptado esas contribuciones de campaña de los narcotraficantes”, dice un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos fechado el 12 de noviembre de 2019.
No está claro por qué la justicia estadounidense disminuyó la sentencia de Baldizón a menos de la mitad para iniciar su proceso de deportación forzada. Un agente federal estadounidense cuestionado por Prensa Comunitaria al respecto dijo, en términos generales, que en algunas ocasiones los fiscales estadounidenses utilizan información que brindan sujetos como Baldizón para ir tras otros con mayor jerarquía en organizaciones criminales.
“Ya el fiscal (el Departamento de Justicia de Estados Unidos) había dicho que Baldizón se declaró culpable de lavar dinero de narcotraficantes… ¿Quiénes son esos narcos? ¿Interesan más esos narcos a Estados Unidos…? Baldizón puede ser grande en términos de crimen en Guatemala, pero para Estados Unidos puede ser un peón en un esquema más grande”, dijo a Prensa Comunitaria en Washington un funcionario legislativo que está al tanto de las discusiones en el Congreso de temas que, como este, atañen a la relación de la Casa Blanca con Guatemala. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a discutir este asunto en público.
La decisión de liberar a Baldizón, sin embargo, ha provocado reacciones adversas en Washington.
“Cuando líderes políticos que han sido condenados por crímenes serios después de que se han declarado culpables de cargos son enviados de vuelta a sus países como figuras políticas viables, básicamente lo que han hecho es lavarles la cara para que vuelvan al sistema político corrupto que estos líderes ayudaron a crear”, comenta, por su parte, Douglas Farah, director de IBI Consultants, una casa de análisis conocida por sus insumos respecto a la situación criminal de América Latina, los cuales son ampliamente utilizados por oficinas del gobierno de los Estados Unidos.
Es preocupante, apunta además Farah, que el de Baldizón no es un caso único en la historia reciente de Centroamérica. “En Honduras, Yani Rosenthal hizo lo mismo, corrió para presidente sin objeciones y hoy controla varios hilos en el Congreso”, dice, en referencia al banquero hondureño que se declaró culpable de lavar dinero de Los Cachiros, una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de su país y luego, siguiendo la misma ruta que hoy sigue el guatemalteco Baldizón, regresó a Honduras y se lanzó a competir por la presidencia de su país.
“Estos son ejemplos desmoralizantes de la intransigencia de las estructuras de impunidad que existen en Centroamérica y de la inhabilidad de los Estados Unidos para evitar que los criminales vuelvan a tener posiciones de privilegio y poder”, dice Farah en referencia a Baldizón.
No está claro, por ahora, si el regreso de Manuel Baldizón terminará eventualmente en un reenganche en la arena política, pero sí parece evidente que, en las cortes, los vientos soplan a favor del expresidenciable.
El camino torcido de la justicia
No parece para nada casual que Baldizón haya regresado a Guatemala, esposado pero con una sonrisa, a “enfrentar la justicia” en su país. Y no parece casual tampoco que lo haga cuando el MP de Porras y su querellante adhesivo preferido, la Fundación contra el Terrorismo (FCT) de Ricardo Méndez Ruiz, se disponen a terminar de dinamitar los procesos judiciales contra la corrupción, que vieron la luz en Guatemala durante los años de la CICIG y la antigua FECI, como el caso Odebrecht, capítulo guatemalteco, uno de cuyos implicados más notorios es el señor Baldizón.
Tampoco parece casual que el 11 de octubre pasado, 6 días después de la deportación de Baldizón y 4 después de que el MP lo aceptara como querellante adhesivo, la FCT anunciara que había presentado una inconstitucionalidad contra la Ley de Extinción de Dominio con los mismos argumentos con que este mecanismo judicial, utilizado en contra de políticos acusados de corrupción y otros crímenes, se ha suavizado en otros países: que congelar los bienes y cuentas de gentes como Baldizón viola el debido proceso, vulnera la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a la propiedad privada. Fue la misma argumentación que, por ejemplo, utilizó en El Salvador el gobierno de Nayib Bukele para hacer algo similar.
Una investigación periodística firmada por Asier Andrés reveló, en octubre de 2020, que Baldizón construyó una torre de apartamentos de 15 niveles en la zona más cara de Ciudad de Guatemala, creó una cadena hotelera con tres inmuebles, expandió negocios a Nicaragua y se involucró en proyectos de construcción en la Carretera a El Salvador. Para alguien así, una ley de extinción de dominio laxa no puede ser más que buenas noticias.
La estrategia del lavador confeso, del MP y de la FCT, además, aparecen con puntos en común. El más relevante, la intención explícita de los tres, de arremeter contra Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana para, como advirtió la exoperadora de justicia consultada, investigar y perseguir a los investigadores.
De primeras, Baldizón ha buscado crear la narrativa de que la antigua FECI hizo algo indebido al gestionar contactos de los abogados del expresidenciable con la CICIG, sin decir, como ha denunciado el exfiscal Sandoval, que fue el mismo Baldizón, ya entonces hasta el cuello por los casos Odebrecht y Transurbano, quien se acercó a la comisión internacional para dar información sobre estos y otros casos que implicaban a poderosos políticos y empresarios guatemaltecos, como el de Cooptación del Estado o el de Comisiones Paralelas.
En un mensaje grabado en vídeo y transmitido a través de sus redes sociales, Sandoval detalló, con fechas y números de oficio, que la fiscal Consuelo Porras conoció de esos acercamientos y que intentó prohibirlos, pero que al final estos se dieron por la independencia de investigación con que contaba la CICIG. En respuesta, al mejor modo de cualquier netcenter, la cuenta oficial de Twitter del MP arremetió contra Sandoval sin aportar pruebas que lo desmintieran.
El analista Farah resume así el asunto: “Con Baldizón, el sistema judicial de Guatemala se muestra débil y servil ante los intereses políticos y económicos… Y (le permite) conectarse y volver a jugar en la política nacional otra vez”.
Giammattei antes que Baldizón
Baldizón no es el único que ha visto cambiar su suerte en los últimos años. Otro ejemplo de un funcionario acusado de crímenes que terminó favorecido por el sistema judicial guatemalteco y llegó hasta el pináculo del poder político es el del actual presidente, el doctor Alejandro Giammattei Falla.
Poco más de nueve años han pasado desde que el Tribunal Primero de Mayor Riesgo B condenó a cuatro funcionarios del gobierno de Óscar Berger a penas entre 15 y 33 años por 10 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2004 y 2005. El tribunal, además, señaló que hubo una responsabilidad jerárquica en las ejecuciones, atribuibles a otros funcionarios, entre ellos Giammattei, entonces director del Sistema Penitenciario. Con pleno conocimiento de Giammattei y los otros, reclusos de la cárcel de Pavón fueron asesinados, y algunos recibieron tiros de gracia.
Casi una década después, el doctor Giammattei Falla, ya como presidente de la República de Guatemala, es cómplice en otro asesinato, el del sistema judicial del país, al que él y sus operadores políticos y judiciales se disponen a dar otro tiro de gracia.
El último capítulo de este asesinato, el de la justicia, empezó con Jimmy Morales, cuando el expresidente declaró persona nongrata al exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y desencadenó una serie de eventos que se han reseñado ya -la salida de CICIG, la consolidación de un Ministerio Público corrupto bajo el mando de María Consuelo Porras, el exilio de jueces y fiscales que investigaron al poder al que los presidentes de Guatemala sirven- y hoy parecen culminar con la inminente reversión de fallos judiciales que condenaron a personajes como el expresidente Otto Pérez Molina o el excandidato presidencial Manuel Baldizón.
La lógica de los verdugos del sistema de justicia anterior, el que existió en forma efímera entre finales de los 2000 y finales de la década pasada, es perversa y, ahora, previsible. Lo primero fue sacarse del camino a los operadores de justicia que, desde las altas cortes, el MP, la misma comisión o los juzgados inferiores hicieron lo impensable en Guatemala: sentar en el banquillo a los más poderosos del país.
Así se deshicieron de Gloria Porras, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad que falló en contra de la mina rusa que contamina, criminaliza, viola y asesina a los Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz, y cuyos socios se supone sobornaron a Giammattei. De Claudia Escobar, magistrada de la corte de apelaciones y una de las primeras en denunciar la corrupción del sistema. De la jueza Erika Aifán, que conoció varios de los casos más relevantes contra funcionarios corruptos. De Leily Santizo, exmandataria de CICIG que investigó al poder militar que apoyó a Jimmy Morales y defendió a abogadas perseguidas por la tríada Giammattei-FCT-Porras. De Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción sometida a torturas en el sistema carcelario. Y de Sandoval, el fiscal que llegó más cerca del actual presidente, al investigar el supuesto soborno de mineros rusos.
Quienes persiguen a los investigadores de antes juegan ahora con la ventaja que les da ser dueños de todo el sistema de justicia, del MP, de las cortes, de la fuerza pública. Manuel Baldizón lo sabe y acaso por eso nunca paró de sonreír en las carceletas de la Torre de Tribunales, de mirar al tumulto de periodistas con un aire de quien controla la situación.
- Con información de Juan Rosales
