Que es obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado, lo cual requiere en determinadas circunstancias, la restricción de garantías que la Constitución establece. Ley de orden público.
Por Juan Rosales
La Policía Nacional Civil (PNC) cuenta con un protocolo para la actuación policial que fue aprobado en noviembre de 2020, en él se establece la forma en que se debe desplegar la fuerza policial y cómo responder ante una manifestación.
Los pasos a seguir son claros cuando es una manifestación pacífica, pero se vuelven difusos cuando el protocolo explica del uso de la fuerza policial si una manifestación se torna violenta, pues en ninguna parte del documento especifica cómo detonar las bombas lacrimógenas, cuándo y cómo debe ser disparada, desde un lanzagranadas o una escopeta con bocacha y no menciona la forma en que debe de ser disparada para no causar daños a los manifestantes.
En este punto el protocolo no esclarece la manera en que la fuerza policial desplegará la fuerza y el nivel de fuerza a utilizar para restaurar el “orden público”. Solo dice que no se acataran órdenes manifiestamente ilegales, dejando abierto un amplio espectro de lo que el mando y los agentes consideren ilegal.
Tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio de la Defensa han realizado, en los últimos dos años, compras grandes de equipo antidisturbios para la Policía Nacional Civil y las dos brigadas de la Policía Militar. En 202 Gobernación realizó una compra de equipo de más de 2 millones 170 mil dólares, en el 2021 hizo otra compra por 2 millones 928 mil dólares para compra de equipo antidisturbios, mientras que ese mismo año el Ejército destinó 1.6 millones de quetzales para la adquisición de equipo.
Las razones para esta forma de abordar la manifestación pacífica están enraizadas en el miedo a perder el control de la población, después de los hechos en los que un grupo de manifestantes encerró a los diputados en el Congreso, en septiembre de 2017, la quema del Legislativo del 21 de noviembre del 2021 y la de octubre de 2021, por parte de veteranos militares. El gobierno de Giammattei aborda de manera diferente la protesta social y se ha visto cada vez más, la implementación de las fuerzas policiales de manera más agresiva.
En las últimas manifestaciones se ha implementado un despliegue policial que en años anteriores no se miraba en las manifestaciones, se puede entender como una demostración de fuerza ante la población, edificios del gobierno rodeados de policías y en ocasiones con varias calles alrededor completamente cerradas; el Ministerio Publico, el Congreso de la Republica y el Palacio Nacional de la Cultura, son de los edificios que se han visto rodeados de policía cuando hay una manifestación pacífica.
Varios problemas saltan a la vista: la promesa de la impunidad para los policías que se extralimiten en sus funciones, la militarización de la policía, el deficiente protocolo de la PNC y la vaga explicación de cómo deben actuar los agentes en una manifestación. La cooptación del sistema de justicia y de todas las instituciones que pudieran crear un balance para mantener en línea la violencia que el Estado despliega, ha sido un juego de estrategia y paciencia por parte de las fuerzas represivas del Estado de Guatemala.
