Por Paolina Albani
La Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público (MP) decidió archivar dos denuncias que formaban parte de un caso de agresiones en contra de periodistas que fueron amenazados de muerte y heridos por veteranos militares y expatrulleros, el pasado 19 de octubre, cuando cubrían una manifestación en las afueras del Congreso de la República.
La fiscalía alega que no ha podido individualizar a los responsables de los hechos que interfirieron con la documentación de la protesta (que retuvo a diputados y trabajadores del Legislativo y terminó en el incendio de cinco vehículos), pero los reporteros han dicho otra cosa. El MP, en nueve meses, no les citó para identificar a los agresores en las pruebas que brindaron para sustentar el caso.
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La tarde del 19 de octubre de 2021, Simón Antonio, periodista Maya Q’anjob’al de Prensa Comunitaria, de 31 años, iba bajando de la sexta avenida de la zona 1 cuando notó que salían fumaradas de humo del parqueo del Congreso que se encuentra sobre la 8 avenida entre 9 y 10 calle. Sacó su celular y empezó a transmitir lo que ocurría.
Empezó acercarse al Congreso por la 10 calle, a la altura de la Casa Larrazábal, cuando alguien dijo: “agárrenlo a él, deje de estar haciendo video”.
“Se me dejaron venir 15 personas”, estimó el periodista. En cuestión de segundos, quedó rodeado por veteranos y expatrulleros. Lo amenazaron de muerte si no borraba lo que había grabado. Por suerte, logró engañarlos y borró otra publicación. “¿Me puedo ir ya?”, les preguntó y el círculo que lo había rodeado, se abrió para dejarlo ir (*).
A unas cuadras, sobre la 9 calle y 10 avenida, encontró a David Sanchinelli quien estaba siendo atendido por los bomberos y tenía una herida en la cabeza que ameritó tres puntos.
"Minutos después me rodearon para quitarme el teléfono, querían que se eliminara la transmisión. Un ex militar portaba un escudo de las fuerzas especiales de la @PNCdeGuatemala. Algunos de sus compañeros le dijeron que le quedara de recuerdo." @simon_antun pic.twitter.com/Jr1aOIMFs6
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 20, 2021
Sanchinelli, es el reportero de cierre de Nuestro Diario. Ese día, cerca de las 3:30 de la tarde, se encaminó al Congreso a cubrir la manifestación y a tomar fotos de las instalaciones del Legislativo que, momentos antes, habían sido tomadas por los veteranos y expatrulleros en lo que aparentaba ser un ataque de rabia, por no haber sido recibidos en la Comisión de Defensa Nacional.
La comisión los había citado para conversar sobre la iniciativa 5664, Ley de compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno, con el fin de detener los bloqueos que mantenían a nivel nacional.
La normativa propone se les indemnice con el pago único de Q120 mil por persona (y serían, aproximadamente, 95 mil personas), por sus servicios durante el conflicto armado interno. Una propuesta que el presidente Alejandro Giammattei hizo durante su campaña electoral, en 2019, y que mostraba, desde ya, los vínculos que mantenía con el ejército.
Ese día, a las 2 de la tarde, el Congreso tendría sesión ordinaria, pero ya no se realizó por la toma, a la fuerza, de las instalaciones por el parqueo de la 8 avenida.
Allí, una docena de trabajadores del Congreso intentó barricar la entrada, pero, el portón cedió. Los empleados corrieron a refugiarse y los manifestantes, con palos, machetes y piedras, tomaron el control del parqueo.
Cuando los antimotines llegaron, a eso de las 4 de la tarde, lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar la toma, pero ya era muy tarde. Los veteranos y expatrulleros no solo ya habían logrado entrar, sino que le prendieron fuego a cinco vehículos pertenecientes a diputados.
Los reporteros, que estaban dentro del edificio, documentaron el ingreso al recinto y permanecieron ocultos en las oficinas administrativas en lo que llegaba la ayuda, como se puede ver en esta transmisión (**).
“Ese día olvidé mi casco”, recordó Sanchinelli. “Me bajé del carro sobre la 9 avenida y caminé hacia la puerta del Congreso. Había personas con machetes que tenían a la policía arrinconada. Inhalé los gases lacrimógenos y me empecé a ahogar. Los bomberos me dieron una mascarilla para poder continuar. Regresé sobre la 8 avenida. La verdad, el ambiente no estaba tan malo como para pensar que se la tomarían en mi contra”.
Casi llegando al portón de la 8 avenida pidió permiso para tomar fotos y los manifestantes le dijeron que sí. Un par de personas se empezaron a alborotar porque tomó las fotos.
“No tomes fotos… se las va a enseñar a la policía”, chilló uno y otro, intentó ponerle el machete sobre el pecho. Sanchinelli, en un instinto de protección, se movió para atrás y el machete alcanzó a cortar la correa de su cámara y esta quedó colgando.
“Si no me hubiera movido, me hieren. Luego, alguien con un palo empezó a pegarle a mi cámara. Iba rebotando. Llorando les pedía que dejaran mi equipo en paz”, relató el periodista.
Otro de los manifestantes le puso una honda en la cara y mientras Sanchinelli volteó para evitar ser golpeado en los ojos, alguien más le pegó un puñetazo en la cara.
Cuando eso ocurrió “pensé esto ya es serio, tengo que salir de aquí”. Una cuarta persona que estaba detrás de él agarró una piedra, la empuñó y le pegó un segundo puñetazo. Esta vez en la cabeza y se la abrió.
Otro grupo de los manifestantes que no estaban de acuerdo con la agresión, lo rodearon para ayudarlo a salir de allí. En lo que lo acercaban a la policía para entregarlo, “otros más me iban pegando con paletas, me pellizcaban la espalda”, relató.
Los paramédicos lo curaron y le pusieron 3 puntos para cerrar la herida de su cabeza. Cuando la policía retomó el control del Congreso, a través de motobombas, Sanchinelli se les pegó para ir a buscar su cámara.
“Según yo, la encontraría todavía en buen estado”, pero nada más alejado de la realidad.
Hasta ahora, no hay información que sugiera que el MP ha individualizado a los responsables de la destrucción de bienes del Congreso. Mientras tanto, los diputados continúan reuniéndose con los veteranos y expatrulleros en donde han insistido en la aprobación de la iniciativa económica.
Nueve meses de espera y un caso archivado
Nueve meses después de los hechos, pasadas las 10 de la mañana del 26 de julio de este año, Simón Antonio recibió en un mensaje de WhatsApp con la foto de un oficio del MP en el que se le informaba que el caso por amenazas e intimidación que denunció en octubre, fue archivado.
“Se me hace sospechoso que en ese parqueo -de la Casa Larrazábal en donde fue amenazado- no hubiese cámaras para individualizar a los responsables. Y no lo valido porque el perímetro del Congreso es muy importante por temas de seguridad nacional, como para no tener las cámaras funcionando”, dijo Antonio.
“Yo recuerdo a tres personas con las caras descubiertas. El MP dice que andaban con pasamontañas y mascarillas, pero esos tres iban descubiertos. En la transmisión se logra ver a una persona con la cara descubierta. Por eso, da una señal de sospecha”.
Agregó que, a su parecer, “la fiscalía no está cumpliendo con su trabajo de averiguar qué ocurrió ese día”. “No pueden quedar en la impunidad las agresiones de esa cobertura. La intención, ese día, era censurar a la prensa. Estos son hechos que se vuelven recurrentes y no podemos quedarnos callados ante esa situación”.
Prensa Comunitaria lleva un monitoreo de la situación de los periodistas a nivel nacional y Antonio resaltó que octubre de 2021, fue uno de los meses en los que se registraron más agresiones, con un total de 31 casos. Dos escenarios sobresalientes de estas agresiones documentadas son las acciones del 19 de octubre y la represión policial del 22 al 24 de octubre en El Estor, Izabal, en contra los periodistas que cubrían la manifestación de los Maya Q’eqchi’ que exigían la anulación de la licencia de explotación de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Por su lado, Sanchinelli dijo que recibió el mismo mensaje de WhatsApp hace un par de días. Hasta ese mensaje, la fiscalía no se había comunicado con él para informarle de cómo iba el proceso.
“Aquí me di cuenta de que uno, como periodista, está desprotegido. Durante la cobertura arruinaron mi cámara. Me preocupé por mi equipo. Pensé en cómo le voy a dar de comer a mi familia”, expresó Sanchinelli, quien mencionó que ha sabido de otros casos de agresiones contra periodistas, a nivel nacional, que “están siendo archivados” sin justificación aparente.
El periodista acudió al MP a denunciar a las 7 de la noche del mismo 21 de octubre y salió de allí después de la medianoche. Tanto el MP como la Policía le pidieron fotos de los hechos como prueba, pero no le citaron para indagar sobre quiénes fueron los agresores. “Eso habría servido”, aseguró.
“No sentí que el MP haya puesto de su parte”, añadió. “No sabía si valía la pena denunciar, pero el Inacif tomó fotografías de los golpes. Pensé que eso esclarecería este asunto”, expresó con pesar.
Tanía García, la fiscal auxiliar que firmó la notificación que Antonio recibió el 26 de julio pasado, no quiso dar demasiada información del caso. Se limitó a confirmar que este fue archivado, que las evidencias dadas por los reporteros fueron enviadas a la unidad de análisis y que si los periodistas estaban inconformes podrían oponerse a la decisión enviando un memorial a gestión penal de la Corte Suprema de Justicia, en los próximos 10 días a la notificación.
De momento, se desconoce cuántos periodistas presentaron una denuncia por los hechos ocurridos en esa cobertura, pero se sabe que al menos fueron siete los agredidos.
