El miércoles 21 de septiembre se realizó la juramentación de los integrantes de la Comisión de Postulación para seleccionar a seis candidatos entre los que el Congreso elegirá al próximo contralor. El proceso debe de culminar con la toma de posesión del próximo contralor el 13 de octubre, sin embargo, se ha retrasado por más de dos meses por lo que es previsible que el sucesor de Edwin Salazar tome posesión hasta en el año electoral.
Por Simón Antonio Ramón
La Comisión de Postulación para seleccionar a candidatos a contralor general de cuentas para el periodo 2022-2026. Se juramentó este miércoles 21 de septiembre en el Congreso con más de un mes de retraso. El retraso se debió a disputas internas en el Colegio de Contadores y Auditores Públicos (CPA).
Varias fuentes han señalado que el retraso en el CPA fue para hacer tiempo a Erick Fernando Mazariegos Salas, que será candidato a contralor como favorito del gobierno y quien cumplió 40 años hasta el 18 de septiembre. De haberse cumplido los plazos legales no habría sido posible su candidatura.
El 13 de agosto, la Comisión de Postulación debió iniciar su trabajo para hacer las convocatorias a aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) para los próximos cuatro años; a esa fecha el CPA llevaba cinco días de haber realizado la convocatoria a las planillas para inscribir candidatos para comisiones de postulación. La elección de nueve comisionados se desarrolló el pasado 7 de septiembre.
Los escaños se distribuyeron entre estructuras de oficialistas, Carlos Mencos y Norma Segura. Se trata de tres estructuras visibles que se distribuyeron las representaciones de los dos colegios profesionales que integran la comisión de postulación. El oficialista que integra el actual contralor general de cuentas, Edwin Salazar, Gran Alianza Profesional (GAP) tiene cinco escaños; el grupo Nosotros vinculado a la excontralora Segura tuvo un escaño en el CCEE y dos en el CPA; el grupo Integridad y Desarrollo, vinculado al excontralor Mencos y al actual subcontralor, César Elías.
Se unen a las correlaciones de fuerzas los decanos de las facultades de ciencias económicas de las diferentes universidades en el país, tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) como única universidad pública, como las demás universidades privadas que imparten la carrera de ciencias económicas.
El Movimiento Projusticia ha señalado que el grupo oficialista GAP cuenta ya con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, Luis Suárez. Falta conocer como se posicionarán los decanos de las universidades de Occidente, del Istmo, San Pablo y Panamericana y qué negociaciones realicen al momento de las votaciones porque en el proceso de elección de fiscal general dieron su voto desde un principio a Consuelo Porras.
Esta es una lista de los protagonistas en esta elección:
- Roberto Moreno Godoy, rector de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) electo por el foro de rector como presidente de la Comisión de Postulación.
- María Antonieta del Cid de Bonilla, representante de la Universidad Rafael Landívar, expresidenta del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria.
- Erick Leony, representante de la Universidad Francisco Marroquín.
- Julio Fuentes, representante de la Universidad Mariano Gálvez
- Abel Estuardo García Gaitán, representante de la Universidad Mesoamericana.
- Ronaldo Antonio Girón Díaz, representante de la Universidad Panamericana, en el 2018 integró la Comisión de Postulación porque ya estaba en el cargo que ostenta ahora.
- Gerson Tobar Piril, represente de la Universidad Da Vinci, en el 2018 fue integrante de la Comisión de Postulación con el cargo que representa hoy a la universidad.
- Milvia Marilena Elías López, representante de la Universidad Regional.
- Arlindo Antonio Velásquez Fuentes, representante de la Universidad de Occidente, Participó en el 2018.
- Ahmed Ricardo Abdalla Álvarez, representante de la Universidad Rural de Guatemala. El 22 de junio José Ángel Lee Duarte presentó un amparo en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil en contra de Abdalla Álvarez junto al diputado Fidel Reyes Lee, rector de esta universidad, en el que se pide que sean excluidos de la comisión de postulación por ambos fueron nombrados ilegalmente como como rector y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Rural.
- Roberto Recio Vázquez, representante de la Universidad de Internaciones (UNIR).
- Luis Antonio Juárez Roldán, representante y excandidato a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), participó en el 2018 como miembro de la Comisión de Postulación porque ya era decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC con vínculos en el grupo Gran Alianza Profesional (GAP) en el CCEE y en el CPA.
- Vilma Elizabeth Gálvez Portillo, representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, y Administradores (CCEE) con vínculos a la excontralora Nora Segura y posible candidata a dirigir nuevamente la CGC para el periodo 2022-2026.
- Jeovany Ulises Navarro Velásquez, representante del CCEE, con vínculos con el excontralor Carlos Mencos; Rolando Secaida, exdecano de la Facultad de CCEE de la USAC y el actual subcontralor César Elías, posible candidato a contralor general de cuentas.
- Milton Rodolfo Fuentes Ramos, representante del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), ha sido integrante del Tribunal de honor de su colegio profesional, es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) fue electo por la planilla oficialista del actual contralor Edwin Salazar, Gran Alianza Profesional (GAP).
- Silvia Cristina Duarte Lucero, representante del CPA, actual directora de Probidad de la CGC, electa con la planilla oficialista Gran Alianza Profesional (GAP).
- José Mariano Mazariegos Ramírez, representante del CPA, subinspector general de Cooperativas, electo con la planilla del actual contralor Edwin Salazar.
- Ariel Nehemías de León López, representante del CPA, electo por la planilla oficialista Gran Alianza Profesional (GAP).
- Ingrid Jeanneth Chavarría Estrada, representante del CPA, fue nombrada subdirectora financiera del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) en agosto de 2020, fue electa comisionada por la planilla oficialista Gran Alianza Profesional (GAP).
- César Moises Sarat Ramírez, representante de CPA, electo por la planilla Nosotros que integra la excontralora, Nora Segura.
- Gerardo Alejandro Santéliz García, representante del CPA, en 2019 participó como candidato para dirigir el Registro Nacional para las Personas (RENAP), electo por la planilla que integra la excontralora, Nora Segura.
- Ramiro Bardales Gómez, representante del CPA, en el 2014 participó como comisionado del CCEE en el proceso que eligió Carlos Mencos. Fue electo por la planilla Integridad y Desarrollo que dirige Carlos Mencos.
- Byron René González Álvarez, representante del CPA, fue electo por la planilla Avancemos que integra el actual presidente de la junta directiva del CPA, Marco Tulio Bautista que hizo alianza con varias organizaciones gremiales, Fortaleza Profesional, SOS Económicas, El Frente y Alicanto.
La cooptación del Estado en curso
El proceso de elección del próximo contralor general de cuentas se da un contexto que se ha conocido como la regresión autoritaria en el que se está cerrando espacios de participación y persecución contra quienes desafían el actual régimen de gobierno.
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, plantea que estamos ante un fraude de ley porque se retrasó el proceso por intereses particulares y la intención de poner a Mazariegos en la CGC es limitar la participación de personas que no son afines al actual régimen tanto a nivel de diputados y alcaldes, que es la estrategia del partido oficial. “Lo que se ha orquestado para la cooptación del Estado por parte del pacto de corruptos 2.0 que así lo llamo, es precisamente poner a una persona totalmente afín al Ejecutivo para manipular el tema de finiquitos”, dijo el analista.
La manipulación de los finiquitos para las próximas elecciones que plantea Marvin Flores también puede tener efectos negativos en el sistema político del país. “Es un fraude de ley que no necesariamente se puede consumir en las urnas, en las mesas de votación a través del voto popular directo, sino que candidatos no afines del oficialismo puedan competir”, afirmó.
El analista Alejandro Flores, de la Universidad Rafael Landívar, indica que en el algún momento como en el 2015 con el apoyo de la comunidad internacional y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) varias instituciones comenzaron a funcionar lejos de lógica y formas tradicionales, que vulneró interés de actores vinculados en la configuración cooptada del Estado y hallaron formas de detenerlo por un proceso conocido como Lawfare, que se traduce como la guerra judicial. “Lo que apuntaba era recuperar todas esas estructuras institucionales por parte de los poderes fácticos que conforman el amancebamiento entre sector privado, Estado, mafias, compañías multinacionales, narcotráfico que son todos los actores que conforman la configuración cooptada del Estado, afirmó.
El analista indica que el proceso que se le llama “la configuración cooptada del Estado” es porque el Estado opera en la lógica de estos grupos. Por lo que afirma que la actual situación del país atraviesa en el momento de recuperaciones de instituciones que se distanciaron de estos grupos en algún momento. “Los grupos de poder llamaron que las fisuras con Cicig no se puede permitir por lo que hay que recuperar las instituciones donde se vulnera la configuración cooptada del Estado”, afirmó el analista.
La discusión sobre la cooptación del Estado se da a partir casos de corrupción que involucraron a empresarios, funcionarios, militares activos y en retiro a partir del caso La Línea que lleva a la renuncia de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina como vicepresidenta y presidente del país; se avivó la discusión con el gobierno de Jimmy Morales y en el actual gobierno, al detener la elección de magistrados de Organismo Judicial, colocar aliados en la Corte de Constitucionalidad (CC), continuar la fiscal general, provocar un fraude electoral en la USAC y ahora retardar el proceso de elección de contralor general de cuentas.